La IA jurídica: de herramienta a infraestructura

Por Alex Dantart

Una herramienta se elige y se cambia. Una infraestructura se hereda. Conviene saber en cuál de las dos nos estamos metiendo.

El 12 de mayo Anthropic lanzó Claude for Legal. Doce plugins por área de práctica, más de veinte conectores hacia el software que los despachos ya usan, y una integración con Microsoft 365 que mete al asistente dentro de Word, Outlook, Excel y PowerPoint como un único agente que recuerda en qué estás trabajando mientras saltas de una aplicación a otra.

Se ha escrito mucho estos días sobre las funcionalidades. Me interesa menos eso. Me interesa lo que casi nadie está diciendo en voz alta: lo que ese lanzamiento cambia no es cómo trabaja un abogado. Es dónde se apoya.

La pirámide se ha puesto del revés

Durante tres años el mapa mental fue bastante cómodo. Abajo, los modelos de lenguaje. Encima, las empresas de legaltech —Harvey, Legora, y aquí cada uno que ponga las que tenga en la cabeza— que cogían esos modelos y los empaquetaban en producto para el abogado. El abogado compraba el producto y no tenía por qué pensar demasiado en qué modelo había debajo, igual que enciendes la luz sin pensar en la central eléctrica.

Esa pirámide se acaba de poner del revés. Ahora el primer sitio al que va el abogado puede ser directamente el modelo, dentro del Word donde ya vive, y son las empresas de legaltech las que se enchufan a él para añadir sus flujos y sus datos. El sustrato ha subido a la superficie. Lo que era infraestructura invisible es ahora la interfaz.

Es una consecuencia lógica de que la tecnología ha mejorado lo suficiente, pero conviene nombrarlo, porque cambia quién se queda con la relación con el cliente. Y quien se queda con la relación, se queda con todo lo demás.

Tu proveedor es también tu competidor

Aquí viene la parte incómoda, y es la que de verdad merece pensarse despacio.

Thomson Reuters —dueño de Westlaw— es a la vez uno de los proveedores de datos a los que Claude se conecta y un vendedor de productos de IA que compiten con Claude. Es decir: en la misma operación, la misma empresa te suministra la infraestructura y te disputa el producto que se monta sobre ella. En cualquier otro sector eso tiene un nombre, y enciende todas las luces de un departamento de compras serio. En legaltech lo estamos llamando «ecosistema» y aplaudiéndolo en LinkedIn.

No es una crítica a nadie en particular. Es física del mercado. Cuando quien construye la infraestructura vende además los servicios que se montan sobre ella, quien solo vendía servicios tiene un problema; y quien los compra tiene otro distinto: deja de saber del todo a quién le paga y por qué.

Depender de una infraestructura, en sí mismo, no es malo. Todos dependemos de AWS, de Microsoft, de cuatro cables submarinos y de un puñado de empresas que podríamos contar con los dedos. La dependencia no es el problema. El problema es la dependencia por inercia: la que nadie decidió, la que se instaló mientras mirábamos la demo.

Hasta aquí el diagnóstico. Ahora la lección.

Si el artículo acabara aquí sería otra crónica de producto, y de esas ya hay de sobra esta semana. Lo que creo que merece esta tribuna en concreto es la pregunta siguiente: si esto va a ser infraestructura, ¿qué hay que comprobar antes de construir encima?

Dos cosas. Una jurídica y una de Estado.

La primera es el secreto profesional. En febrero, un tribunal federal de Nueva York resolvió en el caso Heppner que las conversaciones de un investigado con Claude no estaban cubiertas ni por el secreto profesional ni por la protección del trabajo del abogado. Es Derecho estadounidense y no se traslada sin más a nuestro ordenamiento. Pero la pregunta de fondo sí es universal, y es esta: cuando el asistente vive dentro del documento que estás redactando, la frontera entre «mi reflexión jurídica» y «una consulta a un tercero» se difumina hasta desaparecer. ¿Qué se envía? ¿Dónde se procesa? ¿Se usa para entrenar? ¿Lo ampara el secreto profesional que el ordenamiento impone al abogado, el deber de confidencialidad, el RGPD?

El problema, cuando llegue, no será la IA. Será haberla desplegado antes de tener esas respuestas por escrito. La mayoría de los despachos van a instalar esto en semanas. El memorando de gobernanza que contesta a las cuatro preguntas de arriba se redacta en una tarde. Casi nadie lo va a redactar. Ahí está la grieta, y no en la tecnología.

La segunda es más grande, y por eso la dejo para esta tribuna y no para una publicación cualquiera. Anthropic está valorada en más de 900.000 millones de dólares. Aproximadamente lo que vale el mercado legal mundial entero. Una sola empresa estadounidense vale, más o menos, lo mismo que toda la actividad jurídica del planeta junta.

Que un laboratorio estadounidense se convierta en el sustrato del trabajo jurídico europeo —y español— no es un dato neutro. Para un despacho privado es una decisión comercial, y allá cada cual. Para la función pública del Derecho es otra cosa distinta: es infraestructura. Y la infraestructura del Estado debería ser una decisión deliberada, con alternativas encima de la mesa, con cláusulas de salida, y con alguien que se haya hecho en serio la pregunta de «qué hacemos el día que esto cambie sus términos, su precio o de opinión».

No es tecnopesimismo. La tecnología es genuinamente buena: la uso y construyo con ella. Es que «buena» y «tuya» son preguntas diferentes, y confundirlas es exactamente la manera en que se construyen las dependencias que después nadie sabe deshacer.

Adoptar, sí; heredar, no

No es una llamada a la abstención. Eso sería tan ingenuo como el entusiasmo acrítico, y además llega tarde: la infraestructura ya se está instalando. Es una llamada a elegirla en vez de heredarla.

Antes de desplegar, poner por escrito qué datos salen, a dónde van y bajo qué régimen. Un memorando de gobernanza no necesita un comité de seis meses; necesita una tarde y alguien que ponga su nombre debajo.

Antes de depender, tener mapeada la alternativa. No para usarla mañana, sino para saber que existe. La capacidad real de cambiar de proveedor en treinta días es la única prueba de que no estás capturado. Si la respuesta a «¿podríamos salir?» es «no sabría ni por dónde empezar», la decisión ya está tomada y no la tomaste tú.

Y antes de todo, recordar quién responde. La sentencia la firma el abogado. El escrito lo presenta el procurador. El dictamen lo asume quien lo asume. El modelo no comparece, no jura, no responde ante un colegio ni ante un tribunal. Puede redactarte media página; no puede sostener ni una línea.

La IA jurídica se está convirtiendo en el suelo sobre el que vamos a trabajar todos. Bien. Pero el suelo de una casa lo eliges tú, sabiendo qué hay debajo. El día que te lo encuentras puesto y no recuerdas haberlo decidido, ya no es tu casa: es la de quien lo puso.