Blog de Derecho de los Consumidores
26 agosto 2026
Por Juan Pablo Busto y Ester Becerril, de Ézaro legal
El verano debería ser sinónimo de descanso y desconexión, pero para muchos consumidores se convierte en una auténtica carrera de obstáculos. Cada año, con la llegada de la temporada alta, resurgen las mismas polémicas y abusos que indignan a los viajeros y saturan las asociaciones de consumidores y despachos de abogados. Lejos de ser casos aislados, se trata de prácticas recurrentes que afectan a miles de personas.
Una de las quejas más recurrentes en los últimos veranos es la sensación generalizada de que las vacaciones se han convertido en un artículo de lujo. Sin embargo, más allá de la inflación, lo que realmente genera polémica son los denominados «cargos ocultos» o resort fees.
Cada vez es más común que los hoteles, especialmente en zonas turísticas de alta demanda, publiciten un precio atractivo por noche para, una vez en el destino, exigir al cliente el pago de una tasa adicional obligatoria. Esta tasa, conocida como resort fee o tarifa de complejo, supuestamente cubre el uso de instalaciones como el wifi, la piscina o el gimnasio, independientemente de si el cliente hace uso de ellas o no. Las asociaciones de consumidores denuncian que esta práctica vulnera el derecho a una información clara y transparente sobre el precio final del servicio, constituyendo una práctica comercial desleal.
Otra polémica habitual de la temporada estival son los precios desorbitados en chiringuitos, terrazas y restaurantes de zonas costeras. Cobrar por el hielo del café, exigir un suplemento por sentarse en la terraza en lugar de en la barra o cobrar el pan sin haberlo solicitado son prácticas abusivas que, aunque ilegales si no están debidamente informadas en la carta, se repiten año tras año aprovechando la relajación de los turistas.
El transporte aéreo es, sin duda, el sector que más dolores de cabeza provoca a los consumidores durante las vacaciones. A los problemas logísticos derivados de la saturación de los aeropuertos y las huelgas de personal, se suman prácticas empresariales muy cuestionadas.
Recientemente, aerolíneas como Volotea han protagonizado fuertes polémicas al intentar cobrar a los pasajeros un recargo adicional por el incremento del precio del combustible después de que estos hubieran comprado y pagado su billete. La normativa europea prohíbe tajantemente la modificación unilateral del precio de un servicio ya contratado. Convertir los costes operativos en una carga directa para el consumidor a posteriori es una vulneración flagrante de sus derechos.
A pesar de que el Reglamento (CE) 261/2004 establece compensaciones económicas de entre 250 y 600 euros por retrasos superiores a tres horas o cancelaciones, las aerolíneas a menudo se escudan en supuestas «circunstancias extraordinarias» para eludir el pago. Obligar al consumidor a iniciar un largo y tedioso proceso burocrático, a menudo mediante sistemas automatizados y sin atención humana, es una táctica disuasoria que busca que el viajero desista de su reclamación.
Con el auge de las plataformas de alquiler turístico, las estafas han encontrado un terreno abonado para proliferar. El fraude del «apartamento fantasma» es un clásico de cada verano que deja a familias enteras en la calle y sin su dinero.
Los delincuentes publican anuncios de alojamientos idílicos a precios muy competitivos en plataformas conocidas o en páginas web clonadas. Una vez captado el interés del usuario, le solicitan que realice el pago fuera de la plataforma (mediante transferencia bancaria o bizum) bajo el pretexto de ahorrar comisiones. Al llegar al destino, el turista descubre que la vivienda no existe o que sus verdaderos propietarios no saben nada del alquiler.
Aunque las plataformas advierten constantemente sobre el riesgo de realizar pagos externos, muchos consumidores consideran que estas empresas deberían asumir una mayor responsabilidad en la verificación de los anfitriones y la autenticidad de los anuncios que alojan, exigiendo controles de identidad más estrictos para evitar este tipo de delitos.
Contratar un seguro de viaje parece la opción más sensata para disfrutar de unas vacaciones tranquilas. Sin embargo, a la hora de la verdad, muchos consumidores descubren que la póliza que han pagado no sirve para casi nada.
La polémica surge cuando, ante una cancelación por motivos de salud o una urgencia médica en el extranjero, la aseguradora se niega a cubrir los gastos alegando enfermedades «preexistentes» que el viajero desconocía o esgrimiendo cláusulas ambiguas redactadas en la letra pequeña del contrato. La falta de transparencia en la comercialización de estos seguros y las trabas para conseguir los reembolsos prometidos generan una enorme frustración y un importante perjuicio económico.
Frente a esta avalancha de abusos, el consumidor no debe resignarse. El primer paso es dejar constancia del problema in situ mediante las hojas de reclamaciones oficiales y conservar todas las pruebas posibles (facturas, correos electrónicos, capturas de pantalla, fotografías).
Si la empresa no ofrece una solución satisfactoria, el siguiente paso es acudir a las autoridades de consumo (OMIC, direcciones generales de las comunidades autónomas) o a organismos sectoriales como la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
Sin embargo, dado que muchas de estas polémicas implican enfrentarse a grandes corporaciones con potentes departamentos legales, contar con el asesoramiento de un abogado experto en derecho del consumidor es fundamental.
Un profesional no solo agilizará los trámites y evitará que las empresas utilicen tácticas dilatorias, sino que garantizará que se exija la indemnización justa por los daños y perjuicios sufridos.
Sí, es legal cobrar un suplemento por consumir en la terraza en lugar de en el interior, pero solo si se informa de ello previamente y de forma clara. Debe constar en la carta y en la lista de precios visible al público. Si no está indicado, no estás obligado a pagarlo.
Debes acudir inmediatamente a la Policía Nacional o a la Guardia Civil para interponer una denuncia por estafa, aportando todas las pruebas (comunicaciones, justificantes de pago, capturas del anuncio). Además, debes notificarlo a la plataforma donde viste el anuncio y contactar con tu banco para intentar bloquear o retroceder la transferencia.
No. La normativa de consumo establece el derecho del usuario a recibir atención personalizada y humana. Las empresas no pueden imponer exclusivamente sistemas automatizados o contestadores como única vía para presentar quejas o resolver incidencias.