12 julio 2019

Orgullo de una abogacía generosa y comprometida

Tenemos uno de los mejores y más completos sistemas de asistencia jurídica gratuita de Europa y del mundo. Un servicio público prestado las 24 horas de los 365 días del año en todos los órdenes jurisdiccionales y en cualquier lugar de España. Que se suministra con una altísima calidad por profesionales no solo comprometidos, vocacionales y generosos, sino excelentemente formados para ello. Y resulta imposible decir lo contrario cuando el 85% de los usuarios de dicho servicio lo valoran positivamente, un grado de satisfacción como posiblemente no tenga ningún otro servicio público.

Sin embargo, lo que resulta verdaderamente sorprendente es que hayamos asegurado todo esto sorteando una larga, difícil e incomprensible carrera de obstáculos a todas luces incompatible con un Estado de Derecho y en una democracia donde el acceso a la justicia, especialmente para quienes menos recursos tienen, tiene que estar plenamente garantizado.

Como por desgracia hay debilidades en esas garantías, desde la Abogacía Institucional -los Colegios que prestan ese servicio y los Consejos que defienden su suministro- llevamos años de lucha y de reivindicaciones que siempre hemos entendido justas, porque sencillamente lo son. Lo hicimos cuando logramos que su prestación siguiese sin estar sujeta a IVA. Lo hicimos cuando arrancamos el compromiso del Ministerio de Justicia de agilizar los pagos en su territorio mediante el abono mensual de las liquidaciones por actuaciones del Turno de Oficio, lo cual, dicho sea de paso, no siempre se cumple. Y lo hicimos también cuando conseguimos que los Presupuestos Generales del Estado, después de 15 años, recogiesen una mejora en las indemnizaciones del territorio común, lo que no quiere decir que sea un aumento suficiente, pues de ninguna manera lo es. Retrasos en los pagos y recursos escasos que son, con puntualísimas excepciones, la tónica general en los cuatro puntos cardinales de nuestro país. Desolador.

Mientras tanto, la justicia sigue dándonos la razón a quienes, como los Colegios y Consejos de la Abogacía, entendemos la Justicia Gratuita como un servicio público que se presta desde la vocación, la cercanía y fuera de la leyes del mercado. No nos hace anticompetitivos mercantilizar lo imposible, sino librar extrañas e inconcebibles batallas judiciales contra los servicios públicos que funcionan y contra las instituciones que los prestan con arreglo a Derecho.

Por todo eso, la defensa de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio está y estará siempre en nuestra agenda de prioridades. Por eso ocupa un lugar preferente en el Plan Estratégico Abogacía 2020 que aprobamos a comienzos de 2017. Por eso exigimos una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que sustituya a la actual, en vigor tal día como hoy hace 23 años y exhausta ya pese a los buenos servicios prestados. Por eso reclamamos pagos puntuales e indemnizaciones dignas y acordes al trabajo profesional y a la responsabilidad que implica un servicio de esta naturaleza. Y por eso, entre otras muchas razones más, demandamos que se preste e indemnice por igual en toda España, porque no tiene ningún sentido que, por el mismo servicio, un abogado o abogada de la misma cualificación y experiencia perciba cantidades distintas según la comunidad autónoma en la que trabaje.

“Siempre mañana y nunca mañanamos”, decía Lope de Vega en un verso adoptado luego por Luis Rosales. Es obvio que ni Lope ni Rosales pensaban en la Justicia Gratuita y en el Turno de Oficio, pero si ahora mismo hay un asunto que no admite más “mañaneos” y que debería ser atendido cuanto antes, ese es, sin duda, todo cuanto atañe a un servicio esencial en un Estado social y democrático de Derecho. Porque no hay mayor desigualdad que la desigualdad ante la justicia. Porque si no hay justicia para los más vulnerables no hay paz social ni tutela judicial efectiva. Porque a ello nos convocan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas con los que estamos alineados y comprometidos. Porque no hay gasto más social que el gasto en justicia. Y porque tenemos el inmenso privilegio de contar con más de 46.000 abogados y abogadas que, día a día, nos están dando una auténtica lección de generosidad y entrega, desempeñando una labor indispensable sin la cual no se entendería ni la democracia, ni el Estado de Derecho, ni la libertad, ni la justicia.

Como abogada, como profesional del derecho, como docente, como representante de la Abogacía Institucional y como ciudadana, así lo pienso, así lo siento y así quiero expresarlo hoy, Día de la Justicia Gratuita y Turno de Oficio, con todo el orgullo y con mi más sincero agradecimiento. Seguiremos luchando con todas nuestras fuerzas y energías por lo que es justo. Siempre.

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