Justicia Gratuita, un retroceso incomprensible

La Justicia Gratuita acaba de superar en el año 2022, por primera vez en su historia, los dos millones de asuntos tramitados. Lo revela el XVII Observatorio de la Justicia Gratuita que hemos dado a conocer este mismo mes de julio. Aunque ya en años precedentes al Covid e incluso en 2021 se estuvo cerca de esa barrera psicológica, ha sido el año pasado cuando finalmente se ha superado, consolidando la tendencia creciente en la demanda de este servicio que cada día es más conocido por la población.

No obstante, ese hito viene a coincidir en el tiempo con una profunda crisis de la situación de la Justicia Gratuita. Nunca antes habían sido tantas y tan fundadas las reclamaciones de los más de 42.000 compañeros y compañeras que con el paso de los años han vivido en primera persona el deterioro de sus condiciones. Para que se hagan una idea quienes no estén familiarizados con la evolución de este servicio de Justicia aportaré una sencilla comparación: en 2006, los Colegios de la Abogacía tramitaron 772.511 asuntos de esta naturaleza, frente a los 2.000.002 del año pasado. La inversión pública en Justicia Gratuita en ese 2006 fue de 161 millones de euros; la del año pasado fue de 296 millones. En estos 16 años, la inversión para la defensa legal de quienes no tienen recursos ha crecido un 83%, mientras que el volumen de asuntos ha aumento en un 158%. Y eso que no contempla aquellos asuntos que se prestan, como la defensa de las personas jurídicas por designación judicial, pero no se cobran.

La exposición de los datos no puede ser más elocuente ni dejar en peor lugar a todos cuantos han distribuido los recursos públicos de la Justicia en todo ese periodo. No puede ser más clarificador sobre el enorme déficit de inversión que acumula un servicio que, ofreciéndose como esencial, se asienta sobre la buena fe y la conciencia de un grupo de profesionales.

Ante esa deriva peligrosa que arroja toda la responsabilidad sobre los letrados que de forma generosa dedican muchas horas de su tiempo al Turno de oficio, quienes representamos a la Abogacía llevamos años reclamando la necesidad de una reforma en profundidad. La defensa legal es un derecho constitucional que no puede residir únicamente en el altruismo de los profesionales, sino que debe ser garantizada por el Estado más allá de mandatar legalmente a quienes deben realizarla. No ha habido convocatoria pública donde se hiciera alusión a la Justicia Gratuita en la que no hayamos reclamado la aprobación de una nueva ley. En 2021, lo debatimos con los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. El reciente XII Congreso de la Abogacía concluyó con una concentración en defensa del Turno de oficio y las muestras de hartazgo se han multiplicado en los últimos meses.

Precisamente, tras el congreso estábamos trabajando en soluciones urgentes a los problemas más acuciantes cuando la convocatoria electoral para el 23 de julio nos ha atropellado. La política impone un nuevo paréntesis a la negociación de las soluciones mientras los problemas del día a día persisten. Por eso, porque la realidad cotidiana de los abogados sigue siendo la misma, todos tenemos que seguir trabajando en lo que está en nuestras manos.

La elaboración de este observatorio, en el que participan los 83 Colegios de la Abogacía, y su difusión lo más amplia posible forma parte del trabajo que nos corresponde a las instituciones colegiales. Continuar nuestras demandas ante los políticos de uno y otro sino continúa siendo una constante que, si cabe, se acentúa en el periodo electoral.

Nuestras intervenciones, las más de las veces en foros privados, pero también en numerosas ocasiones en foros públicos, seguirán llevando todas esas demandas allí donde deben aportarse las soluciones. Hasta que se reconozca el valor de la Justicia Gratuita y se compense a quienes la prestan de forma acorde a la calidad del servicio que prestan.