03 septiembre 2018
Las 10 noticias jurídicas imprescindibles para volver bien informado de las vacaciones
Apenas quedan unos días para que finalice el verano, uno de los periodos de descanso más extensos para una gran parte de la población. Para todos aquellos que han desconectado y no han podido conocer las últimas novedades informativas y normativas en el sector legal, les hacemos un repaso de las noticias más destacadas que han ocurrido en el mundo de la Justicia durante las vacaciones.
La ministra de justicia, Dolores Delgado, expuso el 11 de julio en la Comisión de Justicia del Congreso, el conjunto de medidas que impulsará desde su departamento en lo que resta de legislatura. Entre ellas se encuentra uno de los principales ejes de estas normas en relación con los miembros jurídicos. Delgado anunció que en materia de justicia gratuita subirá un 30,8% en los Presupuestos Generales del Estado además de adaptar el actual Reglamento a la modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita realizada en 2015.
La ministra indicó que con estas iniciativas pretende “articular una justicia que satisfaga las demandas de los ciudadanos en la medida que conforman los intereses generales”.
El Ministerio considera indispensable retomar el diálogo entre el Gobierno y las asociaciones de jueces, fiscales y letrados de la administración de Justicia, así como con las organizaciones sindicales y todos los colectivos afectados. Cree necesario superar la actual situación de bloqueo y el sentimiento de desconfianza que se ha generado entre los profesionales de la Administración de Justicia y el Ejecutivo.
El Consejo de Ministros aprobó el 27 de julio un Real Decreto-ley con medidas urgentes para adaptar el Derecho español al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), norma de la Unión Europea aplicable desde el 25 de mayo que impuso importantes modificaciones en la legislación interna.
El Real Decreto-ley regula aspectos relacionados con la inspección, el régimen sancionador y el procedimiento de instrucción que son relevantes para la garantía efectiva del derecho a la protección de datos personales porque aportan la seguridad jurídica necesaria sin cuya existencia el modelo europeo de supervisión queda debilitado y, con él, las opciones de los ciudadanos de hacer valer su privacidad.
El Real Decreto-ley fija cuál es el personal competente para realizar las labores de investigación previstas en el RGPD y regula el modo en que podrán desarrollar su actividad de inspección. Asimismo, determina el régimen aplicable al personal de las autoridades de supervisión de otros Estados miembros de la Unión Europea que participen en actuaciones conjuntas de investigación.
Un total de 29 Colegios de Abogados se han adherido al convenio firmado con el Ministerio de Justicia para ofrecer el servicio de trámite electrónico del Expediente de Nacionalidad por residencia, de los cuales 12 ya han habilitado los recursos necesarios para poder ofrecerlo a sus colegiados. Concretamente, los Colegios de Madrid, Las Palmas y Cantabría han participado en la fase piloto con un grupo reducido de 
abogados para verificar el funcionamiento del servicio. Esta fase piloto tuvo lugar durante el primer trimestre.
Durante la fase piloto se tramitaron más de dos centenares de expedientes. Este documento, una vez completado por parte del abogado, pasa a la fase del cotejo por parte del Colegio. Esta participación del Colegio en la gestión y cotejo del expediente ha permitido a la Administración agilizar sus propios plazos de tramitación.
Esta aplicación, desarrollada por RedAbogacía, permite la tramitación de las solicitudes de nacionalidad por residencia por vía electrónica y la remisión de los expedientes a la Dirección General de los Registros y del Notariado, a través de la infraestructura tecnológica del Ministerio de Justicia gracias al convenio firmado entre el Consejo General de la Abogacía y dicho ministerio en julio de 2017.
Varios abogados expertos en Extrajería señalaron que la devolución del 24 de agosto de los 116 migrantes subsaharianos puede suponer una vulneración del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) y otras normativas europeas porque es probable que no se haya garantizado “su derecho a ser escuchados” durante el proceso individual de asistencia e identificación al llegar a España.
Desde el Gobierno han justificado las devoluciones de los 116 migrantes –que se desarrollaron apenas 24 horas más tarde de su salto a la valla de Ceuta- por la “violencia” que utilizaron los migrantes contra los agentes de la Guardia Civil durante el salto. “Humanidad no es permisividad”, ha dicho el ministro de interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha incidido en su legalidad porque se llevaron a cabo en virtud del Acuerdo de Readmisión firmado en 1992 entre España y Marruecos.
Si bien los expertos consultados coinciden en señalar que la aplicación de este acuerdo bilateral es “perfectamente legal”, también destacan el “poco tiempo” que duró el procedimiento de identificación y la asistencia letrada de los migrantes, lo que a su juicio pone entredicho su “calidad”. De hecho, subrayan que los propios letrados que asistieron a los migrantes son los que van a recurrir las devoluciones por la celeridad del proceso.
5.- EL TRIBUNAL SUPREMO CONDENA A ESPAÑA POR INCUMPLIR LAS SOLICITUDES DE ASILO DE REFUGIADOS
El pasado 11 de julio la Sala de lo Contencioso-Administrativo condenó al Estado español por incumplir parcialmente sus obligaciones administrativas de tramitación de solicitudes de asilo derefugiados procedentes de Grecia y de Italia. Las medidas fueron establecidas en las Decisiones del Consejo Europeo, por las que se le asignó a España un cupo de 19.449 personas durante dos años, desde el 25 de septiembre de 2015 hasta el 26 de septiembre de 2017, de las que solo ofertó un 12,85%.
El tribunal considera que las Decisiones comunitarias incumplidas, que establecían medidas provisionales para acoger a los solicitantes de asilo procedentes de Italia y Grecia, eran de carácter vinculante y obligatorio, por lo que el incumplimiento de las mismas implica “la condena al Estado español a continuar la tramitación en los términos previstos en las Decisiones y de conformidad con los acuerdos que en lo sucesivo adopten las instituciones comunitarias”.
La Sala estima de forma parcial el recurso contencioso-administrativo planteado por la Associació de Suport a Stop Mare Mortum contra la desestimación, por silencio administrativo, de la solicitud formulada el 21 de abril de 2017 ante el Gobierno de España. Los recurrentes solicitaban en su demanda que se declarase que España había incumplido las obligaciones periódicas (ofertar plazas de reubicados, aprobar las listas enviadas y acoger a los reubicados), así como las obligaciones finales establecidas en las Decisiones, y que se ordenase al Gobierno que cumpliese inmediatamente y con carácter urgente las citadas obligaciones.
El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que modifica la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil.
Estas modificaciones devuelven a los Ayuntamientos las competencias en esta materia. También fortalecen la tutela judicial, el acceso a la justicia y a los recursos de asistencia a las víctimas de violencia de género. Igualmente, se recoge que la confirmación de las situaciones de violencia de género se amplié más allá de la sentencia o resolución judicial. Con esta iniciativa se da cumplimiento al Convenio de Estambul en lo que se refiere a prevención y diligencia debida ante casos de violencia de género.
Tras la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el pasado día 31 de julio, una de las medidas más urgentes para el cumplimiento del Pacto de Estado es la devolución de competencias en la materia a la Administración local, por ser la más cercana a las víctimas. La promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género entrarán a formar parte del catálogo de competencias propias gracias a la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Asimismo, los fondos destinados a los programas dirigidos a erradicar la violencia de género para los Ayuntamientos- 20 millones en el presente ejercicio y 40 millones de euros en 2019- se distribuirán vía transferencia finalista y directa, o a través de otras Entidades Locales.
7.- DÍA DE LA JUSTICIA GRATUITA Y EL TURNO DE OFICIO
El pasado día 12 de julio los Colegios de Abogados celebraron el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio en toda España con diferentes actos reivindicativos que ponen de manifiesto la importancia de este servicio fundamental que garantiza la igualdad en el acceso a la Justicia para todos los ciudadanos y ciudadanas. Este día, además, se defiende y divulga la labor realizada por más de 51.300 abogados de oficio, 24 horas al día, 365 días al año a través de los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio.
Con la finalidad de actuar como altavoz social y llamar la atención sobre la importancia de la Justicia Gratuita en un Estado que se denomina social y democrático de derecho, el Consejo General de la Abogacía Española instituyó hace unos años el 12 de julio como día destinado a reconocer y reivindicar el papel de los abogados del Turno de Oficio y la Justicia Gratuita.
Entre los actos que se celebraron en los Colegios de Abogados cabe destacar los izados de la bandera de la Justicia Gratuita, jornadas de puertas abiertas, distinciones por la defensa del Turno de Oficio, monólogos sobre la Justicia Gratuita, partidos de fútbol, caminatas y carreras, programas de radio en corporaciones colegiales, concursos de grafitis o talleres infantiles, entre otros. Como en años anteriores también se realizaron propuestas para ampliar el callejero de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio que ya cuenta con más de 30 localidades en toda España que tienen alguna calle, plaza o jardín dedicada al Turno de Oficio.
La sala segunda del Tribunal Constitucional (TC) dictó una sentencia el pasado 18 de julio la que considera que un absuelto en primera instancia de un delito por presentar algún tipo de problema de salud mental no debe permanecer en prisión de forma provisional a la espera de la resolución de los posibles recursos.
La sentencia estima el recurso presentado por un hombre internado en el Centro Penitenciario de Córdoba, a la espera de la confirmación de una medida de seguridad impuesta.
El individuo fue absuelto por la Audiencia Provincial de Córdoba de un delito de homicidio agravado en grado de tentativa y de otro delito de violencia física simple o no habitual, al apreciar los jueces la eximente completa de trastorno mental. Mientras esperaba a que se resolvieran varios recursos, entre ellos el suyo propio, en instancias superiores, la Audiencia decidió que ingresara en la unidad psiquiátrica de la prisión de Córdoba hasta que la sentencia se hiciera firme. Sin embargo, en la citada cárcel no hay ninguna unidad de este tipo, por lo que fue recluido en la enfermería del centro.
Los magistrados han considerado que esto fue “una prisión encubierta, carente de absoluta cobertura legal y, por ello, vulneradora de su derecho a la libertad”. En este sentido, apuntan que debería haber ingresado en un hospital psiquiátrico penitenciario, pero recuerdan que en España tan solo hay dos, en Alicante y Sevilla. En este último terminó ingresado finalmente el acusado.
El pasado 5 de agosto falleció el reconocido jurista Luis del Castillo Aragón, quien asumió el decanato del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) entre los años 2002 y 2003 y fue presidente del Colegio de Abogados 
Penal Internacional (BPI-CAPI) de 2010 a 2014.
Luis del Castillo Aragón nació en Madrid en 1934 y se licenció en Derecho en 1956. Tres años más tarde trasladó su residencia a Barcelona, donde fue profesor de la Universidad de Barcelona desde 1960 hasta 1966, como adjunto a la Cátedra de Derecho Político. En 1975 fundó su propio despacho penalista en la ciudad condal.
Desde su incorporación como colegiado al ICAB, EN 1970, Luis del Castillo estuvo muy vinculado a la vida colegial. Colaboró estrechamente como ponente en la Comisión de Deontología, que posteriormente presidió. También fue vicedecano del Colegio desde 1997 a 2005; y ejerció como decano en 2002. También en 2002 fue elegido representante español del Colegio de Abogados del Tribunal Penal Internacional del BPI-CAPI.
El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, aprobó la creación de un consejo asesor que revisará el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde un enfoque de género, a fin de que el nuevo texto normativo que se impulse atienda adecuadamente la realidad social actual.
Este consejo podrá, igualmente, pronunciarse sobre otras medidas y proyectos legislativos del Ministerio de Justicia y proponer las reformas necesarias para adaptar el ordenamiento jurídico a las nuevas exigencias planteadas por la sociedad en materia de género, particularmente en los ámbitos civil y penal.
Desde la aprobación de la Constitución Española se han llevado a cabo reformas normativas en diferentes ámbitos para introducir la igualdad de trato y de oportunidades y eliminar discriminaciones por razón de sexo. Recientemente, la ministra de Justicia subrayó el firme compromiso del Gobierno con esta demanda social. Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el pasado 11 de julio defendió la incorporación de la perspectiva de género en la Justicia porque “no hacerlo supondrá que continuemos impartiendo una Justicia deficiente y parcial, que trata igual a los que son desiguales y se aleja de la equidad a la que debemos aspirar como sociedad avanzada”.
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