“The show musn´t go on”… o por qué ha llegado el principio del fin de los circos con animales

Davinia Ortiz Hernández, Abogada, vocal de AJA Alicante y vocal de la Sección de Derecho de los Animales del Colegio de Abogados de Alicante.

Hace un par de días el Ayuntamiento de Madrid iniciaba el camino para unirse a la lista de más de  300 municipios españoles que actualmente prohíben la instalación de circos con animales en sus términos. Todos los medios de comunicación se han hecho eco de la noticia a pesar de que la ciudad de Madrid no es pionera en la materia a la vista de la extensión de la referida lista, pero nadie discutirá que uniéndose la capital a la causa adquiere más fuerza que nunca.

El objetivo de la ordenanza municipal será prohibir la realización de espectáculos en todo el término municipal de Madrid en los que se exhiban animales salvajes, por considerarse que someter a los mismos a estas actividades implica necesariamente que no se satisfagan sus necesidades físicas y sociales más básicas.

Las técnicas para adiestrar a los animales “circenses” y que ejecuten ejercicios o maniobras antinaturales no han sido nunca un secreto para muchos de nosotros. Se trata, en algunas ocasiones, de técnicas de dudosa moralidad en las que se somete a estos animales a restricciones de movimiento, privación de alimento y/o agua, llegando incluso a someterlos a castigos físicos como descargas eléctricas, entre otras.

Algunas de las voces que han condenado esta medida, en su mayoría empresarios y trabajadores del mundo circense, (lógico, todo sea dicho, pues entiendo que se pone en peligro de alguna manera el sustento de estas familias), manifiestan que carece de fundamento ya que el maltrato animal ya se encuentra regulado y sancionado tanto en la normativa estatal como en la municipal. Lo cierto es que así es, pero de forma relativa. La normativa estatal, al igual que la municipal, sanciona el maltrato animal en su interpretación más estricta, es decir que infringir daño a estos animales efectivamente estaría sancionado, como no puede ser de otro modo, pero ¿qué podemos catalogar como maltrato? ¿Hasta qué punto privar a un animal que por naturaleza le corresponde vivir en extensiones infinitas de terreno de su libre movimiento no es un tipo de maltrato? Estos profesionales del circo hablan de técnicas “amables”, de verdadero cariño a estos animales, pretendiendo justificar así el buen estado y cuidado de estos animales, permítanme que les diga que solo faltaba que los animales fuesen sometidos a golpes continuos o llevados casi a la muerte por inanición, pero no es eso lo que se persigue, que ya lo hacemos efectivamente con la regulación existente, sino más bien el hecho de que estando esos animales sometidos a las condiciones en las que están, no se les permite cubrir sus necesidades más básicas.

Desde luego su lugar no es nuestra jungla de cemento y mucho menos los pocos metros cuadrados que dejan los barrotes de sus jaulas en los que apenas pueden girar sobre sí mismos.

Desde mi criterio, no tiene cabida en nuestro siglo los espectáculos con animales. En ese sentido entiendo que se desarrolla nuestra sociedad, la regulación de otros países de características similares al nuestro y en definitiva la opinión pública. Por el contrario se ha alegado que los espectáculos que hacen uso de animales salvajes siguen llenando sus funciones y que por tanto debe ser la inasistencia de la población la que un determinado día ponga fin a estos circos. Permítanme salvando las distancias, claro está, que les recuerde que en las luchas de gladiadores de la antigua Roma se colgaba el cartel de aforo completo en cada jornada.

 ¿Es posible una normativa estatal que prohíba el uso de animales salvajes en los espectáculos?

 La respuesta, como casi siempre, es gris, sí pero no. Efectivamente existen países que han prohibido el establecimiento de circos con todas las especies de animales salvajes, otros lo han hecho solo con algunas de ellas e incluso determinados países (en minoría) han prohibido los espectáculos que usen cualquier tipo de animal.

La Unión Europea ya se ha manifestado con respecto a la posibilidad de que los Estados miembros prohíban este tipo de actividades a pesar de considerarse una restricción a la libre prestación de servicios por entender que tal restricción está  justificada en atención al interés público del bienestar de los animales, responsabilidad de los Estados miembros. Esto además, entiendo, ventilaría cualquier tipo de controversia entre la competencia estatal o autonómica, ya que independientemente de la que les corresponde a las autonomías, sería susceptible de ser regulada por el Estado en atención a la normativa europea.

Hasta aquí todo parece indicar que es posible imponer tal prohibición, en el grado que se considere, tal y como han hecho otros países, pero ¿es coherente en el caso de España? Mi sincera opinión es que no y esencialmente por dos cuestiones, una más generalizada y otra segunda más concreta. En relación a la primera, actualmente nuestro país cuenta con una regulación estatal en materia de Derecho de los Animales basada en la naturaleza de cosa de los mismos, por lo que pretender regular pormenorizadamente el trato adecuado a los mismos pasaría necesariamente por modificar tal naturaleza. Sería una buena oportunidad para modificar ambos aspectos, todo sea dicho, y dotar a los animales de la condición que les corresponde, tal y como se ha pretendido con la reforma penal en la materia. La segunda de las cuestiones, que ha suscitado controversia incluso hasta alcanzar a nuestro órgano constitucional, es la de la tauromaquia, pues dejando a un lado el posicionamiento respecto a la misma, que obviamente daría para otro artículo, no escapa a la razón de nadie que prohibir los espectáculos con animales, aunque solo se hiciera referencia a los de naturaleza salvaje entre los que no se encontraría el toro, haciendo la vista gorda en relación a estos eventos resultaría cuanto menos irracional y poco coherente, a pesar de encontrarnos ante lo que se ha entendido forma parte del patrimonio cultural de nuestro país revistiéndolo así de una protección especial y convirtiéndose en competencia exclusiva estatal.

En cualquier caso, a una servidora, que todavía es optimista, le alegra ver cómo un gran número de municipios deciden tomar el mismo camino que nuestra capital, dando pequeños pasitos y posicionándonos así cada vez más cerca de una regulación estatal en el mismo sentido.