¿Tienen los abogados que convertirse en expertos en ‘prompting’?

Por Alex Dantart

La irrupción de la Inteligencia Artificial en casi todos los ámbitos profesionales ha generado, como todos sabemos, un torbellino de expectación.

En la profesión legal concretamente, una profesión intrínsecamente ligada a la palabra, al análisis minucioso y a la interpretación contextual, la promesa de herramientas capaces de procesar vastos volúmenes de información, redactar borradores, resolver consultas legales o identificar precedentes relevantes resuena inmensamente en congresos y eventos del sector.

Sin embargo, en medio del debate sobre su potencial, emerge una cuestión fundamental sobre su interacción: ¿Cómo “hablamos” con estas inteligencias artificiales? Y más importante aún, ¿es necesario que los profesionales del Derecho tengan que pasar una curva de aprendizaje para utilizarlas y desarrollar nuevas habilidades para poder extraer su valor?

Desde mi perspectiva, situada a la vanguardia tecnológica vinculada al mundo jurídico, la respuesta a esta pregunta no es trivial. Involucra una reflexión más profunda sobre el propósito mismo de la tecnología en la vida profesional y, específicamente, en el ejercicio de la profesión legal.

Hay una premisa que considero innegociable y que debe ser una máxima a la hora de trabajar con tecnología: esta debe ser una facilitadora de vida y de trabajo; bajo ningún concepto debemos vernos forzados a adaptarnos a ella. Su razón de ser es servirnos, aumentar nuestras capacidades, no exigirnos que nos convirtamos en sus operadores especializados.

Esto nos lleva directamente al corazón del desafío en el sector legal. Durante siglos los juristas han perfeccionado un lenguaje técnico, matizado y profundamente contextual. Hablan de “litisconcorte”, de “carga de la prueba”, de “preclusión procesal”, de “daño moral”. Estos términos no son meras palabras; son conceptos cargados de significado jurídico, construidos sobre capas de legislación, doctrina y jurisprudencia. La verdadera promesa de la IA en el sector legal, la que realmente puede maximizar el valor de sus profesionales, reside en su capacidad para adaptarse a ellos, a su forma de trabajar, a sus flujos de trabajo, a sus procesos y, por supuesto, a su lenguaje, no a la inversa.

Y aquí es donde precisamente el concepto de “prompting” adquiere una relevancia crítica y donde plantea una inquietud fundamental. Y es que les dicen que deben aprender a estructurar sus preguntas con exactitud argumentativa, a incluir contexto específico y a refinar sus consultas iterativamente. Pero, una vez más, deben poner el foco en el verdadero reto: es imperativo que tanto la formulación de las consultas a la IA como la recepción de las respuestas se basen en el lenguaje natural y comprensible que utilizan a diario. La sofisticación de la IA debería manifestarse en su capacidad para entender una pregunta formulada en términos jurídicos estándar y para proporcionar una respuesta que sea no solo precisa, sino también estructurada y redactada de manera que un abogado (y en última instancia, su cliente) pueda comprender y utilizar de inmediato.

El debate sobre si el “prompting” es necesario no es una cuestión menor; toca la fibra sensible de la eficiencia profesional. Procuradores y abogados han pasado de invertir horas, a veces días, sumergidos en manuales polvorientos o bases de datos complejas para encontrar la respuesta a una consulta jurídica. La promesa de la IA era, precisamente, reducir drásticamente ese tiempo de investigación y análisis. Sin embargo, si ahora el profesional del derecho debe invertir una cantidad comparable de tiempo, o incluso superior, en aprender a formular la pregunta de la manera “correcta” para que la IA la entienda (lo que a menudo implica un conocimiento tácito de cómo funcionan estos modelos, sus limitaciones y las estrategias para “engañarlos” hacia una respuesta útil), entonces el sector no ha avanzado significativamente. No puede ser que antes invirtieran horas buscando respuestas legales en manuales en papel y ahora, tras la IA, tengan que emplearlas en buscar cómo hacer la pregunta. Eso sería un fracaso de la tecnología, no una deficiencia del profesional.

Las herramientas tecnológicas que revolucionarán e impulsarán el sector legal, las que realmente maximizarán el valor de sus profesionales y se integrarán de forma orgánica en su día a día, serán aquellas que cumplan un principio fundamental: tienen que ser sencillas, ágiles, intuitivas y aumentar de verdad sus capacidades, no añadirles una nueva carga cognitiva o técnica.

La “claridad al preguntar” siempre ha sido una habilidad crucial para los abogados; es parte de la esencia de la investigación jurídica y de la comunicación efectiva. Un abogado experto sabe cómo definir el problema, cómo delimitar el alcance de su búsqueda, cómo articular la cuestión de derecho con precisión. Pero esta es una claridad conceptual y jurídica, nacida del dominio de la disciplina, no una habilidad técnica para interactuar con un algoritmo específico. La diferencia es crucial. Y los profesionales legales no necesitan aprender “prompt engineering” (ingeniería del prompt); necesitan herramientas específicas que entiendan su forma de pensar y preguntar como juristas.

Y la responsabilidad de esta transición hacia la naturalidad recae, en gran medida, sobre los hombros de los que somos desarrolladores de tecnología legal. Somos nosotros los que debemos invertir en modelos e interfaces que comprendan la complejidad y el matiz del lenguaje jurídico, que sean capaces de interpretar preguntas formuladas de forma intuitiva y que generen respuestas que respeten la estructura, la lógica y la formalidad propias del derecho. Esto implica entrenar las IAs con corpus de datos legales de alta calidad, dotarlas de una arquitectura capaz de interpretar esos datos con el mismo criterio matizado y contextual que aplicaría un jurista y, crucialmente, diseñar experiencias de usuario centradas en el profesional del derecho, no en las capacidades brutas de la máquina.

Por tanto, los profesionales legales deben aspirar a que la interacción con la IA legal sea indistinguible de una conversación informada. La IA debe ser el socio silencioso, el asistente extraordinario que les permita enfocar su energía mental en el análisis estratégico, en la interpretación de las leyes, en la argumentación de los casos y en la relación con el cliente, que son, en última instancia, el verdadero valor de la profesión.

Porque el Derecho no necesita abogados disfrazados de programadores, sino abogados que ejerzan su oficio con más enfoque, agilidad, precisión y humanidad que nunca.