Innovación Legal
09 marzo 2026
Por Jordi Estalella
TWITTER @jordiestalella
En los últimos años la conversación sobre inteligencia artificial en el sector legal ha oscilado entre el entusiasmo y el escepticismo. Sin embargo, ocasionalmente aparecen experiencias concretas que obligan a reconsiderar el alcance real de estas tecnologías. Ese es el caso del artículo publicado en la red social X por el abogado estadounidense Zack Shapiro, titulado “The Claude-Native Law Firm: How I Actually Practice Law with AI in 2026”, que ha generado un intenso debate entre juristas, tecnólogos y analistas del sector.
El texto, difundido ampliamente en redes sociales y medios especializados, describe cómo un despacho de apenas dos abogados compite con firmas mucho mayores mediante el uso intensivo de modelos generales de inteligencia artificial. Más allá del efecto mediático, la reflexión de Shapiro plantea preguntas relevantes para los profesionales del Derecho: ¿qué tareas jurídicas pueden automatizarse realmente?, ¿qué papel conservará el abogado?, y ¿cómo deberían adaptarse las organizaciones jurídicas a este nuevo entorno tecnológico?
El artículo de Shapiro comienza con una anécdota profesional que ilustra su tesis. La noche anterior al cierre de una operación corporativa, el abogado de la contraparte envió una carta introduciendo modificaciones relevantes en el contrato: cambios en las condiciones de escrow, ampliación de determinadas cláusulas de indemnización y nuevas exigencias documentales.
En un despacho tradicional, una situación de este tipo suele desencadenar una revisión urgente por parte de varios asociados junior que trabajan durante horas analizando documentos y revisando cláusulas. Shapiro optó por un enfoque distinto.
Según su relato, cargó en el modelo de IA el contrato de compraventa, los anexos de divulgación y la carta de la contraparte. El sistema analizó los cambios introducidos, detectó incoherencias entre algunas cláusulas y señaló posibles contradicciones con las declaraciones ya pactadas. En pocas horas el abogado obtuvo un análisis estructurado que le permitió preparar una contrapropuesta jurídica sólida. El acuerdo se cerró a la mañana siguiente.
La conclusión que sugiere Shapiro es deliberadamente provocadora: un equipo de varios asociados habría requerido muchas más horas para realizar un análisis comparable. Pero más allá de la anécdota, su argumento de fondo es que los grandes modelos de inteligencia artificial podrían reducir la relevancia de muchas de las herramientas de legaltech que hoy se utilizan en el sector.
Durante la última década han surgido numerosas herramientas especializadas —revisión contractual, análisis jurisprudencial, automatización documental— diseñadas específicamente para el sector legal. Sin embargo, Shapiro sostiene que muchos de esos productos funcionan en realidad como capas tecnológicas construidas sobre modelos de lenguaje generalistas.
Desde esta perspectiva, si los modelos generales continúan mejorando su capacidad de razonamiento, análisis documental y ejecución de tareas complejas, podrían absorber buena parte de las funciones que actualmente desempeñan esas aplicaciones especializadas. El motivo, sostiene el autor, es que el valor no reside en las plantillas o bases de datos jurídicas, sino en la capacidad del abogado para codificar su propio juicio profesional dentro del sistema mediante instrucciones y marcos analíticos personalizados.
En este sentido, uno de los aspectos más interesantes del experimento de Shapiro es su intento de transformar la experiencia profesional en instrucciones operativas para la IA. En su práctica diaria ha desarrollado varios “skills” o módulos funcionales que indican al sistema cómo abordar tareas concretas: revisión contractual, redacción de documentos, investigación jurídica o comunicación con clientes. Cada módulo incorpora criterios de análisis, estructuras argumentativas y formatos de respuesta derivados de su propia experiencia profesional.
De este modo, cuando se introduce un contrato en el sistema, el modelo no aplica un análisis genérico, sino el marco metodológico que el propio abogado ha diseñado a lo largo de su carrera. Esta idea apunta a una transformación relevante del trabajo jurídico: el conocimiento profesional deja de estar únicamente en la mente del abogado y pasa a formar parte de la infraestructura tecnológica del despacho.
El experimento de Zack Shapiro no constituye todavía un modelo universal para la profesión jurídica, pero sí ofrece varias lecciones valiosas. En primer lugar, demuestra que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta estratégica capaz de ampliar significativamente la capacidad operativa de los abogados. Segundo, confirma que el valor diferencial del profesional no reside únicamente en el conocimiento técnico, sino en la capacidad de estructurar ese conocimiento y aplicarlo con criterio. Tercero, sugiere que los despachos que adopten una actitud exploratoria hacia estas tecnologías (experimentando con nuevos flujos de trabajo) estarán mejor posicionados para adaptarse a los cambios que se avecinan.
En última instancia, el debate suscitado por el artículo de Shapiro no gira tanto en torno a la sustitución de los abogados por máquinas como a una cuestión más profunda: cómo redefinir la práctica jurídica en una era en la que el conocimiento puede amplificarse mediante inteligencia artificial. La respuesta a esta pregunta probablemente determinará la configuración del sector legal durante las próximas décadas.