Españoles presos en Marruecos necesitan nuestra ayuda

De los 88 españoles presos en cárceles marroquíes, el 50% está en los centros penitenciarios de Tánger, Tetuán y Rabat, donde una delegación de Fundación Abogacía pudo comprobar su desprotección en términos de defensa y su desconfianza en el sistema de justicia. La declaración ante la policía tras la detención se lleva a cabo sin presencia de abogado y son habituales las quejas en relación a la calidad del servicio prestado por los traductores jurados.

Lejos de sus familias, en un entorno extraño para ellos, una delegación de la Fundación Abogacía los ha visitado para conocer de primera mano su situación y apoyarles y asistirles en lo posible dentro del marco del proyecto “Acceso a la Justicia de españolas y españoles presos en el extranjero”.

Gracias a la información recabada en distintas reuniones, los representantes de la Fundación pudieron conocer que Marruecos atraviesa un momento de cambio y tiene gran interés en la modernización de su sistema de justicia, lo que puede repercutir favorablemente en la situación de los españoles presos.

Una vez realizado el diagnóstico, desde la Fundación queremos no solo asistir y garantizar un acceso a la justicia de calidad, sino trabajar para prevenir algunos casos que se repiten, como el de. E.C., a quien conocimos en el centro penitenciario de Tánger. Conducía desde Madrid un autobús que había salido de Bruselas lleno de turistas rumbo a Tánger. Una vez en territorio marroquí, la policía detuvo el vehículo y, al registrar los equipajes, encontró droga en las maletas de una de las pasajeras. E.C. fue detenido y acusado de tráfico de drogas, a pesar de que una de las cláusulas de su contrato estipula que él como chófer no tiene responsabilidad sobre el contenido de los equipajes, Ha estado en prisión preventiva tres meses y medio hasta que por fin una sentencia le ha declarado inocente de los cargos que se le imputaban, pero el daño ya está hecho.

La Fundación trabajará en la prevención mediante información y en la protección jurídica mediante actuaciones conjuntas con los consulados españoles y las instituciones marroquíes correspondientes.

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