Consejo General de la Abogacía dice que “lo importante” es preservar la seguridad jurídica en la sentencia de hipotecas

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española y presidenta nacional de Unión Profesional (UP), Victoria Ortega, ha afirmado hoy en Santander que “lo importante” es preservar la seguridad jurídica de la ciudadanía respecto al pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en la firma de una hipoteca.

A preguntas de la prensa sobre la decisión del presidente de la Sala Tercera del TS, Luis María Díez-Pizazo, de convocar un Pleno para resolver si mantiene la última decisión de los miembros del tribunal de que sean las entidades bancarias quienes paguen el tributo, Ortega ha insistido en que “lo importante” es preservar la seguridad juridica.

“Como representante institucional no debo echar más leña al fuego. Creo que todos debemos esperar a ver cómo finalizar esta tramitación que se está llevando a cabo y confiar en que efectivamente se preservará la seguridad jurídica, que es lo fundamental”, ha manifestado.

En declaraciones previas a conocer que el Tribunal Supremo decidirá el 5 de noviembre quién paga el impuesto de hipotecas –decisión anunciada a última hora de la mañana en un comunicado por el Alto Tribunal–, Ortega ha enfatizado en que “lo más importante de lo que resulte al final” es que se preserve la seguridad jurídica de los ciudadanos, de que modo que quede “perfectamente aclarado” a cargo de quién debe estar el citado impuesto.

Tras afirmar que “habrá que esperar un poco de tiempo”, ha advertido que “no es bueno” ni para los ciudadanos ni para el país que se cree “mayor alarma” que la ya generada. “Vamos a esperar y confiar en que en los próximos días sepamos qué condiciones vamos a tener al suscribir una hipoteca”, ha zanjado.

La presidenta de la UP se ha pronunciado así a preguntas de la prensa durante la rueda de prensa que ha ofrecido hoy en Santander, junto con el presidente de Unión Profesional Cantabria, Ezequiel San Emeterio, para presentar las nuevas líneas de actuación de esta organización, que representa a más de un millón y medio de profesionales en España.

De ellos, más de 20.000 están en Cantabria y son responsables del 5,8% del Valor Bruto Añadido de la región y el 10% del empleo.

Un peso, tanto nacional como regional, que la UP quiere visibilizar en la nueva etapa que inició el pasado mes de mayo, y que en el caso de Cantabria se concreta en impulsar iniciativas para el conocimiento de la asociación en la comunidad, integrándose en órganos consultivos como en CEOE-Cepyme.

En este sentido, San Emeterio ha anunciado la intención de la UP de participar en el Consejo Económico y Social (CES) y de mantener encuentros con los distintos grupos políticos regionales. Quieren “participar en órganos, al menos consultivos, con una voz única, la de los profesionales”, unidos en la UP, ha explicado.

Al respecto, la presidenta nacional, que es cántabra, ha reconocido que ha “costado” transmitir a la sociedad la “realidad” de la Unión Profesional, y, en un “cambio de planteamiento”, ha decidido “contar lo que vamos a hacer” y mostrarse a la ciudadanía como prestadores de servicios de “calidad”. “Una cosa es tener una profesión y otra ser un profesional”, ha apostillado.

En su opinión, la crisis y la “desafección del ciudadano a las instituciones”, junto con la prevalencia de las diferencias sobre las semejanzas en la UP, llevaron a esta agrupación a un “stand by”, pero ahora se ha decidido “trabajar por lo común y por prestar servicios de calidad”.

Ortega ha desgranado los principales objetivos y líneas de actuación de la UP, desde la deontología al Plan Estratégico a cuatro años con un centenar de medidas y “abierto” a las aportaciones.

La internacionalización también es un punto fundamental de los profesionales, sobre todo en el ámbito europeo –“porque pretender vivir al margen de la UE nos lleva al fracaso”– aunque también al Mediterráneo e Hispanoamérica.

Una de las cuestiones que han suscitado el debate se refiere a la colegiación, por ejemplo de profesionales que trabajan para las administraciones públicas, si bien en Cantabria no hay “especial problemática” con los profesionales que deben estar colegiados y no lo están, por lo que la situación regional “no es especialmente alarmante”, según San Emeterio.