Declaración Institucional de la Comisión Permanente de Abogacía Española «En Defensa de la Abogacía»

La libertad, la independencia y la seguridad en el ejercicio de la abogacía constituyen una garantía esencial del Estado de derecho. Solo allí donde los profesionales de la abogacía pueden desempeñar su función sin presiones, intimidaciones o injerencias, es posible asegurar la protección efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos.

En los últimos meses se ha intensificado una preocupante tendencia a la descalificación pública de profesionales de la abogacía mediante ataques personales en medios de comunicación, redes sociales e incluso desde el ámbito institucional, por el mero hecho de asumir la defensa de sus clientes.

La preocupación es compartida en todo el mundo, donde otros organismos observan también un incremento de la estigmatización, las amenazas y las agresiones contra profesionales de la abogacía en distintos países.

Conviene recordar un principio esencial de cualquier democracia: no se puede identificar a un abogado con su cliente o con la causa que defiende, porque este profesional no hace suyas las ideas, los intereses o la conducta de quien representa. Su misión consiste en garantizar que toda persona pueda ejercer su derecho a una defensa efectiva, con pleno respeto a la legalidad, a la deontología profesional y a las reglas del proceso.

Esta realidad afecta a toda la Abogacía, especialmente a los que prestan el servicio público de asistencia jurídica gratuita y a los que intervienen en procedimientos de especial repercusión pública. Todos ellos cumplen una función constitucional imprescindible y merecen respeto y la protección institucional.

Por todo ello, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la independencia de la abogacía y reclamamos el máximo respeto hacia quienes ejercen esta profesión. Asimismo, hacemos un llamamiento a los poderes públicos, a los medios de comunicación y a la sociedad para evitar cualquier discurso que identifique al abogado con su cliente o que lo descalifique por la causa que defiende.

Proteger la independencia de la abogacía significa preservar el derecho de defensa, la igualdad ante la ley y el Estado de derecho. En definitiva, significa proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos.