Reinsertar sin escuchar no es reinsertar

Por Luis Velázquez, abogado de Burgos y miembro de la Subcomisión de Derecho Penitenciario de la Abogacía Española. 

En nuestra sociedad tendemos a analizar la delincuencia como un fenómeno esencialmente jurídico, moral, como un problema a solucionar con los instrumentos que nos da el estado de derecho, por lo que si alguien comete un delito, se le aplica el castigo correspondiente, y se espera que cumpla con su castigo, con su pena y vuelva integrado en la comunidad.

Sin embargo, después de casi 30 años como abogado, esta visión simplista ignora una realidad evidente para todos aquellos que asistimos con regularidad a los juzgados y prisiones, una gran parte de los delitos tiene su raíz en problemas psicológicos, emocionales, de personalidad, y de salud mental no tratados. Pretender reinsertar a una persona sin abordar esas causas es, cuando menos en mi opinión, ingenuo, y en la práctica, una fórmula que lleva al fracaso.

Hay estudios que evidencian que una proporción muy alta de los reclusos padece algún tipo adicciones, carencias emocionales graves, por no hablar de los trastornos mentales no diagnosticados. La ansiedad, la depresión, los trastornos de personalidad o la dependencia de drogas y alcohol son frecuentes entre quienes ingresan habitualmente en prisión, en la mayoría de las ocasiones, son patologías no oficializadas por no estar diagnosticados formalmente. En muchos casos, yo diría, que, en casi todos, estas patologías o carencias, no solo influyen en la comisión del delito, sino que se agravan durante el cumplimiento de la pena. La cárcel, tal como está concebida hoy en día en España, no cura, no reinserta, más bien, profundiza y agrava las heridas psicológicas y multiplica la frustración, la agresividad, la sensación de exclusión, minando la personalidad y autoestima del individuo.

Ante esta realidad, parece evidente que el sistema debería ir hacia una concepción en la que el tratamiento psicológico fuera pilar fundamental de la política penitenciaria. Contar con psicólogos clínicos, terapeutas ocupacionales, psiquiatras y educadores sociales en número suficiente —y no como un complemento marginal como en la actualidad— no sería un lujo, sino una inversión en seguridad, en facilitar la reinserción, y en humanidad.

Una persona presa que recibe atención profesional para gestionar su trauma o su adicción, sus carencias, sus emociones, no solo mejora su calidad de vida, sino que también reduce su probabilidad de reincidir.

En mi modesta opinión, este abandono tiene consecuencias claras, la cárcel no cura, no reinserta y en muchos casos empeora la situación personal del individuo, e incluso de su entorno más cercano. La prisión sin apoyo emocional solo aumenta la frustración, la ansiedad y la agresividad. Se pide, y se intenta que una persona salga “reinsertada” después de años de aislamiento con el exterior, pero sin haber trabajado sus traumas. Es un absurdo. Y cuando reincide, culpamos al individuo, sin reconocer el fracaso estructural que hay detrás, y sin ver que a reincidido por los mismos motivos que le llevó a prisión.

Pensemos por un momento en dos modelos penitenciarios, en el primero, el recluso cumple sus años de prisión entre la apatía, el aislamiento y la falta de objetivos; en el segundo, el interno recibe apoyo psicológico constante, participa en continuas terapias grupales, desarrolla habilidades emocionales y reconstruye su autoestima. ¿Cuál de los dos estará mejor preparado para enfrentarse a la libertad sin caer nuevamente en la delincuencia? La respuesta es evidente. La reinserción real no se logra con la prisión o con el castigo, sino con acompañamiento y ayuda.

Desgraciadamente, en España el sistema penitenciario sigue centrado en la lógica punitiva y burocrática. La figura del psicólogo existe, sí, pero sobrecargada de trabajo lo que invalida su correcta labor, con pocos recursos y con una función más evaluadora que terapéutica. En lugar de trabajar procesos de recuperación emocional a largo plazo, las intervenciones suelen limitarse a informes o valoraciones necesarias para concesiones penitenciarias. Se pierde así la esencia del tratamiento, escuchar, entender y transformar.

El coste de esta carencia no es solo humano, sino también social y económico. Cada reincidencia implica nuevos delitos, nuevas víctimas, más procesos judiciales y el consecuente gasto público. Invertir en estos tratamientos podría reducir considerablemente este círculo vicioso.

Estoy seguro que cuando se trate la “raíz emocional” del delito, podremos hablar, con propiedad, de verdadera y auténtica reinserción.