Los SOAJP, un instrumento de mejora de la sociedad

Los pasados días 3 y 4 del presente mes de noviembre celebramos en Albacete los XXIV Encuentros de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) de los Colegios de la Abogacía de España. Uno de los objetivos más importes de estos encuentros es completar el mapa de España para que en cada colegio en cuyo ámbito geográfico exista un centro penitenciario funcione un SOAJP para asesorar y asistir jurídicamente a todas las personas privadas de libertad en los mismos.

Poco a poco se va consiguiendo el objetivo, y durante el presente año la abogacía de La Rioja cuenta con su servicio en funcionamiento; la de Albacete, con el compromiso verbalizado por el presidente de su Diputación en los propios encuentros, en breve comenzará a prestar asesoramiento; y otros Colegios, como el de Ávila, están dando los primeros pasos para intentar concretar el suyo. No quiero olvidarme de los compañeros y compañeras de ninguno de los Colegios de la Abogacía que en estos momentos están iniciado el proceso necesario para que las instituciones les den el respaldo necesario para la creación de sus servicios, haciendo extensivas estas palabras de apoyo y ánimo a todos ellos.

Los SOAJP permiten que los Servicio de Orientación Jurídica, cuya existencia es obligada por la Ley de Justicia Gratuita, puedan llegar a las personas privadas de libertad, cuya situación les impide acudir a las sedes de los distintos colegios donde con carácter general se desarrolla el servicio para toda la ciudadanía. Pero, sobre todo, y dentro de la dimensión social del ejercicio de la abogacía, permite paliar el olvido que el legislador tiene hacía la población reclusa, al permitir la injusticia que supone que para reclamar 2.001 € sea preceptiva la asistencia de letrada y para las vicisitudes de cualquier pena privativa de libertad, solo lo sea a partir del recurso de apelación.

En esta edición de los encuentros, hemos tratado temas de gran importancia y repercusión actual:

• El uso de las tecnologías en el ámbito penitenciario, el acceso a internet de las personas presas, la posibilidad de usar el correo electrónico, los límites que se han de establecer en su uso, la utilización de la inteligencia artificial y los algoritmos en la labor de los equipos técnicos de las prisiones, el riesgo de que estos sistemas robotizados suplan a las personas con la consiguiente deshumanización del tratamiento penitenciario.
• La instalación de cámaras de videovigilancia en las zonas comunes de las prisiones, así como en aquellas dependencias donde están en riesgo, de manera más evidente, los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, como son las celdas donde se aplican las medidas de sujeción mecánica, aquellas en que se realizan los cacheos con desnudo integral, o los depósitos donde se almacenan los medios coercitivos. El Defensor del Pueblo y asociaciones del ámbito civil venían pidiendo su implantación y regulación como medio de prevención y de garantía del respeto a los derechos fundamentales, así como sistema de esclarecimiento de posibles incidentes en las prisiones. Por fin, una primera instrucción de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la 4/2022, las ha regulado. Seguro que habrá que perfeccionarla, pero eso lo iremos viendo.
• También hemos profundizado en la situación de colectivos olvidados y desprotegidos en el ámbito penitenciario, como son las personas con discapacidad intelectual, concluyendo que el problema mayor es la falta de diagnóstico de esta condición durante casi todas las fases del proceso judicial
• Hemos reflexionado entorno al colectivo LGTBI, resaltando la discriminación que sufre y la poca preparación y formación que tenemos para poder concretar la defensa de sus derechos. La administración penitenciaria debe dotar a sus trabajadores de los medios necesarios para obtener formación al respecto, garantizando una atención acorde con sus necesidades. Quienes sienten vocación por la defensa de sus intereses debemos exigirnos conocer su situación, así como las estrategias necesarias para hacer efectiva dicha defensa.
• Hemos realizado talleres sobre la salud mental de las personas presas en primer grado y las herramientas con que debemos contar los SOAJP para poder atender su situación jurídica, social y familiar.
• También sobre los suicidios en prisión, problema altamente preocupante que desde hace tiempo ocupa a los SOAJP en la búsqueda de un protocolo de actuación. Intentamos conocer y utilizar los recursos de los que dispone la sociedad civil para implicarlos en el medio penitenciario, con el fin de ser un cauce para una prevención efectiva, y para concretar las denuncias que sean necesarias.
• Hemos realizado auto reflexión, dedicándonos tiempo, poniendo en común el funcionamiento de algunos de los servicios, valorando las necesidades que tenemos en cada colegio, reflexionado sobre las actuaciones que realizamos y dándonos pistas para ser más eficaces en nuestra tarea. Creo poder afirmar que todos los SOAJP estamos al servicio de todos y cada uno de los colegios de la abogacía española para acercarles nuestra experiencia y poner a su disposición nuestra trayectoria.

Llevamos 24 años reflexionando sobre el funcionamiento de las prisiones, sobre los derechos fundamentales de las personas presas, poniendo énfasis en el derecho de defensa. Desde los primeros años hasta la fecha creo que hemos conseguido algunos logros, pero seguimos teniendo una gran espina clavada sobre algunos asuntos que siguen siendo un verdadero agujero negro para un estado de derecho: las muertes en prisión, la enfermedad mental, el asilamiento penitenciario, las largas condenas, la situación de determinados colectivos como las mujeres, la población LGTBI, las personas con discapacidad intelectual o física, ….

No nos queda más remedio que seguir remando, sobre todo ante la triste realidad que refleja el debate sobre determinadas leyes con evidente devaluación del derecho de defensa y ensalzamiento del llamado derecho penal del enemigo, situación que se refleja con más intensidad en la privación de libertad que en ningún otro escenario.

Carlos García Castaño

Abogado. Vocal Comisión Derecho Penitenciario CGAE