La Abogacía reclama mayor especialización de los operadores jurídicos y critica la comarcalización judicial en la lucha contra la violencia de género

La Abogacía Española ha pedido hoy una mayor especialización y perspectiva de género para todos los operadores jurídicos que actúan en la lucha contra la violencia sobre las mujeres y ha alertado de que la comarcalización de los órganos judiciales está alejando la justicia de las víctimas.

Estas han sido unas de las principales conclusiones de las XIII Jornadas de Violencia sobre las Mujeres, organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española, que se han celebrado ayer y hoy en Lugo.

“La abogacía considera la necesidad de que en la lucha contra la violencia sobre las mujeres se trabaje por todos los operadores jurídicos siempre con perspectiva de género y desde el principio de interseccionalidad, consagrado en la Directiva 24/1385 Unión Europea, lo que conlleva que en la formación continuada se incluya la formación específica que permita la valoración de esta interseccionalidad”, se leyó en la clausura.

“La comarcalización de los órganos judiciales está generando un efecto contrario al deseado: aleja la justicia de las víctimas, perjudica la inmediación del órgano judicial e incrementa su vulnerabilidad y provoca una revictimización añadida derivada de los desplazamientos y de la carga emocional y económica que estos conllevan”, dijeron las conclusiones.

También se ha señalado que “resulta urgente y necesario reconocer y regular la violencia económica como una manifestación específica de la violencia ejercida contra las mujeres, dotándola de un tratamiento penal propio y diferenciado”.

Además, se ha reiterado la “necesidad de llevar a cabo la modificación legislativa que establezca el carácter preceptivo de la asistencia letrada a las víctimas desde el momento previo a la interposición de la denuncia, propuesta que ha contado con el aval del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial”.

El documento final ha destacado que “la violencia sexual refleja una estructura de desigualdad que requiere una respuesta jurídica integral, combinando la sanción penal con la protección efectiva de los derechos de las víctimas”. Por eso, la valoración del testimonio de la víctima «debe realizarse con sensibilidad hacia el trauma y sin estereotipos».

Las conclusiones fueron leídas, en el acto de clausura de estas jornadas que han reunido a más de 150 abogados y abogadas especializados, por Fernando Rodríguez Santocildes, presidente de la Subcomisión de Violencia de Género de la Abogacía Española; Gema Rial, vocal de su Subcomisión; Marga Cerro, presidenta de la Comisión de Igualdad de la Abogacía y Félix Mondelo, decano del Colegio de Lugo.

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PONENCIAS DEL SEGUNDO DÍA

En el segundo día de las jornadas se abordó además la asistencia letrada a víctimas de delito sexual y los menores víctimas de violencia, las llamadas “víctimas invisibles”.

La abogada de Oviedo María Martín recordó que “los estándares probatorios se han establecido sin perspectiva de género”, lo que dificulta acreditar los hechos en este tipo de delitos. En su intervención, insistió en que “el principio de presunción de inocencia no está reñido con la perspectiva de género; al contrario, es una herramienta de justicia que promueve la equidad y fortalece el Estado de derecho”.

Asimismo, señaló la importancia del papel de la defensa jurídica: “La asistencia letrada debe servir de guía para que la víctima haga un relato preciso, detallado y concreto de los hechos, de modo que pueda contribuir a enervar la presunción de inocencia”.

La ponente también destacó la necesidad de diferenciar entre perjuicios psicológicos y psíquicos en los procesos de restitución, reparación e indemnización, ya que “son completamente distintos y deben valorarse de forma separada”. Y repasó la doctrina del Tribunal Supremo, que establece que no puede exigirse a la víctima una coherencia absoluta ni una memoria lineal en su testimonio.

Ramiro Guinea, vocal de la Subcomisión de Violencia Sobre las Mujeres de la Abogacía, subrayó que los abogados con frecuencia se centran en solicitar la suspensión del régimen de visitas a los menores, y que es necesario evolucionar en el enfoque. “Tememos abordar la patria potestad o bien la sobrevaloramos. Sin embargo, el Código Penal prevé la suspensión de la patria potestad como una pena de privación de derechos aplicable de forma inmediata al progenitor”.

En la ponencia se destacó la importancia de aplicar la perspectiva de género en los casos que afectan a menores. Se recordó que la Ley 8/2021 establece que la violencia económica debe llevar aparejada una prohibición de aproximación y de comunicación hacia la víctima. Sin embargo, en la práctica, esta medida no siempre se aplica, ya que en algunos casos la Fiscalía opta por imponer una multa en lugar de establecer dicha prohibición.