20 noviembre 2026
La abogacía pone sobre la mesa la necesidad de garantías jurídicas en materia penitenciaria
La defensa de los derechos no termina tras los muros de una prisión. Las personas privadas de libertad siguen siendo titulares de derechos fundamentales cuya protección exige una asistencia jurídica efectiva. Por lo que es necesario velar por garantías jurídicas, conforme a los principios de la legalidad y la dignidad humana, que ayuden a recordar que por encima de todo son personas.
La evolución del modelo penitenciario español desde la aprobación de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) en 1979, primera norma que desarrolló el marco constitucional en esta materia, plantea nuevos debates sobre la orientación de las políticas penales y penitenciarias y las garantías del sistema. A ello se suman cuestiones como la prevención de posibles vulneraciones de derechos en los centros penitenciarios o la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión y de la responsabilidad de las instituciones competentes.
En este contexto, Abogacía Española ha celebrado las XXVIII Jornadas de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP), los días 19 y 20 de noviembre en Logroño. Con el lema «Derecho en prisión: compromiso y acción», especialistas en derecho penitenciario, profesionales jurídicos, profesores especializados y representantes de la administración se han reunido para reflexionar sobre el papel de la asistencia jurídica en la defensa de los derechos las personas privadas de libertad.
Estos días se han puesto sobre la mesa temas como la situación de las políticas penitenciarias, los traslados, los programas de intervención en prisión, la brecha digital o la situación de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria. Unas jornadas que han contado con personalidades del mundo jurídico como David Rocamora Borrellas, presidente de la Subcomisión de Derecho Penitenciario de Abogacía Española; Miguel Ángel Vicente Cuenca, director general de Ejecución Penal y Reinserción Social de Instituciones Penitenciarias; Jorge del Cura Antón, premio Nacional de Derechos Humanos y miembro del Centro de Documentación contra la Tortura; y María Puerto Solar Calvo, jurista de Instituciones Penitenciarias, entre otros.
La importancia de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria
La realidad penitenciaria exige una mirada que vaya más allá del cumplimiento penal. En este ámbito, los SOAJP desempeñan una función esencial ya que su labor permite acercar la Abogacía a los centros penitenciarios y ofrecer asesoramiento especializado a las personas reclusas para que puedan ejercer sus derechos y acceder a los mecanismos legales de protección.
Se trata de servicios especializados, prestados por abogadas y abogados con formación específica en derecho penitenciario y materia de género, que ofrecen orientación jurídica gratuita sobre cuestiones relacionadas con la situación de las personas internas. En España disponen de este servicio los más de 64.000 internos (el 93% hombres) que hay en los 96 centros penitenciarios de España. Cada vez más Colegios de la Abogacía ofrecen esta asistencia.
En las jornadas se ha recalcado que esta asistencia no se entiende como un simple servicio profesional, sino como una herramienta para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. Una labor que recuerda que el derecho de defensa y el acceso a la justicia deben estar garantizados en todos los ámbitos de la sociedad.
“Es importante que hablemos de lo que ocurre dentro de las prisiones y que no demos por hecho que, por estar privados de libertad, estas personas dejan de tener derechos. Al contrario, la Abogacía tiene mucho que aportar en este ámbito y encuentros como este nos ayudan a compartir experiencias, conocer mejor los problemas y buscar soluciones entre todos”.David Rocamora Borrellas, presidente de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española.
El encuentro entre profesionales del derecho penitenciario ha manifestado la importancia de mantener espacios de debate en los que la Abogacía ponga en común las dificultades que encuentra en su trabajo diario, para poder plantear nuevas líneas de mejora en la asistencia jurídica penitenciaria.




