En las fronteras de Europa también hay abogados

Las fronteras suelen explicarse con cifras: cuántas personas han llegado, cuántas permanecen en una ciudad, cuántas solicitudes se tramitan o cuántos retornos se llevan a cabo. Durante los últimos meses, Ceuta ha generado muchas de estas cifras, pero mientras buena parte de la atención se concentraba en ellas, sus abogados y abogadas afrontaban una realidad mucho menos visible. Detrás de cada procedimiento había una persona que debía entender qué estaba ocurriendo, conocer sus derechos y poder defenderlos.

Es precisamente sobre esa parte de la frontera sobre la que ha querido llamar la atención el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE). La organización, que representa a los colegios de 46 países y a más de un millón de abogados, ha hecho pública una declaración de apoyo al Colegio de la Abogacía de Ceuta y a sus profesionales en la que convierte la experiencia vivida en la ciudad en una reivindicación de mayor alcance: garantizar los derechos en las fronteras exteriores de la Unión Europea exige garantizar también el acceso efectivo a una asistencia jurídica independiente y de calidad.

El pronunciamiento llega después de un verano en el que la llegada extraordinaria de personas a Ceuta sometió a una fuerte presión a los servicios públicos y, de manera particular, al sistema de asistencia jurídica gratuita. El servicio de Extranjería, que hasta entonces contaba con tres abogados, tuvo que reforzarse en pocas semanas ante la apertura simultánea de miles de procedimientos de identificación, asilo y retorno.

La frontera también es un espacio de derechos

El CCBE reclama que los abogados puedan intervenir desde las primeras fases de los procedimientos en frontera, asilo o retorno, asesorar a las personas afectadas por una decisión, acompañarlas durante la tramitación administrativa y mantener esa asistencia, cuando sea necesario, durante su revisión judicial.

Esa respuesta es la que permite trasladar a la práctica garantías que, de otro modo, corren el riesgo de quedarse únicamente sobre el papel: que cada situación sea examinada individualmente, que exista la posibilidad real de recurrir una decisión, que puedan identificarse situaciones de especial vulnerabilidad y que quien tenga derecho a solicitar una protección internacional pueda hacerlo con asistencia jurídica. El CCBE recuerda, además, que el derecho de asilo y el principio de no revolución deben preservarse incluso cuando los Estados miembros están sometidos a una presión extraordinaria.

De la respuesta de Ceuta al reconocimiento europeo

Durante estos meses, el Colegio de la Abogacía de Ceuta y sus profesionales han tenido que adaptar su organización a una situación que evolucionaba prácticamente a diario. Su respuesta encontró desde el principio el respaldo de Colegios, decanos y decanas y profesionales de distintos puntos de España, mientras Abogacía Española mantuvo un contacto permanente con el Colegio y acompañó sus peticiones de refuerzo.

Ese apoyo adquirió carácter institucional el pasado 18 de septiembre, cuando el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española aprobó la declaración “En defensa de la Abogacía de Ceuta”, en la que reconoció expresamente la labor de la decana, Isabel Valriberas, se Junta de Gobierno y los profesionales del Turno de Oficio, así como la solidaridad mostrada por el conjunto de la profesión.

El pronunciamiento del CCBE lleva ahora esa reflexión al ámbito europeo y convierto lo sucedido en Ceuta en una cuestión que afecta al conjunto de fronteras exteriores de la Unión: cómo responder a situaciones de especial presión sin que las garantías que conforman el Estado de derecho pierdan efectividad precisamente cuando resulta más difícil preservarlas.

Del reconocimiento a los medios para ejercer

Abogacía Española y el CCBE coinciden en que el reconocimiento a estos profesionales debe traducirse también en las condiciones necesarias para desarrollar su trabajo. Si el Pleno reclamó en septiembre un “reconocimiento efectivo y un respaldo decidido” al Turno de Oficio, la abogacía europea pide ahora que quienes prestan esta asistencia dispongan de los medios, recursos y condiciones profesionales adecuados para ejercer con independencia, eficacia y dignidad.

“El trabajo que están realizando Isabel Valriberas, su Junta de Gobierno y los compañeros y compañeras de Ceuta, con el apoyo y la implicación de Ángel Méndez desde la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social, demuestra la capacidad de la abogacía para responder cuando más se necesita. Que el CCBE reconozca ahora ese esfuerzo refuerza una convicción que la Abogacía Española viene defendiendo desde el inicio: para que las garantías sean reales tiene que haber abogados independientes, presentes desde el primer momento y con los medios necesarios para ejercer su función”. Salvador González, presidente de Abogacía Española.   

La declaración del CCBE lleva así el reconocimiento a la abogacía ceutí más allá de un gesto de apoyo y plantea una cuestión que trasciende a Ceuta: cómo garantizar el Estado de derecho en las fronteras europeas y el papel imprescindible de la abogacía para hacerlo posible.

Descarga aquí la declaración del CCBE.

Descarga aquí la declaración institucional “En defensa de la Abogacía de Ceuta”.