26 mayo 2017

La Abogacía Catalana alerta del colapso que provocará la concentración en un único juzgado provincial de las demandas por cláusulas abusivas

  • El Consejo General del Poder Judicial ejecuta su plan de urgencia, que prevé concentrar en un solo juzgado, situado en la capital de cada provincia, la tramitación de estos procedimientos 
  • La Abogacía considera que lo que hace falta es reforzar y dotar de más recursos a los juzgados actuales para poder especializar unos cuantos en esta materia y hacer frente a la avalancha de demandas previstas
  • Alerta que crear un solo juzgado por provincia eternizará la resolución de estos conflictos y perjudicará a los afectados residentes en comarcas, por los costes económicos y de tiempo que los supondrán los desplazamientos

El pleno del Consell de l’Advocacia Catalana, que representa a los catorce Colegios de Abogados de Catalunya, reunido el jueves 25 de mayo de forma extraordinaria, ha aprobado por unanimidad manifestar su rechazo al plan de urgencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que prevé concentrar en un único juzgado, situado en la capital de cada provincia, los litigios por las cláusulas suelo y por reclamaciones por gastos financieros derivados de la formalización de hipotecas. La Abogacía alerta del colapso que provocará la puesta en marcha del plan del CGPJ y considera que esta medida perjudicará al ciudadano por el hecho de tener que desplazarse para reclamar sus derechos. Para la Abogacía, lo que convendría es especializar en esta materia algunos juzgados comarcales -con la adopción de los criterios de reparto adecuadas- y dotarlos de los refuerzos necesarios para poder hacer frente con más celeridad a la avalancha de demandas que se prevén por cláusulas abusivas “respetando siempre el principio esencial de proximidad de la justicia al ciudadano”.

MÁS INFORMACIÓN: La Abogacía rechaza por unanimidad el plan del CGPJ para especializar sólo un juzgado por provincia para las cláusulas hipotecarias

Los catorce Colegios de Abogados catalanes han suscrito un manifiesto contra la provincialización de los órganos judiciales en las reclamaciones de los consumidores frente a las entidades bancarias denunciando que “la concentración en un solo juzgado provincial del conocimiento de estos pleitos facilita las posibilidades de defensa de las entidades bancarias, beneficia a los titulares de los órganos judiciales de nueva creación, pero en nada beneficia a los consumidores usuarios de productos bancarios, que se encontrarían con los perjuicios añadidos los desplazamientos injustificados, los costes inherentes a estos y el tiempo a invertir”. Para la Abogacía Catalana “la creación de órganos judiciales especializados tiene un carácter excepcional de ninguna manera justificado como medida general”. Por todo ello, el Consell recomienda seguir ejercitando las acciones judiciales de esta naturaleza “allí donde corresponda por razón del domicilio del ciudadano afectado”.

Además, el Consell de l’Advocacia Catalana anuncia que, en defensa de los derechos de los ciudadanos, recurrirá esta decisión del CGPJ.

El manifiesto también reclama el derecho de la abogacía institucional a participar en la adopción de cualquier decisión referida a la modificación de la territorialidad de los órganos judiciales, reiterando su defensa de la Justicia de proximidad.

“Una justicia impropia del siglo XXI”

Para el presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, Carles McCragh “la concentración en un solo juzgado de estos procedimientos en manos de jueces en prácticas, no garantiza un buen servicio público y aleja la justicia de quienes la reclaman”. Todas las reformes que plantean, el CGPJ les basa bajo el pretexto de la especialización. En este caso, continua afirmando, “la especialización es más que dudosa, en jueces faltos de experiencia, lo que contradice la calidad que se busca en este servicio”. Finalmente, alerta que “la concentración conseguirá generar un efecto disuasorio a los ciudadanos a la hora de reclamar sus derechos”. Para la Abogacía Catalana, “el plan del CGPJ parte de una concepción regresiva y centralista de la justicia, impropia del siglo XXI, que la alejará del ciudadano y le obligará a soportar desplazamientos costosos en tiempo y dinero”.

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