I Congreso Derechos Humanos: La Abogacía reitera su compromiso contra la tortura y los malos tratos

La Fundación Abogacía Española organizó, el 10 y 11 de diciembre, el I Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía Española que en su primera edición ha estado dedicado a la prevención de los malos tratos y la tortura. Este primer Congreso, celebrado en el marco de la Conferencia anual de la Abogacía que cada año se desarrolla en la semana del 10 de diciembre para conmemorar la declaración Universal de los Derechos Humanos, suscitó tanto interés que muchas personas no pudieron asistir por falta de plazas.

CIES, centros penitenciarios, centros de menores, comisarías y centros psiquiátricos, e incluso los traslados de detenidos y presos o los vuelos de deportación son los principales espacios que posibilitan la tortura y hacen difícil investigar y condenar estos hechos, según resaltaron los participantes en el Congreso.

Una de las principales conclusiones es que las leyes españolas no se adecuan a los estándares internacionales de lucha contra la tortura y ni el Código Penal ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal han incorporado las recomendaciones del Consejo de Europa, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) o el Relator de la ONU contra la tortura. También coincidieron muchos de los ponentes en su reclamación de eliminar la prisión incomunicada.

A pesar de las dificultades para investigar y condenar estas prácticas, los abogados y abogadas pueden y deben utilizar todas las normas legales a su alcance y no cejar en el empeño por erradicar los malos tratos y a tortura. Para ayudar a los profesionales de la Abogacía a superar trabas, la Fundación ha editado una Guía práctica de actuación ante supuestos de malos tratos o torturas, coordinada por el abogado y miembro de la APDH, Valentín Aguilar,  que se presentó en el Congreso y que pretende ser una herramienta útil y en permanente actualización.

El presidente de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, destacó en la inauguración el acierto de dedicar este Primer Congreso a la prevención de la Tortura, justo cuando se ha hecho público el informe del Senado de Estados Unidos sobre torturas de la CIA tras los atentados del 11-S.

Entre los participantes estuvo la abogada Nancy Hollander, represente legal de dos presos de Guantánamo que han sufrido torturas y de la soldado Chelsea Manning, condenada a 35 años de privación de libertad por el caso Wikileaks. Hollander, que estuvo acompañada por el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, denunció que muchas personas siguen presas en Guantánamo a pesar de que se ha dicho que no hay cargos contra ellos. También fue tajante al asegurar que nadie va a ser condenado, ni siquiera procesado, en Estados Unidos por torturar a los detenidos.

El Congreso se estructuró en varias mesas en las que se abordó la adecuación y aplicación del marco jurídico; la actuación del abogado y abogada frente a las personas privadas de libertad y el análisis de las actuaciones de los operadores de justicia; y la investigación y sanción de los actos de torturas o malos tratos inhumanos o degradantes. El Congreso se cerró con una mesa redonda en la que se trató de la obligación internacional de erradicar en la función pública las prácticas que vulneran la integridad física y psicológica de las personas.

Patricia Goicoechea, de RIS; Virginia Álvarez, de Amnistía Internacional, y el abogado Endika Zulueta coincidieron en asegurar que ninguna de las normas internacionales se aplican en la legislación española para erradicar la tortura. Así, ni la detención es comunicada, ni el detenido tiene acceso efectivo a un abogado, ni se le reconoce el derecho a ser reconocido por un médico de su confianza.

Zulueta afirmó que las normas europeas no se aplican en España “porque reconocen los derechos de las personas pobres” y animó a los profesionales de la Abogacía a utilizar todas las normas legales a su alcance. “Lo más revolucionario hoy día es aplicar el derecho”, dijo.

Pau Pérez e Irene Ruano, miembros del Grupo de Acción Comunitaria y Jorge del Cura, miembro de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, se centraron en la aplicación del marco jurídico, analizando la aplicación del Protocolo de Estambul y lo que ocurre en Melilla. Coincidieron en reclamar la visibilización de los malos tratos y la tortura, una de las principales reclamaciones de las víctimas, que en muchas ocasiones tienen miedo a denunciar y siente desconfianza hacia los tribunales. En cuanto a la cifra de víctimas, del Cura denunció que “no existen registros oficiales sobre casos de torturas” en suelo español, añadiendo que los únicos datos son los informes de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, que se publican desde 2004, y que han registrado 6.621 denuncias entre 2004 y 2013.

Manuel Barros, responsable de la Unidad del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Rafael Ribó, Sindic de Greuges; Andrés García, del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona y Manuel Miranda, fiscal ante el TC, explicaron la función de los mecanismos de prevención y las acciones que la sociedad civil puede llevar a cabo para combatir la tortura. La decana de La Palma, Milagros Fuentes, que moderó esta mesa aseguró que en este tema “la intolerancia es necesaria, la indiferencia no debe existir y la tutela judicial efectiva debe garantizarse aún más con las personas privadas de libertad”. Ribó denunció el retroceso que supone la Ley de Seguridad Pública. “Cuidado con estas leyes que en Europa ya han puesto en la picota”, dijo.

Por su parte, Andrés García, aseguró que las organizaciones de defensa delos Derechos Humanos deben adelantarse a la aprobación de normas que afecten a derechos. Mientras, Manuel Miranda cree que la entrevista del abogado con su cliente no debe tener como objetivo solo la preparación de la defensa, sino también comprobar las condiciones en las que se cumple la privación de libertad.

Sobre identificación de malos tratos o torturas en las visitas de los abogados a los centros en los que están personas privadas de libertad hablaron Antonio Segura, abogado; Irene Muñoz, asesora jurídica de FEAFES; Marcelo Belgrano, abogado y miembro de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española; y Carlos García Castaño, presidente de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española. Antonio Segura denunció los espacios de impunidad, mientras que Irene Muñoz advirtió del peligro de los silencios: “Cuidado con los silencios, como no hay denuncia no hay tortura”. Respecto a los CIEs, Marcelo Belgrano señaló que “el amplio camino de reconocimiento de derechos ha sido por jurisprudencia y no por legislación” y dijo que los CIEs no deberían tener carácter penitenciario. Por último, respecto al papel del abogado en los centros penitenciarios García Castaño denunció situaciones estructurales inaceptables en los mismos e incidió en que los abogados de los SOAJ deben tener facilidades para acceder a los presos que quieran contactar.

Un magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, José Luis Ramírez Ortiz; un fiscal del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda; y un inspector de Policía, Gonzalo Fraga, se encargaron de analizar la investigación de los malos tratos y torturas. Todos coincidieron en la importancia de la denuncia para que estos casos sean investigados. Ramírez Ortiz criticó que muchos jueces ignoren este tipo de denuncias porque las entienden como maniobras de las víctimas para invalidar las diligencias en su contra y Manuel Miranda recordó que el TEDH ha advertido en reiteradas ocasiones que la falta de investigación de las denuncias de malos tratos y torturas provoca que éstos no se acrediten de forma suficiente y por tanto no se condene al Estado. Por su parte Gonzalo Fraga afirmó que para erradicar los malos tratos y la tortura lo que primero que debe hacer la Policía, y las fuerzas de seguridad del Estado en general, es reconocer su existencia, porque “efectivamente los hay, tanto en la Policía, como en la Guardia Civil y en las policías autonómicas” y animó a denunciar los casos que se conozcan. “Se trata de cerrar espacios de impunidad y acabar con los códigos de silencio”, subrayó. Al finalizar la intervención de Gonzalo Fraga, los participantes en el I Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía le sometieron a un intenso interrogatorio durante el turno de preguntas.

El profesor de Derecho Penal de la Universidad de Comillas, Julián Ríos, explicó que la tortura se explica “por la antropología de la desigualdad. Se niega al ser humano para convertirlo en un concepto, se le animaliza. El derecho penal tiene una brutalidad intrínseca que hay que denunciar” dijo y recomendó a los abogados “extravagar, bordear la legalidad para denunciar torturas y malos tratos. La cultura de los Derechos Humanos tiene que entrar en un espacio clausurado y para entrar en esos espacios están los abogados que deben tener una actitud de valor, reconocimiento y protección de la dignidad de la persona”.

Tras una interesante mesa redonda titulada “El Estado de Derecho en España y la obligación internacional de erradicar en la función pública las prácticas que vulneran la integridad física y psicológica de las personas: ¿Un juego de espejos deformados?”, los ponentes de la misma – Jorge del Cura, de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura; Andrés García, del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona; Lydia Vicente, coordinadora general de RIS (Rights International Spain); y el magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Juan Ramón Sáez Valcárcel- cerraron el Congreso con una frase. Lydia Vicente pidió “voluntad real para erradicar la tortura y los malos tratos”. Andrés García señaló que “el cambio empieza por acciones individuales pero es imprescindible la acción común”. Jorge del Cura dijo que “la erradicación de la tortura es obligación exclusiva de la sociedad civil, no del Estado”, mientras que Juan Ramón Sáez Valcárcel apuntó que “la erradicación de la tortura es inalcanzable pero los juristas tenemos la obligación de actuar”. Para finalizar, el moderador de la mesa, Carles McCragh –decano del Colegio de Girona y vicepresidente de la Fundación- clausuró el Congreso reivindicando el idealismo para acabar con la tortura.