Los jueces decanos apoyan un Pacto de Estado por la Justicia con una “hoja de ruta clara”

Los jueces decanos de España han demandado “con urgencia” un Pacto de Estado por la Justicia, “imprescindible” para que España tenga una justicia del siglo XXI y que tenga “una hoja de ruta clara que indique dónde queremos ir y certifique la voluntad política de apostar por la modernización judicial”. Consideran que “no se trata sólo de aprobar leyes, ya muy numerosas; sino, sobre todo, de una nueva organización y de suficiente dotación presupuestaria, hoy muy escasa”.

Esta ha sido una de las conclusiones de las 26 jornadas nacionales de jueces decanos de España, que representan a más de 2.000 jueces, que se han celebrado desde el pasado lunes en Málaga, en las que se ha puesto de manifiesto el papel “clave” de la justicia en un contexto “complicado debido a una grave crisis económica prolongada en el tiempo y a las dificultades derivadas de la necesidad de constitución de un nuevo Gobierno”.

El juez decano de Málaga, José María Páez, ha afirmado que llevan más de 25 años esperando este pacto “y hasta ahora hemos oído buenas palabras y buenas intenciones”, pero ha añadido que ahora “incluso en las propuestas de acuerdo político se habla ya de él”. Por esto, ha instado a que “se sienten y negocien ese pacto”, añadiendo que “no se puede hacer política con la justicia”.

Los jueces decanos han señalado en sus conclusiones que la Justicia “debe ser una prioridad, como la sanidad o la educación” , lamentando que actualmente “en España, no lo es”. Al respecto, han indicado que “no existe una firme y decidida voluntad política para construir un poder judicial fuerte, moderno y eficaz”. No obstante, “pese a las dificultades y a la escasa apuesta institucional por el sistema, la Justicia funciona”, han apuntado.

Páez ha explicado que a los jueces se les exige “celeridad” pero al mismo tiempo “no nos dotan de los medios necesarios” para ello; añadiendo que, no obstante, “con miles de causas complejas –la mayor parte de ellas relacionadas con la corrupción– y avalanchas de demandas, es sorprendente que en España la justicia esté funcionando razonablemente bien pese al olvido institucional, cumpliendo su obligación como garante de los derechos de los ciudadanos”.

Sin embargo, ha dicho, “afortunadamente los ciudadanos y los profesionales van percibiendo esta situación y la cuestión relativa a la necesidad de un Pacto de Estado en materia de Justicia hoy ya está calando en la ciudadanía y en los propios partidos políticos”.

Así, los jueces decanos han apostado por un Pacto de Estado que incluya un plan director a medio o largo plazo “para fijar los objetivos de qué justicia queremos tener y cuántos órganos necesitamos”.

En cuanto a cuestiones de carácter interno del Estatuto, el juez decano de Málaga ha comentado la relativa a potenciar el acceso de las juezas a cargos gubernativos como presidencias de audiencias o tribunales superiores.

ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

El juez decano de Madrid, Antonio Viejo, ha expuesto las conclusiones sobre la modernización de la justicia y las disfunciones, y ha incidido en la necesidad de aumentar la dotación presupuestaria, ya que consideran que “sin inversión no puede haber modernización, ni siquiera mejoras. Solo mero voluntarismo”, proponiendo una planificación también a largo plazo.

Los jueces decanos han apostado por una atención integral a las personas, porque “somos servidores públicos”, ha dicho, para lo que abogan por potenciar las Oficinas de Atención al Ciudadano, la adecuada dotación de las Oficinas de Atención a las Víctimas, “que han tenido una nula o muy escasa posibilidad de puesta en marcha”, y por que se creen oficinas de Información de Asistencia Social.

En el documento señalan que las funciones de estas oficinas de información y asistencia social podrían ser, por ejemplo, informar u orientar al ciudadano que acude a la Justicia sobre la existencia de plazas en centros de rehabilitación, de inserción social, de rehabilitación psicosocial, materno infantiles, de atención a la mujer, a ancianos, a menores en situación de desamparo, a enfermos mentales, a discapacitados.

Han suscrito la demanda de las asociaciones judiciales en el sentido de que “es imprescindible incrementar el número de jueces y elaborar un programa de ampliación de la planta judicial a medio y largo plazo, que aspire a situar la ratio de jueces en España en términos ajustados a los países de nuestro entorno para garantizar un servicio de calidad”.

También consideran “preciso arbitrar medidas para reducir la litigiosidad, excesiva en España, sin que ello suponga en absoluto merma del derecho a la tutela judicial efectiva”, así como racionalizar el uso de los recursos de la Justicia y potenciar mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como el arbitraje o la mediación.

También han debatido sobre la reorganización del mapa territorial, indicando en las conclusiones que “la eficacia requiere partidos judiciales de mayor extensión y grandes sedes donde se concentre un número suficiente de juzgados para que puedan disponer de mejor organización del trabajo y suficientes y adecuados servicios comunes y técnicos”, considerando “lo razonable que se reagrupen los más pequeños”.

En cuanto a la justicia digital, han lamentado la incompatibilidad de los sistemas informáticos de las distintas comunidades autónomas y el desarrollo “deficitario” del expediente digital, apostando por que esa modernización también se ponga al servicio del juez y no sólo de la oficina digital.

Apuestan por “eficaces” servicios comunes de apoyo a los juzgados, sobre todo en cuanto a averiguación de bienes así como la creación de servicios comunes especializados en ejecución, planteando la externalización de este cometido a la AEAT bajo estricto control judicial, comenzando por la ejecución de las multas.

El juez decano de Valencia, Pedro Viguer, ha expuesto las medidas sobre la eficacia y la calidad, apostando por hacer un estudio serio de las cargas de trabajo. Sobre las declaraciones del Ministerio de Justicia sobre el descenso de los procedimientos penales de gracias a las reformas realizadas, han señalado que eso “no es cierto”.

Han pedido una solución para los juzgados de lo Mercantil, de lo Social y de Primera Instancia, que están “en una situación preocupante” con cargas de trabajo que superan en algunos casos el 150 por ciento; han destacado la relevancia de la justicia en el sistema económico y han postulado la creación de órganos especializados en corrupción a nivel provincial.

Asimismo, han señalado que las reformas legislativas deben ir acompañadas de una memoria económica para que no queden en el ámbito de “lo platónico”. En este sentido, la decana de Oviedo, Pilar Martínez, ha comentado algunas de estas reformas como positivas, aunque ha señalado que otras, como la limitación de los plazos de instrucción o la de Segunda Oportunidad, “pueden resultar frustrantes”.