Amnistía Internacional denuncia un “asalto” a los Derechos Humanos

Amnistía Internacional ha denunciado que el mundo está sufriendo “un asalto global a los derechos y las libertades” y que el sistema de “protección internacional de los Derechos Humanos” está “en peligro de desmoronarse”.

“El mundo está sufriendo un asalto global a los derechos y las libertades. El sistema de protección internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario está ahora mismo en peligro de desmoronarse y es así por los ataques deliberados de los gobiernos o bien por el abandono de las instituciones internacionales”, ha asegurado el presidente de Amnistía Internacional en España, Alfonso Sánchez.

En la presentación del informe anual de Amnistía Internacional sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, Sánchez ha dicho que la ONG ha detectado “un desprecio” a instituciones internacionales que velan por el respeto a los Derechos Humanos, como la ONU, el Tribunal Penal Internacional y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

SIRIA, EJEMPLO DE LA FALTA DE RESPETO AL DERECHO INTERNACIONAL

En este sentido, ha subrayado que Siria “es un ejemplo” de las consecuencias de “la falta de respeto al Derecho Internacional” y ha reprochado a los líderes mundiales que actúen “tarde y mal” ante las crisis actuales, como son la crisis de los refugiados, “la mayor tras la de la Segunda Guerra Mundial”, los diferentes conflictos y los abusos contra la población civil de diferentes grupos armados.

“La respuesta de los gobiernos es o bien la inacción o bien medidas que agravan los problemas”, ha asegurado. Sánchez ha afirmado que la respuesta de los gobiernos ante las “amenazas a la seguridad” está siendo la “represión de la sociedad civil y de la libertad de expresión”.

61 PAÍSES CON PRESOS DE CONCIENCIA

El informe de Amnistía Internacional pone de manifiesto que 61 países han encarcelado a presos de conciencia, 19 han perpetrado crímenes de guerra u otras violaciones de las leyes de guerra y 122 han infligido torturas o malos tratos a personas detenidas.

El documento también señala que 113 países han restringido de forma arbitraria la libertad de expresión y de prensa y que 60 millones de personas viven desplazadas de sus hogares en todo el mundo. En total son 36 los países en los que los grupos armados han cometido abusos contra los Derechos Humanos y 30 naciones han obligado de manera ilegal a refugiados a volver a países en los que corren peligro.

156 DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS MUERTOS

El informe anual elaborado por esta ONG asegura que al menos 156 defensores de los Derechos Humanos murieron en 2015 cuando estaban detenidos o porque fueron víctimas de homicidios. Además, en al menos el 55 por ciento de los países analizados hubo juicios injustos.

El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, ha criticado que los gobiernos estén actuando en contra de la protección de los Derechos Humanos y que traten este tema como si fuera “una amenaza” a la seguridad, poniendo como ejemplo de esta mala actuación a Francia por la imposición del estado de emergencia tras los atentados de París y ampliando esta medida excepcional durante meses.

“La protección de los Derechos Humanos tiende a desmoronarse”, ha afirmado, antes de criticar que algunos países sigan intentando vender armas a estados que no respetan los Derechos Humanos, otros se retiren del Tribunal Penal Internacional y que países como China tengan detenidos o perseguidos a “cientos de abogados”.

Beltrán ha lamentado que muchos países se nieguen a “dotar de fondos suficientes” a instituciones fundamentales de Naciones Unidas y rechacen e incumplan sus recomendaciones, así como que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) haya tenido menos presupuesto “en 2014 que en 2015”, a pesar de que se está viviendo la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial.

Asimismo, ha asegurado que México representa un “caso emblemático” de rechazo y “menosprecio” a las críticas de Naciones Unidas sobre su historial en materia de Derechos Humanos.

“¿Cómo es posible que en junio del año pasado Sudáfrica no detuviera y entregara al Tribunal Penal Internacional al presidente de Sudán, traicionando de ese modo a los cientos de miles de víctimas de homicidios ilegítimos y otros crímenes cometidos durante el conflicto en Darfur?”, ha planteado.

En opinión del director de Amnistía Internacional en España, está habiendo “claros intentos por hacer los Derechos Humanos un insulto al presentarlos como contrarios a la seguridad nacional, al orden público y a los valores nacionales”.

“Este enfoque no solo es contraproducente sino peligroso y pone en riesgo los Derechos Humanos de todas las personas, no solo de las personas que huyen de los conflictos”, ha alertado.

“LOS 48 PAÍSES MÁS RICOS” DEBEN ACOGER UN MILLÓN DE REFUGIADOS

Tras recordar que solo el 3 por ciento del presupuesto de la ONU se dedica a Derechos Humanos, ha reclamado un “cambio radical” en la respuesta que está dando la comunidad internacional a la crisis de refugiados, ofreciendo la acogida de 1.015.000 refugiados más vulnerables “en los 48 países más ricos”. “Toda esa gente necesita especial protección”, ha remarcado.

Sobre el futuro de Naciones Unidas, el director de Amnistía Internacional en España ha apostado porque el nuevo secretario general de Naciones Unidas que sustituya en el cargo a Ban Ki Moon actúe con audacia para potenciar la defensa de los Derechos Humanos y detener los conflictos y los abusos contra los derechos fundamentales.

Preguntado por las expectativas por el alto el fuego acordado en Siria, Beltrán ha recordado que el Gobierno de Siria tiene “decenas de miles de desaparecidos” y ha dicho que en su organización son “escépticos” porque el anterior cese de hostilidades fue aprovechado por el régimen para bombardear a trabajadores humanitarios.

En la comparecencia para presentar el informe anual de Amnistía han comparecido Joanne Mariner, investigadora para situaciones de crisis de la ONG, y Richard Nimubona, activista defensor de los Derechos Humanos de Burundi.

Mariner ha contado que Amnistía Internacional ha documentado en Camerún abusos y crímenes cometidos por el grupo terrorista Boko Haram y también los cometidos por las fuerzas de seguridad camerunesas, incluidos casos como el de la violación de una niña de doce años de edad.

La investigadora de Amnistía ha emplazado a la Unión Europea a presionar a Camerún para que detengan los abusos y investigue los delitos cometidos por sus fuerzas de seguridad. Además, ha exigido que la comunidad internacional dote de recursos y medios suficientes a la misión de Naciones Unidas en República Centroafricana para proteger a la población civil de la violencia.

Por su parte, Nimubona ha denunciado la represión que se ha impuesto en su país desde que el actual presidente, Pierre Nkurunziza, decidió saltarse la Constitución para presentarse a un tercer mandato, provocando las críticas de la oposición y manifestaciones ciudadanas en contra de su decisión.

El activista burundés ha asegurado que, según los cálculos de su organización, en Burundi se han registrado 690 muertes desde que Nkurunziza anunció su deseo de volver a presentarse como candidato presidencial, a finales de abril de 2015.

ESPAÑA NO ES AJENA AL RECORTE DE DERECHOS

España no es ajena a la tendencia global de recorte de libertades y derechos. Durante el último año, según el Informe de Amnistía Internacional, se han aprobado medidas legislativas que limitan desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica, y se han hecho oídos sordos a las recomendaciones de la ONU sobre la protección de los derechos humanos en nuestro país.

España ha recibido diferentes llamadas de atención por parte de mecanismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos o el Comité contra la Tortura de la ONU, por haber legalizado la expulsión sumaria de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en las fronteras de Ceuta y Melilla; o por no haber regulado el delito de tortura ni de desaparición forzada tal y como establecen los estándares internacionales.

Más de una docena de mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han alertado al Gobierno español por haber dejado sin asistencia sanitaria a cerca de 750.000 personas migrantes en situación administrativa irregular. Y el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales ha pedido a España que destine más recursos en incrementar la oferta de vivienda social.