Desahuciados de sus derechos

De todos los dramas sociales provocados por la crisis económica, quizá sea la pérdida de vivienda el que mejor simboliza el tremendo cambio que se ha producido en España desde 2007.

Miles de familias, a las que los bancos concedieron una hipoteca con condiciones leoninas cuando la burbuja crecía, se han visto atrapadas en una espiral de exclusión: han perdido el trabajo, dejan de pagar los plazos y se quedan en la calle, a la intemperie. Menores, ancianos, personas con discapacidad, enfermos…Seres humanos a los que el Estado debe una especial protección.

El desahucio no es un hecho puntual y aislado. Procede de un declive económico, de un desgaste humano y familiar, e implica la pérdida de derechos básicos.

Las ejecuciones hipotecarias afectan de forma negativa a toda la sociedad. El derecho de las personas a disfrutar de una vivienda “digna y adecuada” está garantizado en el artículo 47 de la Constitución y recogido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por España. Es un derecho indicativo de progreso social y del nivel de vida de los pueblos.

Evitar los desahucios supone, además, un acto de coherencia con los principios de igualdad social porque todas las personas, por el mero hecho de serlo, tienen el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad.

La Abogacía, cuya función social está más que acreditada, puso en marcha en 2012 las Oficinas de intermediación Hipotecaria (OIH), en las que abogados y abogadas buscan, sin coste alguno para las personas que acuden a ellos, un acuerdo entre deudores hipotecarios y entidades bancarias que evite la ejecución hipotecaria. El Colegio de Abogados de Terrassa fue el primero que consolidó una OIH con unos excelentes resultados. A Terrassa le siguieron otros Colegios y hoy casi 40 disponen de este servicio, que ha permitido que muchas personas puedan conservar su vivienda.

El Colegio de Abogados de Barcelona acaba de poner en marcha un Turno de Oficio específico en materia hipotecaria, que funciona en Córdoba desde 2012 y en el que 200 abogados y abogadas han ayudado a que más de 1200 familias conserven sus hogares.

En 2014, la Oficina de Intermediación Hipotecaria de Valencia, por ejemplo, atendió unos 2.000 casos, y alcanzó acuerdos en un 60% de ellos. También en Jaén, en Jerez, en Granada, en Manresa, en Ourense.…y en tantos otros Colegios se están evitando desahucios. Hace unos días, fue noticia que los Abogados de Vigo consiguieron paralizar uno especialmente cruel. Y muchos abogados y abogadas asesoran también de manera altruista a las organizaciones que defienden a los deudores hipotecarios.

Hace tiempo, en colaboración con el Consejo General del Trabajo Social ofrecimos nuestra experiencia al Gobierno para que implantara estas Oficinas en toda España. La Justicia europea ha corregido la legislación española en varias ocasiones – todos recordamos el caso de Aziz, a su abogado, Dionisio Moreno, y al juez Fernández Seijo, que consiguieron que se eliminaran las cláusulas abusivas- y sin embargo el Gobierno no ha adaptado la legislación interna a la Directiva 93/13 y hay jueces que no reconocen que las sentencias del TJUE son vinculantes para los órganos judiciales españoles, incluso aunque esté en vigor una normativa española con rango de ley.

Seguimos viendo cada día demasiados casos de familias destrozadas porque han perdido su casa, demasiadas vulneraciones de derechos básicos. Demasiadas injusticias provocadas “por un capitalismo salvaje que ha enseñado la lógica del beneficio a cualquier coste, del dar para obtener, del provecho sin mirar a las personas”. Estas palabras no son mías, son del Papa Francisco. Y más allá de la reflexión, deberían llevar a los poderes públicos a volver la vista a las personas para impedir que se imponga la acepción que recoge la RAE para el verbo desahuciar: “Quitar a alguien toda esperanza de conseguir lo que desea”.