12 diciembre 2014

La Subcomisión de Extranjería rechaza la ‘ley mordaza’ por legalizar devoluciones en caliente

La comisión de Interior del Congreso aprobó ayer la penúltima fase de la llamada “Ley mordaza”, con una enmienda que añade una disposición adicional en la que se pretende dar un marchamo de legalidad a una costumbre policial que, sin embargo, normas superiores constitucionales e internacionales impiden: las llamadas devoluciones en caliente, o expulsiones sin formalidad ni trámite alguno de personas que entran en España traspasando la vallas fronterizas de Melilla y Ceuta.

Aparte de las demás polémicas cuestiones que esta Ley plantea — la prohibición de captar imágenes de agentes de la autoridad o la responsabilización de los organizadores de todo lo que se produzca en un acto público, entre las más destacables — la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española quiere subrayar que el texto finalmente aprobado por la Comisión supone una vulneración flagrante de los textos internacionales suscritos por España. En concreto la prohibición de expulsiones colectivas establecida en el Protocolo IV del Convenio Europeo de Derechos Humanos, además de la Jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

El refrendo de los diputados del grupo Popular al texto supone la aprobación de una ley a sabiendas de su contradicción con normas superiores, es decir, una vulneración de la esencia misma del estado de derecho propia de un estado aislado de la comunidad internacional en la medida en que esta define los estándares mínimos del respeto a los Derechos Humanos. Al día siguiente del 66 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Congreso español le grita al mundo que el respeto a los derechos de protección internacional de asilados, menores, maltratadas y otros colectivos está por debajo de unos intereses operativos de control de fronteras, que por otra parte podría proteger digna y coherentemente con una inversión mínima y perfectamente asumible.

En lugar de habilitar un protocolo de actuación para las Fuerzas de Seguridad respetuoso con los derechos humanos y debidamente dotado de los medios necesarios para su digno ejercicio, se prefiere restringir derechos, incumplir compromisos internacionales y nuestra propia doctrina legal para dar una falsa imagen de contundencia que solo recae sobre los más desfavorecidos, y que seguirá siendo refugio de las mafias que se dice combatir.

Francisco Solans, portavoz Subcomisión de Extranjería de la Abogacía Española

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