La Abogacía Catalana pedirá a Català que derogue la ley de tasas judiciales y paralice las reformas de Gallardón

El Consell de l’Advocacia Catalana, que representa a los 14 Colegios de abogados catalanes, pedirá al nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, que derogue la ley de tasas judiciales y paralice el resto de reformas legislativas impulsadas por su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, hasta que se reanude el clima de diálogo con los operadores jurídicos. En este sentido, la Abogacía Catalana pedirá al ministro que retire el anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita, la Ley de Servicios Profesionales y que blinde los juzgados comarcales y de paz retirando el anteproyecto de Ley de Demarcación y Planta Judicial, entre otras reformas iniciadas por Gallardón.

El Consell de l’Advocacia Catalana, que hoy se ha reunido en pleno, pedirá al nuevo  ministro  de  Justicia,  Rafael  Catalá,  que  derogue  la  ley  de  tasas judiciales. Para el presidente del Consell, Miguel Sàmper ‘a expensas de la efectiva retirada, que es lo que sería deseable para la gran mayoría de ciudadanos, la voluntad del nuevo ministro de querer reformar la vigente ley de tasas debe ser tomada como una buena noticia’. Sin embargo, la Abogacía Catalana le pide al Ministro que no opte sólo por una reducción de las cuantías, sino que derogue totalmente la ley: ‘El derecho a la tutela judicial efectiva es incompatible con cualquier tasa, sea cual sea su importe’, destaca Sàmper.

La Abogacía Catalana también pedirá al nuevo ministro que paralice el resto de reformas legislativas impulsadas por el ministro Ruiz-Gallardón -como la Ley de Justicia Gratuita, la Ley de Demarcación y Planta o las de otros ministerios como la Ley de Servicios Profesionales- hasta retomar el clima de diálogo y el consenso  con  los  operadores  jurídicos  que  se  había  roto  con  el  anterior ministro.

El Consell de l’Advocacia Catalana quiere destacar en cualquier caso, la sensibilidad mostrada por el nuevo ministro en su primer día al frente del ministerio ‘sensibilidad que Ruiz-Gallardón no mostró en tres años como máximo responsable ejecutivo de la justicia española’, destaca Sàmper.