Un Año Judicial intenso y preocupante

Mañana se inicia el curso jurídico con la apertura del Año Judicial, en esta ocasión con una importante novedad: se trata del primero presidido por el Rey Felipe VI. Sabemos que conoce los problemas y hemos depositado en el nuevo Jefe del Estado muchas de nuestras ilusiones para que nuestra Justicia y nuestra democracia tengan una calidad acorde con los tiempos que vivimos. También vamos a echar de menos la presencia del rey Don Juan Carlos, siempre cercano a los problemas de la Justicia y de la Abogacía, siempre dispuesto a escuchar en las audiencias, en los encuentros institucionales o en la inauguración de nuestra sede, siempre presente en todas y cada una de las aperturas del Año Judicial. Gracias, Majestad.

Se presenta un Año Judicial intenso, con muchas preocupaciones, tantas como proyectos de nuevas leyes hay en marcha. Sin duda, las 16 leyes que afectan a los abogados y a los derechos de los ciudadanos y que están en tramitación son demasiadas. Estamos cansados ya de leyes que no entran en vigor o que se convierten en inaplicables al poco tiempo de su entrada en vigor. No es buena esta inflación legislativa. El lema debería ser menos leyes, pero mejores.

A la gran cantidad de proyectos legislativos en tramitación se une otra dificultad añadida: no hay dinero para ponerlos en marcha. No debería entrar en vigor ninguna ley sin asegurar que están disponibles los medios económicos suficientes para garantizar su aplicación efectiva. Por eso consideramos imprescindible la existencia de un informe económico previo antes de la tramitación de leyes tan importantes para los abogados y para la ciudadanía y una dotación presupuestaria aprobada. Lo demás, son brindis al sol. ¿Cómo vamos a pagar el coste de implantación de todas estas leyes? ¿Y si no hay dinero, para qué aprobarlas? Peor aún es cuando se recauda dinero para una finalidad –como ha sucedido con la Ley de Tasas, que se iba a destinar a la Justicia Gratuita- y ese dinero va a las arcas del Estado, sin que la justicia vea un euro de lo recaudado.

Será interesante ver si en esta Apertura del Año Judicial se fija un plazo para que el Consejo General del Poder Judicial, -tal como le han pedido el Parlamento y los operadores jurídicos – reforme la estadística de la Justicia, que ni es real ni es fiable, como ha reconocido el propio presidente del Poder Judicial o el fiscal general del Estado. El número real de procesos tramitados con carga judicial efectiva supone aproximadamente un 20% de las cifras ofrecidas por el CGPJ. Así se destaca en el informe ‘Situación actual de la Administración de Justicia en España: un análisis desde el Derecho Procesal’ elaborado por la Universidad Autónoma de Madrid. Este es un análisis serio que demuestra que no hay más de dos millones de “asuntos” que tengan carga judicial real: hay duplicidades reiteradas, diligencias previas que se archivan sin más o cuestiones que no deberían ser tenidas en cuenta. No se pueden abordar reformas eficientes sobre datos nada fiables.

Y no se puede reformar nada -si se hace con ánimo de mejorar la Justicia, de que las reformas permanezcan en el tiempo, se asienten sobre problemas reales y ofrezcan soluciones efectivas- si no se hace con un amplio debate social y el máximo consenso político, profesional y social. Por eso, vuelvo a reclamar un Pacto de Estado por la Justicia

En resumen, datos reales para poder afrontar los problemas, debate y consenso con todos y medios para cambiar la Justicia. Todo lo demás será pan para hoy y hambre para mañana.