La Justicia en la Memoria del Defensor del Pueblo: tasas y quejas

Tengo un enorme respeto por la figura del Defensor del Pueblo y por las personas que han ocupado ese cargo desde don Joaquín Ruiz-Giménez a Enrique Múgica, María Luisa Cava de Llano, en funciones pero funcionando siempre, y a la actual defensora, Soledad Becerril. Siempre han apreciado la colaboración institucional de la Abogacía y casi siempre hemos encontrado su respaldo. Casi siempre. Cuando hemos acudido a pedir algo ha sido siempre en nombre de los ciudadanos, no en interés corporativo.

El Defensor del Pueblo acaba de presentar su memoria 2013 y en el terreno de la Justicia que es el que nos concierne, incluye algunos datos muy significativos. El nuclear es el de las tasas, que está en diversos capítulos y apartados de la Memoria. La defensora no estimó oportuno aceptar la petición de la Plataforma “Justicia para Todos”, en la que estaba el Consejo, para que presentara recurso de inconstitucionalidad contra la Ley, como si hicieron cuatro comunidades autónomas y el PSOE. Además varios jueces han presentado cuestiones de inconstitucionalidad. Es decir que materia, había. Miles y miles de ciudadanos se han quedado sin poder ejercer sus derechos ante los tribunales en 2013. Eso no se lo devolverá nadie aunque el Tribunal Constitucional tumbe la ley. La defensora, que reconoce en la Memoria que “se recibieron un alto número de quejas y peticiones de recurso de inconstitucionalidad”, prefirió hacer unas recomendaciones al Ministerio –“en buena medida aceptadas y cumplidas”, según ella- que este aprovechó para rectificar algunos de los horrores de la Ley, aunque esta sigue viva, impidiendo a miles y miles de ciudadanos el acceso a un juez y a la tutela judicial efectiva. Poniendo barreras a los ciudadanos ante la Justicia. Una gran oportunidad lamentablemente perdida.

Pero en la Memoria 2013 hay mucho más. Las quejas sobre la Justicia son el tercer capítulo más importante después de la función y empleo públicos y la actividad económica. Incluso el segundo, si le sumamos las que están contabilizadas en capítulos como registro civil, tráfico y seguridad vial o ciudadanía seguridad pública. Da lo mismo. En total, entre 2.200 y 4.000 quejas más o menos. Más que por la sanidad, la política social, la seguridad social, la vivienda, la educación o el urbanismo. A los ciudadanos les preocupa la mala calidad de la Justicia. Al parecer, más que a los políticos.

¿Saben cuántas quejas ha habido por la prestación del servicio público de Justicia Gratuita que dan más de 39.000 abogados, 24 horas al día, 365 días al año a, aproximadamente, un millón de ciudadanos? Sólo 65 quejas, tres más que el año anterior. Espero que lo lean en el Ministerio de Justicia ahora que quieren cambiar, para mal, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Tal vez la quieren cambiar porque funciona…

La defensora denuncia y condena, además, “las alusiones de tipo ideológico sobre abogados en los atestados policiales” y recuerda “el deber legal de que se observe un respeto escrupuloso del ejercicio del derecho de asistencia letrada por los detenidos y presos que se encuentren bajo custodia policial”, un derecho constitucional.

En la Memoria se reconoce que en muchos casos, el problema no es tanto de asuntos ingresados –que ya hemos demostrado que es ficticio- como de “limitaciones presupuestarias existentes”, “falta de medios rayando en ocasiones la insuficiencia para dar un servicio adecuado al ciudadano” y de “problemas estructurales de los órganos judiciales”. Si acertamos en el diagnóstico, tal vez puedan empezar a solucionar los problemas.

Y algunas perlas más de la Memoria:

• Juzgado de lo Social nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria: para un procedimiento iniciado en 2012 se ha fijado la vista para el año 2016. (Página 112)

• Juzgado de lo Social nº2 de Santiago de Compostela: tras la última actuación judicial realizada el 20 de septiembre 2010, aún no se ha fijado fecha para la vista. Además, según el CGPJ hay 115 señalamientos más antiguos que el anterior, pendientes. (pag.112)

• Juzgado de lo Contencioso-Advo. nº 6 de Las Palmas: fecha para la vista, noviembre de 2015. (pág. 114)

• Juzgado de lo Contencioso-Advo. nº 7 de Madrid: procedimiento “abreviado” iniciado en 2012, tiene como fecha para el juicio el día 8 de junio de 2015. (pag.114)

• Juzgado de lo Contencioso-Advo. nº 2 de Toledo: el compareciente, en representación de su padre, manifiesta que este había iniciado en el año 2007 un procedimiento de responsabilidad patrimonial sanitaria. La última actuación judicial fue el 8 de abril de 2011 y está pendiente desde entonces la declaración de concluso y de dictado de la sentencia.(pág. 115)

• Almería: no hay ni folios ni bolígrafos y los letrados que deseen copia de los procedimientos deben llevar los folios. (pag.115)

• Palacio de Justicia de Alcoy: inició la temporada invernal, como las anteriores, sin calefacción, por no haber cargado el depósito, ya que la empresa proveedora, escaldada, no suministra si no cobra. (pag.115)

• Juzgados de Cangas (Pontevedra). Aquí sucede lo contrario. La temperatura en el interior llega a los 30 grados, por la incidencia del cristal y la pizarra del edificio y por el hecho de que no funciona el aire acondicionado. (pág. 115).

Hay más perlas, pero no quiero seguir. Cuando la defensora quiera contar con los abogados y sus Colegios no sólo visualizará los asuntos que le llegan mediante quejas o sugerencias sino que podrá echar una mirada de 360º a la insatisfactoria situación. En demasiados lugares de la Administración de Justicia, los abogados tienen que llevar los folios, pagan las fotocopias o el trabajo se realiza, especialmente para los funcionarios, en lugares insalubres. Y a eso nadie le mete mano. Yo creo que los ciudadanos nos quejamos poco. Demasiado poco.