¿Merece el Estado de Derecho el nombre de Estado de Justicia? (En la presentación de un libro de José Manuel Bandrés)

Ayer tuve el placer de presentar en la sede del Consejo General de la Abogacía Española un libro del magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés que lleva por título “Los desafíos de la Justicia contencioso-administrativa en el siglo XXI” (Tirant lo Blanch). Un placer porque siempre que Bandrés habla de derechos fundamentales, saca a relucir el derecho de defensa y el trabajo eficaz de los abogados para una mejor Justicia. Y un honor porque estaban en la sede de la Abogacía española grandes personalidades de la Justicia y muchos de los mejores juristas españoles. Aunque seguramente me olvide de alguno, estaban el fiscal general del Estado, cuatro ex ministros, un expresidente del Tribunal Constitucional, dos expresidentes del Consejo de Estado, un ex fiscal general, algún vocal del Poder Judicial, muchos, muchísimos magistrados del Supremo, catedráticos de Derecho, el embajador de Colombia y el ex presidente del Consejo de Estado de ese país… Al final también se sumó el presidente del Tribunal Supremo. En fin un acto muy interesante por lo que se ha dicho y por quienes lo han protagonizado.

El libro de Bandrés afronta el debate sobre la protección y garantía efectiva de los derechos y libertades de los individuos frente al ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas. Plantea 12 desafíos que la sociedad y los Estados deben afrontar, defender, asumir y resolver para asegurar la existencia de regímenes modernos verdaderamente democráticos y transparentes, en los cuales se impone la necesidad de que el poder esté sometido al control independiente, autónomo, responsable, eficaz, ágil y oportuno que le incumbe a la Administración de Justicia en lo contencioso administrativo, de cuya correcta organización y adecuado funcionamiento depende que cada sociedad pueda disfrutar de una tutela judicial efectiva de los derechos y libertades de todos los ciudadanos

Allí se dijo que los recortes sociales o las barreras de acceso a la justicia pueden provocar un efecto erosivo en los derechos de los ciudadanos y poner en riesgo la cohesión social imprescindible para una convivencia en paz (Fernando Ledesma); que una justicia muy lenta puede ser equivalente a una denegación de Justicia y esto lleva al final del Estado de Derecho (Mauricio Fajardo); que es necesaria la integración social de los jueces de lo contencioso (Luciano Parejo); o que la desigualdad es una falla completa del sistema político (Fernando Carrillo, embajador de Colombia en España).

José Manuel Bandrés, entre otras muchas cosas, afirmó que la misión de la jurisdicción contencioso-administrativa es la consecución de las libertades, la igualdad y la justicia y la sanción de los abusos y excesos del poder. “No existe Estado de Derecho, dijo, al margen del Derecho, al margen de la Justicia o al margen de las expectativas legítimas de los ciudadanos”.

Ayer por la mañana habíamos podido leer en los periódicos el durísimo informe de la Unión Europea sobre la corrupción en Europa, en la que España queda en evidencia. Creo, y así lo dije, que a los abogados nos preocupan enormemente en estos momentos las reformas que están encaminadas a recortar los resortes de control de la Administración. Nos preocupa la poda que se está gestando en la jurisdicción universal, o respecto de la acción popular y muy especialmente todo lo que ha supuesto la aplicación de la Ley de Tasas que ha hecho ya que miles de personas hayan visto afectado su derecho de acceso a la Justicia y, con ello, la tutela judicial efectiva. Como dijo, Eduardo García de Enterría, tenemos que trabajar, tenemos que seguir trabajando para que el Estado de Derecho merezca ese nombre y sea un verdadero Estado de Justicia.