El PSOE, tras reunirse con la Plataforma Justicia para Todos, anuncia un nuevo recurso contra las tasas judiciales

• Soraya Rodríguez reitera que las tasas son “abusivas e injustas” y “vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva recogido en nuestra Constitución, al constituir un impedimento desproporcionado e irrazonable para el acceso de los ciudadanos a la justicia”

El Grupo Parlamentario Socialista interpondrá un nuevo recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, que modificó parcialmente la Ley de Tasas Judiciales. Así lo ha confirmado, tras reunirse con la Plataforma Justicia para Todos, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, una vez analizada dicha norma, que para su grupo parlamentario supone “una ley abusiva e injusta y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva recogido en nuestra Constitución, al constituir un impedimento desproporcionado e irrazonable para el acceso de los ciudadanos a la justicia”.

“El PSOE presentará un nuevo recurso contra la Ley de Tasas por entender que las modificaciones efectuadas por el Gobierno no han modificado prácticamente en nada una política que impide de hecho que los ciudadanos puedan acceder a la Justicia y que representa un ataque brutal contra los derechos individuales” manifestó el lunes 29 de abril Soraya Rodríguez portavoz del PSOE en el Congreso a los miembros de la Plataforma Justicia Para Todos.

La Plataforma, integrada por el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos representativos de la Administración de Justicia, CCOO, UGT, CIS-F, USO y STAJ, pidió al Grupo Parlamentario Socialista que presentara un nuevo recurso contra la reforma de la Ley de Tasas tanto para que no decaiga el presentado hace dos meses como porque existen ya numerosas denuncias de personas que se han visto privadas del acceso a la Justicia por no poder pagar las tasas como por el hecho de que hay nuevos motivos para solicitarlo.

TRATO DIFERENTE A EMPRESAS Y PERSONAS FÍSICAS

Los miembros de la Plataforma denunciaron que, al margen de los casos habituales, se han aumentado las diferencias entre las cuantías pagadas por las personas jurídicas, las más favorecidas con el último cambio, y las personas físicas, se  está vulnerando la capacidad de defensa y los derechos profesionales de los empleados públicos,  se ha omitido el trámite de audiencia al Consejo de Consumidores y Usuarios y que muchas tasas siguen estando por encima, incluso, del salario mínimo, lo que es una barrera infranqueable para el acceso a la Justicia.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer manifestó que no existe la urgencia o necesidad de aplicar estas tasas, que la corrección –que el Ministerio fija en un 5 por ciento- es claramente insuficiente, que la cuantía de las tasas sigue siendo extraordinariamente perversa y que la Plataforma se sentía defraudada por la actuación del Defensor del Pueblo que no sólo no ha recurrido la Ley de Tasas, desatendiendo las peticiones de todos los colectivos sino que ni siquiera ha conseguido que el Ministerio de Justicia cumpliera lo que el defensor le pidió y que el Ministerio se comprometió a aceptar.

Carnicer manifestó a Soraya Rodríguez, que estuvo acompaña del portavoz de Justicia en el Congreso, Julio Villarubia, y de Antonio Camacho, vocal de la Comisión de Justicia, que las reducciones del derecho de defensa en distintos órdenes jurisdiccionales ya son muy graves por la aplicación de las tasas que están convirtiendo la tutela judicial efectiva en papel mojado.

Durante la reunión, los asistentes han comentado los numerosos casos concretos con los que los ciudadanos están renunciando a defender sus derechos ante los tribunales por no poder hacer frente a las tasas, lo que pone en evidencia “el  injustificado y desproporcionado obstáculo que estas tasas suponen para la efectividad del derecho a la tutela judicial”.

Asimismo, los asistentes a dicho encuentro han comentado la grave incidencia que estas realidades pueden suponer en la pérdida de empleo en el sector de los profesionales de la justicia.