11 marzo 2013

La Fundación Abogacía Española trabaja por la cohesión social y el acceso a la Justicia en Latinoamérica

Las Fundación Abogacía Española y Justice Coopération Internationale (JCI), de Francia, han iniciado este mes diversas acciones para favorecer el acceso a la justicia de colectivos vulnerables en varios países de América Latina, en ejecución del Programa EUROsociAL II.

Los Ministerios de Justicia u Órganos Judiciales de Argentina, Chile, Brasil, Costa Rica, Honduras, Perú, Paraguay, Ecuador y Guatemala son las entidades que han marcado las prioridades a abordar en cada uno de sus países a través de estas acciones.

Como resultado, el intercambio de buenas prácticas entre la UE y América Latina es el pilar fundamental de la actividad de las dos líneas de trabajo principales que se desarrollarán a lo largo del 2013: 1) “Diseño e implementación de protocolos para eliminar barreras de acceso a la justicia”; y 2) “Fortalecimiento de las Defensorías Públicas en la atención a personas privadas de libertad”.

A través de la primera de las acciones se promoverá la inclusión social de grupos de población vulnerables mejorando el acceso a la justicia. Para ello se diseñarán protocolos de actuación de los operadores de la administración de justicia, a partir de las barreras identificadas en cada país.

En el segundo caso, la acción está concebida con el objetivo de contribuir a mejorar el acceso a la justicia de las personas privadas de libertad, fortaleciendo y ampliando la cobertura de los servicios prestados por las Defensorías Públicas. El proyecto se desarrolla en colaboración con la Asociación Interamericana de Defensorías Publicas (AIDEF).

Numerosos expertos internacionales y locales prestan un valioso acompañamiento y asesoramiento en esta labor, bajo la coordinación de la Fundación Abogacía Española y JCI.

Entre los grupos vulnerables beneficiarios últimos de la actividad destacan, siempre de acuerdo al criterio de cada país participante: poblaciones indígenas, mujeres víctimas de violencia, personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes afrodescendientes en conflicto con la ley penal y personas privadas de libertad.

 

 

 

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