La Carta del BCE no sugirió modificaciones a la Constitución Española

El Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, ha ayudado al Banco Central Europeo (BCE) a solucionar un caso de acceso público a documentos relativo a una carta enviada por el BCE al Gobierno español en agosto de 2011. Un abogado español solicitó acceso a la carta porque deseaba saber si el BCE había sugerido una modificación de la Constitución Española. Frente a la negativa del BCE, el abogado presentó una reclamación ante el DPE. Tras inspeccionar la carta en cuestión, el DPE coincidió en que el BCE no debía divulgarla al público. La Constitución Española fue modificada en septiembre de 2011 con el propósito de limitar la deuda pública. Poco antes de esta modificación, en agosto de 2011, el Presidente del BCE envió una carta confidencial al Presidente del Gobierno español, en la que expresaba la preocupación del BCE sobre la situación extremadamente difícil de la economía española y la necesidad de tomar medidas rápidas. En septiembre de 2011, el abogado introdujo la solicitud, interesándose muy particularmente por saber si el BCE había solicitado que se modificara la Constitución Española. El BCE denegó el acceso, argumentando que tal divulgación perjudicaría el interés público por lo que respecta a la política económica y monetaria de la UE o de un Estado miembro. En el transcurso de la investigación del DPE, el BCE proporcionó una descripción detallada del contenido de la carta y sus objetivos, así como de las razones por las que se negó a divulgarla. El DPE también inspeccionó el expediente concernido del BCE y concluyó que la divulgación de la carta podría poner en riesgo los intereses en juego. No obstante, con el consentimiento del Presidente del BCE, el DPE confirmó al reclamante que la carta no sugería cambios en la Constitución Española. El reclamante se declaró satisfecho con este resultado. El texto íntegro de la decisión se encuentra aquí.