Centros de Internamiento de Extranjeros en España. Futuro marco legal.

El presidente del Consejo General de la Abogací­a Española, Carlos Carnicer, y la defensora del Pueblo, Mª Luisa Cava de Llano, inauguraron la segunda jornada del ciclo Crisis y Derechos Humanos que organiza la Fundación Abogacía Española en colaboración con LA LEY.

En esta jornada, que contó con la participación de portavoces y representantes de los partidos políticos, se presentó el informe elaborado por la Comisión Jurídica del Consejo General de la Abogací­a Centros de Internamiento de Extranjeros en España: régimen vigente y propuestas de futuro.

En la inauguración de la jornada, Carlos Carnicer, destacó que el informe pone de manifiesto la sensibilidad de la Abogací­a por mejorar la situación de los extranjeros que incurren en irregularidades administrativas, conductas que hoy por hoy “los poderes públicos sólo saben corregir a base de privación de libertad y con una tramitación de expedientes perezosa”.

SOLO LA MITAD DE LAS PERSONAS SON EXPULSADAS

Carnicer denunció que estas instalaciones sirven de paso previo a la expulsión del país y sin embargo sólo algo más de la mitad de las personas llegan a ser expulsadas. “Si tenemos en cuenta que sólo la mitad de los internamientos, un 53%, se materializan al final en expulsiones, veremos que casi la mitad de las personas están siendo privadas de libertad sin causa, y eso es muy grave en un Estado de Derecho que reconoce la libertad como primer derecho fundamental”, subrayó Carnicer.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Mª Luisa Cava de Llano destacó la ausencia de criterios uniformes para solicitar el internamiento e insistió en el carácter excepcional de esta medida. A su juicio, no tiene sentido continuar con las identificaciones policiales en la vía pública y las posteriores detenciones si los porcentajes de repatriación son tan bajos.

Cava de Llano recordó las recomendaciones de su departamento incluidas en el informe remitido al Parlamento, entre las que se incluye la propuestas de que la policía, encargada actualmente de la gestión de estos centros, custodie sólo su exterior y que la coordinación del interior corresponda a personas especializadas en temas sociales. La defensora reconoció la labor de la Policía en los centros, pero advirtió que a sus miembros “les estamos cargando de obligaciones, que no son propias del Cuerpo”.

DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

El Consejo General de la Abogacía considera que el  derecho español no se ajusta por completo al de la Unión Europea en materia de extranjería y por tanto el nuevo reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) deberá adecuar el ordenamiento interno al derecho de la UE.

A juicio del Consejo, la regulación de los CIES no garantiza  plenamente los derechos y libertades de los extranjeros sometidos a un proceso de expulsión, especialmente en lo que se refiere a la asistencia letrada, que actualmente carece de una regulación completa y sistemática.

La Abogacía considera que es “inadmisible” que la ley no detalle el estatuto jurídico de los extranjeros pendientes de repatriación y por lo tanto éstos se encuentren en una situación jurídica más restrictiva de sus derechos que la de los internos en Instituciones Penitenciarias, cuando los internados en los CIEs solo tienen temporalmente restringida la libertad deambulatoria.

Esta es una de las conclusiones del informe elaborado por  la Comisión Jurídica del Consejo General de la Abogacía sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros en España,  con el que quiere contribuir a resolver la actual situación de “limbo” o “páramo”  jurídico en el que se encuentran estos centros y que las sucesivas reformas legales no han paliado.

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Abogacía Española, en la línea de defensa de los Derechos Humanos que siempre ha asumido, ha mostrado una honda preocupación por las situaciones de vulneración de esos derechos que se producen tanto fuera como dentro de nuestras fronteras.

Una de las situaciones especialmente difícil se produce en relación con los denominados Centros de Internamiento de Extranjeros, ya que – como ha sido denunciado reiteradamente tanto la Abogacía como por otras instituciones- la arbitrariedad de la actuación administrativa y la falta de un real y eficaz control jurisdiccional vulneran los derechos de las personas en ellos internadas.

En el informe se reitera la necesidad de clarificar la finalidad y la naturaleza administrativa de  estos centros, así como la necesidad de elaborar un registro riguroso y fiable de las personas internadas y de su situación jurídica.

En este sentido, cabe destacar que de las 16.590 personas internadas, y por tanto privadas de libertad con finalidad de expulsión,  en el año 2009 (últimos datos oficiales disponibles) solo 8.935 fueron expulsadas. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la finalidad de estos centros debe ser exclusivamente la de llevar a cabo la repatriación, casi un 50% de los internamientos que se produjeron no habría tenido, en rigor jurídico, un fundamento legal.

La adaptación a la normativa europea permitiría que la medida de internamiento – una medida que debe ser adoptada excepcionalmente, ya que implica una privación de libertad- sea revisada periódicamente, y que si hubiera algún impedimento para hacer efectiva la expulsión, se procediera a la inmediata salida del CIE, previa adopción de otras medidas cautelares alternativas, en su caso.

PROPUESTAS DE LA ABOGACÍA

El Consejo considera que el plazo de 60 días actualmente vigente es excesivo y que debería volverse a la situación anterior a la reforma del 2009 que especificaba un periodo máximo de 40 días, periodo equivalente a los supuestos de extradición. En Francia, por ejemplo, ese periodo se ha establecido en 45 días.

Otra de las propuestas recogidas en el informe es que las actuaciones administrativas estén sometidas a un exhaustivo control judicial que tutele los derechos de los internados, ya que la actual regulación carece de cauces que incardinen la denuncia por los extranjeros recluidos en los CIES de las posibles vulneraciones de sus derechos y su posterior revisión judicial.

Asimismo, deben regularse los procedimientos para que los internados puedan ejercer todos los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico, como el derecho a la integridad física y a no ser sometidos a tratos inhumanos y degradantes, derecho a la asistencia jurídica en su idioma (derecho al intérprete); secreto de las comunicaciones y derecho a la tutela judicial efectiva y a la asistencia jurídica gratuita.

La Abogacía ha enviado este informe el Defensor del Pueblo, a los representantes de los partidos políticos con representación  parlamentaria y al Ministerio del Interior para que tengan en cuenta sus sugerencias en la elaboración de las futuras normas legales.

DESARROLLO DE LA JORNADA

En la primera mesa de la jornada, formada por representantes de grupos parlamentarios, se analizaron los problemas actuales de los CIES y se han apuntado algunas soluciones. Aunque todos los parlamentarios han estado de acuerdo en la necesidad de reformar la actual normativa para clarificar la finalidad de estos centros, han discrepado en otros aspectos, como la financiación o el tipo de personal que debe atenderlos.

Conrado Escobar, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Interior, aseguró que los CIES son centros especiales que disponen de cobertura legal y garantía judicial para los internos, inmigrantes en situación irregular.

Escobar aportó el dato de que en 2011, fueron ingresadas en este tipo de centros 13.241 personas, de las que 6.825 fueron expulsadas. La estancia media fue de 18,21 días y el porcentaje de ocupación de un 67,39% en la península y un 4% en Canarias.

Para Antonio Hernando, vicepresidente segundo de la Comisión de Interior del Congreso y representante del Grupo Socialista, los CIES tienen que existir, pero reconoció que tanto  informes de las organizaciones no gubernamentales como del Defensor del Pueblo ponen de manifiesto que su funcionamiento es claramente inadecuado, sobre todo por la propia concepción de estos  centros. A pesar de que el internamiento es una medida cautelar que debe aplicarse in extremis para hacer posible la expulsión, no se expulsa a todos los internados, lo que demuestra que se están utilizando más como una medida sancionadora. “Inventemos unos centros en los que sólo se limite el derecho deambulatorio y ningún otro”, dijo Hernando.

Por su parte, el portavoz de Izquierda Plural, Ricardo Sixto, aseguró que su grupo es contrario a la existencia de los CIES ya que para limitar los movimientos de las personas que han cometido infracciones administrativas “existen otros procedimientos”. Sixto expresó el temor de que la idea que se baraja en el nuevo reglamento de que la gestión de los CIES corra a cargo de ONG, esconda en realidad una privatización de esa gestión.

Antoni Picó, portavoz del Grupo Catalán en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, aseguró que actualmente el panorama normativo de los centros de extranjeros es “caótico” y por tanto su regulación debe basarse en dos premisas. Son centros preventivos sin carácter penitenciario y sólo para garantizar la expulsión y el juez de instrucción debe ser el competente para determinar el ingreso y resolver las quejas de los internos. Picó propuso la creación de un órgano judicial especializado.

Aitor Esteban, del Grupo Vasco, subrayó que los problemas de los CIES no son sólo regulatorios, sino de “falta de actitud”. “Incluso con la norma del año 99 se podrían hacer las cosas de otra manera. La falta de especialización del personal hace que se adopten comportamientos extraños”, aseguró Esteban quien también puso de manifiesto que no existen estadísticas fiables sobre la situación de estos centros.

La primera mesa concluyó con la intervención de Andrés Herzog, secretario general del Grupo Parlamentario de UPyD aseguró que estos centros son necesarios y reclamó una mejora de sus condiciones basada en la regulación de su funcionamiento y en la existencia de personal especializado. Herzog calificó de “intolerable” que casi un 50% de las personas no sean expulsadas, pero alertó de que las normas por sí solas no son la panacea, ya que “hay muchas normas que no se cumplen”. “No he podido encontrar ni una sola partida destinada a CIES en los presupuestos de este año”, concluyó.

FUTURO MARCO LEGAL

En la segunda mesa se analizó el régimen vigente y las propuestas de futuro para los centros de internamiento.

Pascual Aguelo, presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española explicó las principales aportaciones del informe y destacó la honda preocupación de la Abogací­a por garantizar los derechos de un colectivo tan vulnerable como los extranjeros en situación irregular.  Aguelo recordó que el Consejo siempre se ha mostrado muy crítico con la medida de internamiento, ya que implica una restricción de derechos.

Aguelo subrayó que la medida de internamiento debe tener como único objeto la expulsión y por tanto debe someterse a revisiones periódicas para comprobar si va a poder llevarse a cabo y, en caso contrario, proceder a la libertad del interno.

El coordinador del Servicio de Orientación Jurídica de Extranjería del Colegio de Abogados de Madrid, Marcelo Belgrano, reconoció que la regulación actual es insuficiente y destacó el “acierto del legislador al haber instaurado los juzgados de vigilancia y control de estos centros”. Sin embargo, el abogado insistió en la necesidad de regular su actuación.

Desde enero de 2010, tras la reforma de la Ley de Extranjería, todos los internos gozan de asistencia jurídica, creándose en el Colegio de Abogados de Madrid un servicio de orientación jurídica en los CIES, con servicio tres días a la semana -por razones presupuestarias- de 9,30 a 13,30 horas. De los 5.000 internos de los CIES de Madrid pasaron por este servicio 2.148 en 2011. El letrado consideró que el futuro reglamento debería recoger este servicio de asistencia jurídica.

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Informe de la Abogací­a Española sobre los CIEs. Régimen vigente y propuestas de futuro