El presidente de Urbanismo del ICAV lamenta que el fallo del tribunal europeo llega cuando el mal está hecho

27/05/2011 El presidente de la sección de Urbanismo del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), Pablo Delgado, asegura, en un artículo de opinión, que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) que ha avalado la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y ha dictaminado que esta norma no vulnera la legislación comunitaria en materia de contratación pública, tal y como habían denunciado la Comisión Europea y la Eurocámara, "llega cuando el mal producido por el descrédito se ha irremediablemente desencadenado ya".

Según subraya Delgado, "como no podía ser de otra forma", el Tribunal de Justicia Europeo ha dictado una sentencia desestimatoria del recurso interpuesto por la Comisión Europea contra el Reino de España, "por el que se pedía en román paladino la anulación de la Ley Urbanista Valenciana vigente y de su predecesora la LRAU".

 En esta línea, considera que la resolución, que además declara en sus pronunciamientos la "falta de acierto" de la Comisión Europea, y por tanto la "ausencia de criterio en aquellos que postularon su presentación negando nuestra capacidad en la Comunitat Valenciana de autorregularnos convenientemente", llega "cuando el mal producido por el descrédito se ha irremediablemente desencadenado ya".

 "La instrumentalización que efectuaron distintos grupos y medios del referido recurso de la Comisión Europea repitiendo lemas anti abuso y dibujando a nuestra Comunidad como una taifa de piratas berberiscos ya no tiene marcha atrás", ha apuntado, ya que, según sostiene, "los ciudadanos europeos que alertados por esa campaña decidieron no invertir en nuestro país, condicionaron un mercado ya castigado por la crisis –muy bien no sé si el huevo y la gallina fueron a la vez–, sin que desde aquí los actores obligados a la defensa del interés económico conjunto supieran tener una voz mas potente que la de los ruidosos denunciantes".

En este sentido, argumenta que la trascendencia de la sentencia "queda eclipsada por la muerte clínica del sector inmobiliario-urbanístico". No obstante, estima que la resolución "al menos debe de servir como referente de trabajo para que, desde ahora, el Gobierno valenciano resultante de los comicios –"nuestros representantes políticos, incluidos aquellos eurodiputados que apostaron por la ilegalidad de nuestro sistema", dice– las asociaciones empresariales y los colectivos profesionales y sindicales "deben cerrar cuanto antes un marco claro seguro y sencillo que permita y sea base de la reactivación del sector", que es "imprescindible" para la economía valenciana.

"Siempre con el debido respeto a la sostenibilidad del medio natural y con la confianza de la custodia que de la legalidad hacen los tribunales", incide, y tiene un "último recuerdo" para el eurodiputado Michael Cashman y "su compañía de asistentes, que vinieron en honor de multitudes con cargo al erario público en bussines class y con eurodietas a pisotear nuestro derecho –como queda demostrado– con un discurso de moratoria y paralización que en sus países respectivos nunca se atrevieron a pronunciar".

El letrado señala que se permite el "lujo" de ser "irrespetuoso" por "haber postulado desde hace años (con muchos de mis compañeros, con mi Colegio de Abogados (en el II Congreso de la Abogacía Valenciana), con los letrados de la Generalitat y aquellos del Reino de España que llevaron la defensa de los intereses de nuestra Comunidad) por activa y por pasiva los posicionamiento de legalidad de la Ley Urbanística Valenciana que ahora la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo resuelve".