Un sufragio no tan universal

El domingo 20D tenemos la oportunidad de ejercer libremente uno de los derechos más importantes en democracia, el derecho al voto. En esta ocasión nos jugamos mucho en todos los terrenos y, en lo que nos afecta, especialmente en el de la Justicia. Como dije en un comentario anterior, hemos conseguido que los partidos incorporen algunas de nuestras peticiones a sus programas, pero sigue siendo insuficiente: en esta campaña tampoco se ha hablado de los problemas de la Justicia. Como mucho, los partidos se han ocupado del reparto o del control del “poder judicial”. Nada más. Otra ocasión perdida que todos lamentamos.

Pero ya que hablamos de Justicia y de elecciones, quiero centrarme en un par de asuntos que ocupan aún menos espacio en los debates políticos. Problemas que venimos arrastrando desde hace años, que también siguen sin resolverse y que  afectan directamente al derecho ciudadano al sufragio universal, menos universal de lo que debería ser.

Como ya hemos denunciado en numerosas ocasiones, al menos 80.000 personas en España están privadas de un elemental derecho de ciudadanía. ¿Y por qué? Simplemente porque tienen una discapacidad psíquica.

Naciones Unidas aprobó el 13 de diciembre de 2006 la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que los discapacitados psíquicos tienen el mismo derecho a votar que el resto de ciudadanos. En 2008, el Estado español ratificó la Convención, que obliga a cambiar la ley electoral bajo la premisa de que “ninguna persona por razones de discapacidad puede ser privada de este derecho fundamental”.

Tres años más tarde, en 2011, la ONU advirtió al entonces Gobierno socialista de que no había hecho los deberes en materia electoral. En octubre de 2013, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad solicitar al Gobierno una propuesta de reforma electoral en el plazo de seis meses. Han pasado más de dos años, pero nada se ha hecho.

Como denunció el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno,  privar del derecho al voto a estos ciudadanos “es una anomalía de nuestra democracia, que la hace más débil y más deficitaria”.

Personas con otro tipo de discapacidades físicas o problemas de movilidad encuentran cientos de obstáculos para votar, tantos que el hecho de que vayan al colegio electoral les haría merecedoras, permítaseme la ironía, de un bonus en democracia.

Y hay más. Otros muchos ciudadanos españoles no podrán ejercer su derecho al voto: los que residen fuera de nuestro país y deben recurrir al voto rogado. Este mecanismo, en vigor desde 2011 tras la reforma de la ley electoral, obliga a los emigrantes a pedir –rogar- ejercer este derecho en cada proceso electoral. Son múltiples las quejas que hemos escuchado de españoles residentes en el extranjero que se ven privados de un derecho consagrado en la Constitución. Este proceso incluye varios trámites para poder votar, que se deben llevar a cabo en un período de tiempo relativamente corto y –según las denuncias- muchas veces insuficiente. Y es un proceso que va en contra de la igualdad, porque quienes no residan en España no pueden ejercer su derecho al sufragio en igualdad de condiciones.

Más allá de la teoría, los perjuicios de este sistema se reflejan en la alta abstención entre este grupo de electores: según el diario El País, apenas 150.000 españoles (un 8% de los electores que residen en el extranjero) han pedido votar. Pero que pidan votar no garantiza que puedan hacerlo. A día de hoy, muchos de los solicitantes no han recibido sus papeletas y el plazo para votar por correo –la opción a la que deben acogerse muchos que, por su localización, no tienen acceso a consulados o embajadas- ya ha finalizado.

Ante esa situación, como en muchas otras ocasiones, la sociedad se ha movilizado y ha surgido en redes sociales el movimiento #RescataMiVoto, por el que españoles residentes en el extranjero solicitan que residentes aquí, y que pensaran abstenerse en las elecciones del domingo, les “presten” su voto. Una buena iniciativa, sin duda, pero que no resuelve un problema que deja a miles de ciudadanos sin poder ejercer su derecho al sufragio.

Los ejemplos de estos dos grupos ponen de manifiesto que estamos ante una democracia imperfecta, una democracia en la que se incumple el principio de igualdad y en la que no todos sus ciudadanos tienen derecho a formar parte de ella eligiendo libremente si quieren votar o no. En esos casos, el Estado ha decidido por ellos.