02 julio 2014
Carta al presidente del Gobierno en nombre de todos los abogados
Ante la prórroga, una semana más, y van catorce, del plazo de enmiendas al proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y la habilitación del mes de julio para su tramitación y aprobación parlamentaria, me he dirigido con carácter urgente al presidente del Gobierno, en nombre de los 83 Colegios de Abogados y de los 250.000 abogados colegiados, trasladándole nuestro malestar y queja con respecto a la redacción actual del proyecto, pidiéndole su implicación personal y un diálogo “concreto, urgente, reflexivo, abierto y sincero” sobre los aspectos aún no resueltos de la Ley, que ponen en riesgo un servicio fundamental para garantizar el derecho de defensa de los más vulnerables.
He reiterado al presidente la voluntad de la Abogacía de dialogar para salvaguardar un servicio que funciona muy satisfactoriamente, sin incidencias ni quejas por parte de los ciudadanos, y que solo ha sido noticia negativa “por los retrasos en los abonos en las exiguas retribuciones, incluso con los impagos y con los recortes unilaterales por parte de algunas Administraciones Públicas”.
Le he recordado que el diálogo mantenido con el Ministerio de Justicia para acordar enmiendas al proyecto y los innegables avances logrados en algunos aspectos no han impedido que, al parecer por imposición del Ministerio de Economía y de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, haya sido imposible rectificar los “graves errores del proyecto de Ley de Justicia Gratuita que perjudica al justiciable, no garantiza la financiación pública ni la cercanía de la Justicia al ciudadano, no destina el dinero de las tasas a la Justicia Gratuita, desconfía y sospecha de los ciudadanos, no garantiza la digna retribución del servicio, burocratiza y hace más lenta la labor de los abogados y de los Colegios y, sobre todo, deteriora un servicio de calidad y no mejora el actual modelo ni lo moderniza”.
En el Proyecto de Ley de Justicia Gratuita hay temas nucleares que si no se cambian “pondrán en riesgo un servicio público modélico prestado por 83 Colegios de Abogados y 42.500 abogados, 24 horas al día, 365 días al año, que no sólo no cuesta más a los ciudadanos españoles sino que en 2013 costó 42 millones menos de euros respecto a 2009. Y con más colectivos y personas con derecho a este servicio por decisión legislativa. Esos recortes se han hecho fundamentalmente a base de reducir de forma sustancial los baremos que cobran los abogados de oficio, muchos de los cuales no se han tocado desde hace diez años”.
Todo ello “justifica sobradamente el malestar y la desconfianza no ya de los Colegios de Abogados o de los abogados de oficio, sino de la inmensa mayoría de los abogados. Si no se atienden nuestras peticiones sobre este y otros proyectos de ley que están también en trámite, tendrán contestación social.
Nos mueve el deseo de tener una Justicia que merezca la confianza de los operadores jurídicos pero, sobre todo, de los ciudadanos. No queremos una Justicia que dificulte el acceso a la tutela judicial efectiva ni una justicia cargada de barreras o de tasas ni una Justicia cada día más lejos de los ciudadanos.