Veterinarios en pie de guerra: el impacto del Real Decreto 666/2023

Por Òscar Tera Faba, abogado del Colegio de la Abogacía de Reus.

Como juristas que somos, entiendo que no es necesario hacer un artículo en el que se haga un simple resumen del articulado de una determinada norma, sino que el objetivo principal es hacer reflexionar a cada uno de los lectores sobre si el Real Decreto del que hablaremos, respeta o vulnera el equilibrio existente entre la responsabilidad veterinaria y el bienestar animal.

Nos estamos refiriendo al Real Decreto 666/2023 de 18 de julio, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios.

El mencionado Real Decreto fue publicado en el BOE el 20 de julio de 2023 y entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que ya hace casi dos años de ello. Pero, lo que sí es reciente y está creando gran controversia en la actualidad es el contenido de la Disposición Final Quinta, según la cual, el contenido del artículo 39.1 del Real Decreto, es de aplicación desde el pasado 2 de enero de 2025.

El controvertido artículo regula la comunicación de los datos de prescripciones veterinarias de antimicrobianos para animales de compañía a través de la herramienta central PRESVET, que está recibiendo numerosas críticas por parte de los profesionales de la veterinaria.

Así pues, las principales críticas que está recibiendo el Real Decreto y, en concreto, el contenido del artículo 39.1 se podrían resumir en:

• Sobrecarga burocrática que obstaculiza la labor de los veterinarios y retrasa la aplicación de tratamientos cruciales.
• Riesgos para salud animal, y es que, relacionado con la crítica anterior, ya se han dado casos de muertes de animales por retraso en la aplicación de antibióticos.

Sólo por poner un ejemplo, a mediados del mes de febrero, se ocasionó la muerte de una perra de 9 años en Galicia. La mascota, de la raza Jack Russell, falleció por una sepsis después de no recibir a tiempo el tratamiento antibiótico adecuado. Samuel Fernández, gerente del grupo veterinario Adrisa, explicó que la normativa impidió administrarle a la perra un antibiótico más potente sin un cultivo previo. Cuando llegaron los resultados del laboratorio, ya era demasiado tarde.

• PRESVET y sanciones desproporcionadas. También ha sido objeto de diversas críticas la obligatoriedad de notificar “todo” a través de esta herramienta central, exponiéndose los profesionales a multas completamente desproporcionadas, incluso por errores menores.

En este sentido, hace escasos días, el sector veterinario se manifestó en Segovia solicitando la derogación inmediata del Real Decreto y del Sistema PRESVET y poder suministrar los medicamentos en sus clínicas a los animales que están bajo su cuidado hasta que se complete su tratamiento, flexibilidad real en la prescripción basada en la evidencia científica y en el criterio clínico además de reducir el IVA veterinario al 10% como corresponde a un servicio esencial.

• Desigualdad fiscal y falta de consenso. Por un lado, se critica que mientras la sanidad humana tiene un IVA 0%, la veterinaria carga con el 21% (salvo en Canarias), además de haber implantado el Real Decreto sin diálogo ni consenso de partidos como PACMA o colegios profesionales.

Por el contrario, todas estas críticas han sido defendidas con firmeza por el Gobierno alegando que el Real Decreto mantiene el criterio clínico de los veterinarios y responde a una prioridad sanitaria global: la lucha contra la resistencia antimicrobiana. Los principales argumentos vertidos por el Gobierno se podrían resumir en los siguientes:

• Lucha contra la resistencia antimicrobiana. Destacan que las decisiones sobre el RD se alinean con la estrategia internacional “One Health” (salud humana, animal y ambiental interconectadas). Según el Gobierno, la resistencia a antibióticos causa millones de muertes anuales y no se pueden relajar los controles.
• No se limita el criterio profesional. En respuesta parlamentaria oficial, el Ministerio y el ministro Planas sostienen que los veterinarios cuentan con un “amplio catálogo” de fármacos confiables, y que la norma incluye márgenes de maniobra para su uso, como los procedimientos de escalada progresiva y la consideración de antibiogramas anteriores
• Consulta pública y armonización europea. Defienden haber sometido el RD a consulta pública —aunque no se recibieron alegaciones específicas sobre PRESVET— y justifican la regulación como adecuada transposición del Reglamento (UE) 2019/6, con intentos de equiparar fichas técnicas y disponibilidad de medicamentos a nivel europeo.
• Evaluación continua y posibles ajustes. Aclaran que se revisa periódicamente su aplicación, y aunque de momento no se consideran necesarias modificaciones, no descartan actualizaciones futuras según la evolución del entorno

A modo de conclusión, y desde mi humilde punto de vista, considero que el Real Decreto 666/2023 nace con un propósito incuestionable: frenar el avance de la resistencia antimicrobiana, una amenaza real para la salud global. Sin embargo, su aplicación al ámbito veterinario, especialmente en la medicina de pequeños animales, ha resultado excesiva y mal ajustada a la realidad clínica. El decreto impone cargas burocráticas desproporcionadas, limita la capacidad profesional sin fundamentos científicos sólidos y genera un clima de inseguridad jurídica que afecta tanto a profesionales como a propietarios de animales. Lejos de fomentar un uso más responsable de los medicamentos, lo que ha provocado es una fractura entre la administración y el sector veterinario. Rectificar no sería un retroceso, sino una muestra de sensatez y voluntad de diálogo.