Democracia cultural y bienestar animal: reflexiones a propósito de la ILP “No es mi cultura”

Por Cristina Ibáñez García, abogada del Colegio de la Abogacía de Barcelona.

La reciente admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) «No es mi cultura» ha devuelto al primer plano un debate jurídico y cultural que sigue abierto desde hace más de una década: la consideración de la tauromaquia como patrimonio cultural.

La iniciativa no plantea la prohibición de las corridas de toros, sino la derogación de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, que las blindó al declararlas patrimonio cultural inmaterial. Su objetivo es claro: devolver a comunidades autónomas y ayuntamientos la capacidad de decidir si quieren o no espectáculos taurinos en sus territorios.

Una ILP con amplio respaldo ciudadano

El dato más relevante de esta iniciativa es el apoyo social que la respalda. La ILP No es mi cultura ha reunido 715.606 firmas, de las cuales 664.777 fueron validadas por la Junta Electoral Central. Se trata de la ILP con mayor número de apoyos de los últimos diez años, superando en un 42 % el mínimo legal exigido.

Este resultado contrasta con la ILP presentada en 2012 por el sector taurino, que dio lugar a la Ley 18/2013. En aquella ocasión se validaron 500.165 firmas, apenas 165 más de las necesarias para su tramitación. La comparación entre ambas cifras refleja con nitidez una evolución social: frente a un apoyo justo y ajustado a favor de la tauromaquia hace más de una década, hoy emerge una mayoría amplia que pide su desvinculación como patrimonio cultural.

Además, la recogida de firmas ha demostrado ser un proceso plural y transversal. Han participado personas de todas las edades, ideologías y territorios, unidas por una convicción compartida: el sufrimiento animal no puede quedar protegido por una norma estatal que limita la capacidad de decisión de la ciudadanía.

El blindaje cultural y sus efectos

El principal efecto de la Ley 18/2013 fue el de introducir un blindaje jurídico que ha reducido la autonomía normativa de comunidades y municipios. El Tribunal Constitucional anuló, en
aplicación de esta norma, tanto la prohibición de las corridas de toros aprobada en Cataluña como la regulación de las corridas sin muerte en Baleares.

Estos fallos no respondieron a una valoración ética sobre los espectáculos, sino a una cuestión competencial: al haber sido declarada patrimonio cultural, la tauromaquia pasó a ser de interés general del Estado, limitando la capacidad de las comunidades autónomas para legislar sobre ella, incluso en el marco de sus competencias en materia de cultura o espectáculos públicos.

La consecuencia es que, incluso en territorios donde la oposición social a la tauromaquia es mayoritaria, no es posible regular o prohibir estos espectáculos sin entrar en contradicción con la ley estatal. La ILP No es mi cultura busca corregir esa anomalía devolviendo las competencias a los niveles de gobierno más cercanos a la ciudadanía.

Cultura, tradición y evolución social

El debate sobre la tauromaquia suele invocar la noción de tradición cultural. Sin embargo, la propia Ley 18/2013 reconoce que “la fiesta de los toros y los espectáculos taurinos populares están sujetos a constante evolución”. Los datos de los últimos años confirman esta afirmación: el número de festejos con muerte del animal ha descendido de forma sostenida, incluso a pesar de la protección legal y de los recursos públicos destinados a su promoción.

Por otro lado, las encuestas muestran una evolución clara de la sensibilidad social. Según un estudio de la Fundación BBVA en 2023, siete de cada diez personas en España rechaza el uso de animales en espectáculos taurinos. Resulta difícil sostener como “patrimonio de todos” una práctica que no solo carece de respaldo mayoritario, sino que genera división social y territorial.

El derecho a la cultura, entendido como un espacio de creación y transmisión de valores, no puede ser utilizado como un escudo para perpetuar el sufrimiento animal. La cultura se construye desde la libertad y desde la pluralidad, no desde la imposición.

Una oportunidad democrática

La ILP No es mi cultura no impone un modelo cultural único. Lo que propone es abrir un espacio de libertad y devolver la capacidad de decisión a comunidades autónomas y ayuntamientos. En un Estado plural, con realidades culturales diversas, resulta coherente
que sean los territorios quienes determinen qué expresiones culturales quieren proteger y cuáles desean dejar atrás.

Más allá del debate sobre la tauromaquia, esta iniciativa plantea una cuestión de fondo: ¿cómo entendemos la cultura en el siglo XXI? Una cultura que se respeta a sí misma respeta también a los animales y a la sociedad que la sustenta. La cultura puede representar el sufrimiento, pero no debería ser causa directa de él.

Estamos, en definitiva, ante una oportunidad democrática. Una oportunidad para fortalecer el pluralismo cultural, devolver competencias a los territorios y reconocer que la sensibilidad social en materia de protección animal forma ya parte del patrimonio común.