Abogados de oficio: vuestro derecho es nuestro compromiso

Paul Auster, Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2006, escribía en Leviathan que “si la Justicia existe tiene que ser para todos, nadie puede quedar excluido; de lo contrario, no sería Justicia”. Este principio está inexorablemente unido a la defensa de los derechos de los ciudadanos que la Abogacía asume. El pasado 12 de julio, los 83 Colegios de Abogados de España reclamaron atención para los abogados de oficio pero, sobre todo, medidas para que no se impida el acceso a la justicia de ningún ciudadano, especialmente de los más vulnerables.  De lo contrario, no habría Justicia.

Y sin Justicia, como he repetido en muchas ocasiones, no es posible la existencia del  Estado de Derecho que posibilita la Paz Social. El ciudadano, sobre todo el más vulnerable, queda desprotegido frente a posibles abusos de otros o, incluso, de los poderes públicos.

Si España es un Estado Social y de Derecho, como queda definido en nuestra Constitución, no puede olvidarse de los más desfavorecidos, de aquellos que no tienen recursos y que corren el riesgo de que sus derechos no sean adecuadamente defendidos y garantizados. El artículo 119 de nuestra Carta Magna recoge expresamente el derecho a la justicia gratuita, la única y, a veces, la última esperanza para los más vulnerables, en su derecho constitucional, social y humano, a recibir justicia. Si la Justicia no es social, no es Justicia sino arbitrariedad.

En la actual coyuntura económica, tal y como se recoge en el VII Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, las personas que piden este derecho se enfrentan a la importante reducción de la dotación presupuestaria para sufragarlo, que se ha reducido en 25 millones de euros sólo en los tres últimos años, fundamentalmente a costa de los honorarios de los abogados, pero no sólo, porque las tasas, que están imposibilitando a muchos ciudadanos acceder a la Justicia, son una barrera que vulnera el derecho fundamental a la defensa del artículo 24 de la Constitución..

Las voces de desempleados, inmigrantes, mujeres víctimas de  violencia de género, entre otros, que acuden a los Servicios de Orientación Jurídica Gratuita de cada uno de los 83 Colegios de Abogados para solicitar asistencia letrada no pueden ser ignoradas. Sus derechos tampoco. Tienen nombre y apellidos. Son nuestros amigos, vecinos, familiares. Y si los abogados no servimos a las personas, simple y llanamente no podemos tener el honor de llamarnos, a nosotros mismos, abogados. Estamos aquí para que los ciudadanos obtengan lo que les corresponde, lo que es justo. Somos una pieza esencial en un puzzle  en el que no siempre convergen derechos e intereses. Pero en la justicia gratuita, esa justicia social de los más necesitados, que decía Tomás de Aquino, todos debemos navegar en el mismo sentido: abogados, ciudadanos y Administraciones públicas.

Hablar de justicia gratuita es recordar a los 39.000 compañeros del Turno de Oficio que realizan una labor encomiable 24 horas al día, 365 días al año en cualquier lugar de España, a diario o en fines de semana, en las cárceles, comisarías y juzgados garantizando, casi siempre de forma anónima, desconocida, la paz social de nuestro país.

La mayoría de los ciudadanos que se han beneficiado de su asesoramiento o su defensa saben que son excelentes profesionales, con una formación especializada, que se dejan la piel por muy bajas remuneraciones, (tardíamente abonadas en muchas ocasiones) para proteger a los más desamparados. 39.000 profesionales que pelean duramente para que los derechos de los ciudadanos sean garantizados.

Su labor es impagable.  Sus casos sólo en contadas ocasiones saltan a los medios de comunicación. No buscan premios, no quieren protagonismo; tan sólo que su trabajo (también es el nuestro) sea remunerado y valorado digna y debidamente.

Esta última cuestión me preocupa mucho. También, que la inversión  de las Administraciones Públicas a la gestión de la justicia gratuita descienda año tras año –no es gasto, es inversión en paz social-  y que las tasas sean una barrera más en el acceso a la Justicia y un claro recorte de derechos. No podemos olvidarnos de  las voces de aquellos para los que somos su última esperanza.

Esa es nuestra batalla. Como decía días atrás, nos dejaremos la piel en este combate, con nuestras mejores armas que son el derecho, la Justicia, el sentido común y el diálogo, para que como decía Paul Auster, “nadie quede excluido”.