La segunda oportunidad después de la doctrina del Tribunal Supremo de 2026: entre el progreso y la incertidumbre

Por José Mª Puelles Valencia, abogado.

La segunda oportunidad no es solo una técnica concursal. Detrás de cada expediente hay una vida económica rota: una familia que intentó sostenerse, una actividad que no pudo continuar, una deuda pública que se hizo inasumible o un pasivo financiero que fue cambiando de manos hasta volverse irreconocible. Por eso, las sentencias del Tribunal Supremo de 18 febrero de 2026 —SSTS 259, 260, 261, 262, 263 y 264/2026— y de 8 de marzo de 2026 —STS 352/2026— importan más allá de la dogmática: desplazan el eje desde la sospecha hacia la proporcionalidad.

La STS 352/2026, de 4 de marzo, es el ejemplo más humano. El caso partía de un pensionista con ingresos aproximados de 1.949 euros mensuales que se endeudó en torno a 20.000 euros para ayudar a su hija, a su yerno y a sus nietos, en un contexto de inestabilidad laboral y pandemia. Frente a la calificación culpable, el Supremo afirma que la conducta “no merece ser considerada dolosa o gravemente culposa” y que “no se aprecia un sobreendeudamiento escandaloso”. La Sala no niega el endeudamiento, pero atiende al destino de ese endeudamiento: necesidades familiares básicas, no gasto suntuario.

Ahí está el primer giro. No todo error económico es culpa grave. No toda deuda familiar es temeridad. Y no toda insolvencia merece reproche concursal. Durante años, la segunda oportunidad ha convivido con una lectura moralizante del impago, estas sentencias no eliminan el control, pero lo humanizan.

El segundo giro afecta a la buena fe. El Supremo la reconduce a una noción normativa, vinculada a las causas legales de exclusión del art. 487 TRLC, y no a una valoración ética abierta sobre si el deudor “merece” empezar de nuevo. Esto es positivo: reduce arbitrariedad. Ahora bien, la Sala refuerza la carga informativa del solicitante: “al tratarse de un presupuesto subjetivo”, el deudor debe aportar la información necesaria y el tribunal debe verificar que no concurre ninguna causa de exclusión; además, la concesión exige la “previa verificación de la concurrencia de los presupuestos y requisitos establecidos en esta ley” (SSTS 259 y 262/2026).

Aquí aparece una crítica inevitable. Si el juez controla de oficio y el deudor debe reconstruir todo su pasivo, el procedimiento puede convertirse en una prueba de resistencia documental para personas que llegan con papeles incompletos, créditos cedidos, acreedores cambiantes y deudas difíciles de rastrear. La solicitud de exoneración ya no puede prepararse como un trámite: debe presentarse casi como si la oposición ya se hubiera producido.

En materia de sanciones, la STS 259/2026 admite que las infracciones tributarias muy graves puedan excluir la exoneración, al asociarlas, por regla general, con un componente fraudulento. La solución puede entenderse, pero no cierra todos los problemas: no toda infracción formalmente muy grave expresa la misma deshonestidad, especialmente cuando la gravedad deriva de la cuantía y no de un fraude materialmente acreditado.

El avance más intenso está en las derivaciones de responsabilidad. Antes, una lectura literal del art. 487.1.2.º TRLC podía denegar automáticamente la exoneración por la mera existencia de un acuerdo firme de derivación. El Supremo corrige ese automatismo: la derivación “no constituye propiamente una sanción por una conducta infractora, sino que está configurada como un mecanismo de garantía”. Mientras no conste una conducta fraudulenta equiparable a una infracción muy grave, la derivación no puede impedir la exoneración (SSTS 261, 262 y 264/2026).

Esta doctrina es decisiva, no todo administrador al que se deriva deuda pública ha actuado fraudulentamente, no toda responsabilidad recaudatoria equivale a mala fe concursal. La segunda oportunidad gana así un espacio de justicia material, aunque queda una zona gris: cuál será el estándar probatorio suficiente para acreditar esa conducta fraudulenta equiparable.

En las SSTS 260 y 264/2026 también mejoran notablemente el tratamiento del crédito público. El Supremo no elimina su privilegio, pero lo reduce. Interpreta que la exoneración parcial no debe limitarse a créditos gestionados por la AEAT o por la Seguridad Social, sino proyectarse sobre “toda clase de crédito de derecho público”. Además, aplica el límite de 10.000 euros “por cada acreedor público”: exoneración íntegra de los primeros 5.000 euros y del 50 % hasta un máximo de 10.000 euros. La lectura de las resoluciones nos cabe duda favorece al deudor y corrige una rigidez legal difícilmente justificable. Pero no conviene exagerar: el privilegio del crédito público permanece. El Supremo no lo desmonta; sólo lo recorta. El avance es real, aunque se logra mediante una interpretación correctora intensa de una norma que no estaba bien calibrada.

La zona más problemática es la identificación de los créditos exonerados. Las SSTS 260/2026 y 264/2026 afirman que el deudor debe reseñar los créditos que pretende exonerar y que “la resolución judicial que aprueba la exoneración tiene que identificar los créditos exonerados”, para evitar un “cheque en blanco”. La finalidad es comprensible: seguridad jurídica y competencia del juez del concurso. Pero, en concursos sin masa, donde no hay administración concursal, lista definitiva ni contradicción plena, convertir la lista inicial en frontera absoluta puede castigar al deudor honesto que desconoce el titular real o el importe actualizado de una deuda.

Por eso distintas resoluciones posteriores a las SSTS que analizamos trazan una nueva línea argumental, la del “perímetro objetivo no nominativo”. Expresión de tal línea es el TIM nº 2 de Cádiz, en Autos de 19 y 30 de marzo de 2026, en los que se rechaza que la lista cerrada añada una prohibición no prevista legalmente y afirma literalmente que “no procede la limitar la extensión de la exoneración únicamente a los créditos puestos de manifiesto en la lista de acreedores”. De igual forma, recientes resoluciones del TIM nº 4 de Sevilla aplican el principio de primacía y el de efectividad del derecho comunitario para resolver que “no es posible limitar la exoneración a los créditos puedes de manifiesto en el procedimiento concursal “pues resultaría contrario a la normativa comunitaria recogida en la Directiva” (TIM 4 Sevilla, Auto de 4 de marzo de 2026). Los TIM de Murcia, Santander, Bilbao, A Coruña, Lugo, Oviedo, Alicante y Pamplona aparecen también como resoluciones favorables o compatibles con un perímetro objetivo no nominativo, mientras que los de Madrid, Barcelona, Valencia, Palma y Las Palmas por el momento se sitúan en posiciones más restrictivas o de lista cerrada. Como vemos el panorama no es nada halagüeño.

Sin embargo, entendemos que la línea del del “perímetro objetivo no nominativo” resulta más equilibrada: la EPI debería alcanzar los créditos anteriores al concurso, legalmente exonerables conforme al art. 489 TRLC, salvo ocultación dolosa, información falsa, falta relevante de colaboración o endeudamiento temerario acreditado. No es una exoneración ilimitada ni prospectiva; es una forma de evitar que una omisión formal convierta una deuda exonerable en deuda perpetua y la segunda oportunidad en algo inaccesible, debiendo recodar lo que a tal efecto nos decía el principio de efectividad y la propia Directiva 2019/2013 (art. 20,1 y considerando 78).

El balance final de las SSTS que hemos visto debe ser positivo, aunque no complaciente, estas sentencias corrigen automatismos, moderan el privilegio público, distinguen derivación de sanción y contextualizan el sobreendeudamiento. No crean una segunda oportunidad plena, pero impiden que la literalidad más rígida del sistema la vacíe de contenido. La insolvencia empieza a mirarse menos desde la sospecha y más desde la proporcionalidad. Para quien llega al concurso buscando no un privilegio, sino una posibilidad real de volver a vivir sin deuda perpetua, eso es un avance importante.