16 marzo 2023

El interés del menor en los procedimientos judiciales

Por Borja Álvarez Iglesias, abogado.

Juzgado especializado en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia
Juzgado especializado en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia

Ha sido una preocupación constante desde la creación de la Agencia de la Unión Europea para los Derecho Fundamentales (FRA) la situación de los y las menores que de alguna manera viven la experiencia de pasar por los juzgados en sus distintos órdenes (civil, penal o administrativo) y posiciones (como testigos, inculpados o sencillamente afectados); y por ello en su día encargó un estudio que se publicó en el año 2017 sobre la “Justicia Adaptada a la infancia: perspectivas y experiencias de los niños y los profesionales”.

El objetivo de tal estudio era identificar los problemas o las carencias de la justicia en su relación con la infancia y ponerles solución a fin de garantizar adecuadamente eso que tanto nos preocupa siempre y que todos los operadores jurídicos traemos constantemente a colación: el bienestar de la infancia, la defensa del interés de los y las menores y la garantía de sus derechos fundamentales.

Lo más interesante de tal estudio, según mi punto de vista, es el modo en el que se realiza, se parte de observar que en ese momento no existen datos que permitan elaborar un protocolo de actuación o publicar una directivas sobre la materia que permitan mejorar la legislación, y con ello la situación, de los Estados miembros de la UE; por ello se decide en primer lugar realizar una efectiva recogida de datos fidedignos que puedan dar una idea clara de la situación real. Se decide realizar la recogida de datos en 10 estados miembros de la UE (España entre ellos) y, con la finalidad de sistematizar y unificar el proceso se establecen unos indicadores básicos:

  • los compromisos de los garantes de dere­chos (indicadores estructurales):
  • los esfuerzos (indicadores de proceso) para cumplir estas normas;
  • los resultados (indicadores de resultados).

Y, a partir de tal sistematización de la recogida de datos, se procede a entrevistar a 570 operadores jurídicos (jueces, fiscales, abogados, psicólogos y demás personal en contacto directo con menores intervinientes en procesos judiciales) y a 392 niños y niñas implicados en procedimientos en calidad de víctimas, testigos o partes, con especial aten­ción a casos de abusos sexuales, violencia domés­tica, negligencia y custodia. Siendo así que la toma de muestras aunque en principio parece cuantiosa, en realidad resulta bastante escas (57 operadores y 39 menores en cada país).

Los resultados del estudio se concretan en una serie de conclusiones que se recogen en

http://publications.europa.eu/resource/cellar/08238dfe-ef62-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0002.03/DOC_1

Conclusiones que, en gran medida, han informado nuestra reciente LO 8/21 de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia y que se concretan en cuestiones como: el derecho de los y las menores a ser oídos y participar en todo tipo de procedimientos en los que se vayan a decidir cuestiones fundamentales para su vida, la necesidad de establecer correctamente, y con normativa clara y precisa, el modo de realizar dichas intervención, la creación de espacios seguros y adecuados para la prestación de testimonios de menores, la especialización de juzgados dedicados sólo a atender a menores víctimas de delitos, el establecimiento de protocolos de actuación para la toma de declaraciones, la normalización de la prueba preconstituida en los testimonios de  menores, la prohibición de la revictimización de los menores a través de la reiteración de testimonios, la intervención de profesionales, la dotación de medios para la atención a los y las menores intervinientes en procedimientos judiciales, la formación de los operadores jurídicos que intervienen en los procedimientos…

Porque este último es un tema esencial en la materia ¿sabemos los operadores jurídicos tratar con menores? ¿tenemos la suficiente formación para ello? ¿existe una normativa específica? Y más concretamente en el caso de la abogacía ¿tenemos alguna norma deontológica que nos indique el modo especial de proceder cuando nuestros clientes son menores o cuando intervenimos en la toma de decisiones fundamentales para su vida?

Y este es uno de los grandes retos que actualmente tiene nuestra profesión, un reto que implica una responsabilidad que muchas veces, más de las necesarias, descargamos alegremente en el resto de operadores jurídicos sin siquiera hacer un pequeño examen de conciencia profesional. Cada día en nuestros despachos tomamos infinidad de decisiones sobre la intervención de menores en los procedimientos judiciales que tramitamos, decidimos sobre su vida en los procedimientos de familia, sobre su bienestar en los expedientes de protección, sobre el modo de castigarlos en los procedimientos de menores o sobre el modo de defenderlos como víctimas en procedimientos penales; y lo hacemos la más de las veces sin escucharlos, sólo por lo que sus progenitores u otros responsables nos cuentan sobre ellos. También los “utilizamos” como prueba y solicitamos que sean explorados, que testifiquen, los lanzamos a la arena sin contemplaciones y sin, muchas veces, ni siquiera controlar el modo o exigir las formas ; y todo ello bajo la premisa de que “tienen derecho a ser oídos”.

Es por ello que quizás sea necesario comenzar a exigir a nuestras instituciones, Colegio y CGAE, la redacción de normas deontológicas relativas a la relación con los y las menores intervinientes en procesos judiciales y la intensificación de la formación en materia de derechos de la infancia a fin de crear espacios donde reflexionar sobre la situación, analizar la realidad y plantear nuevos objetivos y modo de garantizar adecuadamente los derechos fundamentales de la infancia dentro de los procedimientos judiciales.

Creo sinceramente que son necesarias más iniciativas como la del ICA Oviedo y su próximo I Congreso Nacional de Derecho de Familia, que se celebrará los próximos días 23 y 24 de marzo con ese único tema de estudio analizado desde distintas perspectivas: la intervención de menores en procedimientos judiciales. Congreso cuya información se puede obtener en congresofamilia.icaoviedo.es.

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