Salvador González defiende que las leyes deben contar con recursos para garantizar su correcta implantación

El presidente de la Abogacía, Salvador González, ha reclamado hoy recursos suficientes para garantizar la adecuada implantación y corregir disfunciones de la reforma organizativa de la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del servicio público de justicia. “El nuevo modelo supone un cambio profundo en la estructura judicial, pero requiere ajustes para evitar impactos negativos en el funcionamiento cotidiano del sistema”, ha afirmado González.

El presidente de Abogacía Española ha participado en la inauguración de un curso organizado por la Abogacía Española y el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), junto a Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia. Durante el curso se va a analizar en detalle cómo está afectando a los operadores jurídicos la reforma organizativa de la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del servicio público de justicia, que entró en vigor el 3 de abril de 2025. En este sentido, el presidente de la Abogacía ha destacado la importancia de la colaboración institucional: “Cuando trabajamos juntos, la justicia avanza”.

En esta primera jornada se va a abordar la implantación de los tribunales de instancia, que entraron en funcionamiento el 1 de julio del año pasado, y que transformaron los 3.800 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia. Sobre este proceso González ha señalado que se trata de “una reforma estructural con disfunciones que deben corregirse”. En concreto, apuntó a la necesidad de simplificar “trámites para disminuir cargas y reducir tiempos” y señala la necesidad de llevar a cabo la “digitalización completa de los procedimientos judiciales”.

A continuación, el abogado Mateo Juan Gómez, socio de Buades Legal, María José Cañizares, miembro de la Junta Ejecutiva del CNLAJ, y Ángel Cervantes, presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia, han participado en una mesa redonda para analizar cómo se está llevando a cabo la implantación de los nuevos tribunales de instancia en las diferentes comunidades y los retos que se están planteando.

El curso continúa el 11 de marzo abordando uno de los temas que más dudas ha suscitado: el uso los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASCs) como requisito de procedibilidad. Sobre este tema, el presidente de la Abogacía ha señalado que los MASC “están generando, en algún ámbito, incertidumbre práctica que exige criterios claros y seguridad jurídica”.

También se ha referido a la transformación digital de la Justicia, tema que se abordará el 18 de marzo: “La modernización tecnológica es imprescindible, pero debe asegurar proximidad, interoperabilidad y fiabilidad de los sistemas”. Sobre las costas procesales, que se abordarán en la jornada final del 25 de marzo, González ha advertido de que “la ausencia de criterios orientativos de honorarios para la fijación de costas compromete el derecho de ciudadanos y empresas a conocer el riesgo económico de litigar”.

Las jornadas, que se celebran en el salón de actos del Consejo General de la Abogacía Española, se emiten además por streaming. Un total de seis horas de formación de carácter eminentemente práctico a las que se pueden inscribir, de manera gratuita, profesionales de la Justicia de diferentes ámbitos. La formación cuenta ya con más de 2.000 personas inscritas.

“La actualización constante a lo largo de toda la carrera es una exigencia ética y una obligación profesional para poder responder con solvencia a los cambios normativos”, ha recordado González.