Las solicitudes de justicia gratuita realizadas por los ciudadanos siguen aumentando

Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita realizadas por los ciudadanos a lo largo de 2025 aumentaron un 1,7% hasta alcanzar los 1,15 millones. Estas solicitudes, tramitadas ante los 83 Colegios de la Abogacía o en los juzgados, conllevan la designación de, al menos, un abogado o abogada de oficio. Estas son las cifras del XX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, elaborado por el Departamento de datos del Consejo General de la Abogacía Española sobre el servicio prestado en 2025.

Se confirma un año más la demanda creciente de este servicio, esencial para garantizar el acceso a la Justicia y la tutela judicial efectiva de las personas más vulnerables. Las comunidades autónomas con el mayor número de solicitudes fueron Cataluña, seguida de Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana. (Gráficos 1 y 2).

Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, durante la presentación del Observatorio ha destacado “el importante trabajo de los profesionales de la abogacía y su compromiso diario con la defensa de los derechos de la ciudadanía y el acceso efectivo a la Justicia”. González ha subrayado que el esfuerzo de miles de abogadas y abogados “constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho”. Por tanto, ha reclamado una nueva ley reguladora de Justicia Gratuita y una mejora urgente de sus condiciones laborales y retributivas.

Menos abogados del turno de oficio

A pesar del aumento de las solicitudes, cada vez son menos los abogados adscritos al turno de oficio, mientras que el número total de abogados aumenta de 148.867 a 149.515 (648 profesionales más, un crecimiento del 0,4%), los adscritos al turno de oficio disminuyen. En 2025 continuó la tendencia descendente del número de abogados y abogadas inscritos al mismo, hasta los 38.871, frente a los 39.941 de 2024 o los 45.275 en 2020 a 38.871 en 2025 (un descenso acumulado del 14,1%). De los profesionales adscritos al turno de oficio, el 52% son hombres y el 48% mujeres. Las comunidades autónomas con más abogados adscritos al turno fueron, por este orden, Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia y Galicia. (Gráficos 3 y 4).

“La baja remuneración por la asistencia jurídica gratuita es una de las principales quejas de los profesionales que ofrecen este servicio esencial. Por ello, y con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema, la Abogacía lleva años reclamando en primer lugar la subida de los baremos y el pago de todas las actuaciones”, ha destacado Ángel Méndez, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española.

Evolución de los importes

La inversión global en justicia gratuita aumentó en 2025 un 3,2%, hasta superar los 355 millones de euros. Este aumento se debe al aumento de las solicitudes y que algunas comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Navarra y País Vasco, subieron sus baremos de retribución a lo largo del año. (Gráficos 5 y 6).

La comunidad autónoma que más invirtió en este servicio fue de nuevo Cataluña (48,4 millones), seguida de Madrid (42 millones), Valencia (36 millones) y Andalucía (30 millones).

Los mayores crecimientos se encuentran en Aragón, con un 17,8%, seguida de La Rioja, con un 12,3%; Ceuta con 11,7 % y Asturias, con 8,5%.

La inversión media por ciudadano fue de 7,25 euros al año, cantidad que varía mucho de unas comunidades a otras. Esta cifra se ve afectada por el número de solicitudes y por del volumen de asuntos de extranjería. Las comunidades con mayor inversión fueron Ceuta (19,13 euros); Canarias, (11,41 euros) y Melilla, (11,32 euros).

Méndez destaca la necesidad de una nueva ley: “Tras 30 años, la ley está obsoleta. El sistema necesita una reforma profunda que garantice su futuro: los baremos que retribuyen a los profesionales del Turno de Oficio deben revisarse y actualizarse de forma adecuada. No es razonable exigir un servicio público esencial del siglo XXI con una financiación anclada en parámetros del pasado”.

Distribución de importes por concepto:

En turno de oficio crece un 2,2%. Los incrementos más destacados son Aragón (26,1%), seguido de Ceuta (14,1%), País Vasco (8,5%) y Galicia (6,5%). La asistencia letrada al detenido aumenta un 5,9 %. Es la partida que más crece entre las grandes áreas operativas. Las mayores subidas son en La Rioja (21%), Castilla y León (+17,3%), Valencia (+12,3%) y Castilla-La Mancha (+11,3%).

En violencia de género aumenta un 1,1% nacional, siendo las más grandes Galicia (+18,4%), Asturias (+14,7%), Cataluña (+12,2%) y País Vasco (+10,8%).

Las designaciones de abogados subieron un 0,02%. En materia de violencia de género suben un 5,1%, mientras que en extranjería bajan un 12,6%.

En relación con los procedimientos judiciales, la diferencia entre territorios resulta especialmente significativa. Por ejemplo, la compensación prevista para un procedimiento abreviado en el territorio Ministerio (zona común) asciende a 291 euros, mientras que por la misma actuación se abonan 398 euros en el País Vasco, 442,21 euros en Galicia, 440 euros en la Comunidad Valenciana y 427,51 euros en Cataluña. (Gráfico 7).

Asimismo, en materia de violencia de género se observan importantes disparidades retributivas. Mientras que en el territorio Ministerio la asistencia individualizada en un procedimiento penal se remunera con 87,63 euros, en otras comunidades autónomas los importes son sensiblemente superiores: 139,65 euros en Galicia, 128 euros en la Comunidad Valenciana, 122 euros en Canarias y 110 euros en Cantabria.

¿Quién tiene derecho a un abogado de oficio?

El acceso a la Justicia Gratuita en España se basa en la valoración conjunta de la situación económica, patrimonial, personal y familiar del solicitante, para determinar si dispone de recursos suficientes para afrontar los costes de un procedimiento judicial. Esta revisión la realizan las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. Tienen derecho a la Justicia Gratuita las personas que acrediten carecer de medios económicos suficientes conforme a los límites establecidos por la ley.

Con independencia de su nivel de ingresos, otros colectivos también pueden acceder: víctimas de violencia de género, terrorismo o trata de seres humanos en los procedimientos relacionados con su condición de víctimas, trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social cuando actúan en defensa de sus derechos laborales, además de menores de edad y personas con discapacidad intelectual o psíquica que hayan sido víctimas de situaciones de abuso o maltrato.

“La fortaleza de una democracia se mide por cómo protege a los más vulnerables. Esa protección la garantizan cada día los abogados y abogadas del Turno de Oficio. Si queremos preservar nuestro Estado de derecho, ha llegado el momento de pasar del reconocimiento a la acción. En este desafío, España no puede permitirse fallar”, ha destacado el presidente de Abogacía Española.

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