13 enero 2011
La UE ratifica la Convención de la ONU sobre el Derecho de los Discapacitados
Para su interés, reproducimos la siguiente noticia de Europa Press:
La Unión Europea ha ratificado la Convención de la ONU sobre los Derechos de las personas con discapacidad, que establece normas mínimas para proteger y salvaguardar sus derechos civiles, políticos, sociales y económicos en términos de igualdad con los demás ciudadanos. El Gobierno español ratificó la convención en diciembre de 2007.
Se trata del primer tratado internacional ratificado por la Unión Europea a nivel comunitario. La UE adquirió personalidad jurídica propia para poder hacerlo con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.
Una de cada seis personas de la Unión Europea, es decir, unas 80 millones de personas, padece algún tipo de discapacidad, leves o graves. En el caso de los mayores de 75 años, uno de cada tres padece también algún tipo de discapacidad, según datos de la Comisión.
La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario y comisaria de Justicia, Viviane Reding, considera que su ratificación constituye "un hito en la Historia de los Derechos Humanos" por tratarse de "la primera vez en que la UE llega a ser parte de un tratado internacional", ha agradecido el trabajo negociador de la anterior Presidencia rotatoria de la UE belga y ha instado a los Estados miembros que todavía no ha han ratificado a hacerlo "rápidamente".
"Somos responsables colectivamente de garantizar que las personas con discapacidad no se enfrenten a obstáculos adicionales en su vida diaria", ha justificado en un comunicado. "Promueve y protege los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad", ha insistido.
PAÍSES FIRMANTES
Todos los Estados miembros han firmado la Convención, aunque sólo 16 de ellos la han ratificado asimismo: España, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Suecia, Portugal, Dinamarca, Austria, Bélgica, República Checa, Hungría, Lituania, Letonia, Eslovaquia y Eslovenia. En total, más de 135 países la han suscrito.
El Gobierno español firmó por su parte la Convención, junto con su Protocolo adicional, el pasado 30 de marzo de 2007 y ratificó sendos textos el 3 de diciembre del mismo año.
Las partes que han ratificado la Convención están obligadas a informar periódicamente al Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad acerca de las medidas adoptadas para aplicarla y garantizar derechos como el acceso a la educación, empleo, transporte, infraestructuras y edificios accesibles al público, así como derecho de voto, mejora de la participación política y garantía de la plena capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad. El Comité está capacitado para detectar deficiencias posibles y hacer recomendaciones a los países en consecuencia.
El Ejecutivo comunitario presentó el pasado mes de noviembre la Estrategia para personas con discapacidad para los próximos diez años, hasta 2020, con medidas concretas para ayudar a cumplir los derechos que recoge la Convención tanto a nivel comunitario como nacional, dado que son los Estados miembros los que tienen la competencia en materia de discapacidad.