La Abogacía urge a los partidos a acordar una nueva Ley de Justicia Gratuita “inaplazable”, tras 30 años

El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha reclamado este jueves a las fuerzas políticas un acuerdo urgente para aprobar una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, durante la tercera sesión del Foro organizado junto a Confilegal, con motivo del 30º aniversario de la norma.

Durante el encuentro, el presidente ha informado de que este ciclo de debates ha abordado ya “las virtudes y defectos de la ley” en su primera sesión en Cuenca, así como la visión de asociaciones y colectivos del Turno de Oficio en la segunda, centrando ahora el foco en los representantes políticos. “La sesión de hoy es clave. Porque sois vosotros, desde el Parlamento, quienes tenéis que acordar una nueva ley”, ha subrayado.

González ha trasladado la gravedad de la situación actual del Turno de Oficio, que ha calificado de “insostenible”, alertando del descenso de profesionales adscritos, de 45.000 en 2016 a menos de 40.000 en la actualidad, mientras aumentan las solicitudes de asistencia. “Este dato es una alerta del colapso del sistema”, ha advertido, señalando que esta tendencia pone en riesgo la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva.

Pese a ello, ha reivindicado el compromiso de la abogacía: “No hemos dejado de garantizar a la sociedad, ni un solo día, un servicio de altísima calidad”, con niveles de valoración ciudadana cercanos al 80%.

En su intervención, ha insistido en la necesidad de mejorar lo antes posible las condiciones de los profesionales del Turno de Oficio, denunciando que están “infra retribuidos”, sufren retrasos en los pagos y desigualdades territoriales. “Urgen, de manera inmediata, las mejoras retributivas y de condiciones que reclamamos”, ha subrayado, rechazando que la falta de presupuestos pueda ser una excusa.

Asimismo, ha defendido la necesidad de renovar el marco normativo: “La ley, después de 30 años, está obsoleta”. En este sentido, ha apelado directamente a la responsabilidad de los legisladores: “Tenéis en vuestras manos la posibilidad de que se haga justicia. Es una oportunidad única para estar a la altura de nuestra democracia”.

Finalmente, González ha recordado el carácter esencial del sistema: “El turno de oficio no es una cuestión de caridad ni de filantropía. Es una obligación del Estado”, concluyendo que “un país que cuida el turno de oficio, cuida su Estado de derecho”.

La opinión de los políticos

En el debate han participado María Jesús Moro, del Partido Popular; Francisco Aranda, del Partido Socialista y Juan José Aizcorbe, de VOX. Durante el debate parlamentario, los distintos grupos políticos coincidieron en la necesidad de avanzar en la mejora del marco normativo, si bien pusieron de manifiesto matices relevantes en cuanto a su alcance y desarrollo.

Por parte del Grupo Socialista, Aranda subrayó el compromiso del Ejecutivo con la futura regulación, asegurando que “en esta legislatura nos dará tiempo para hacer esta ley” y recalcando que la Abogacía será “escuchada, atendida y requerida para dar su opinión en la sede legislativa”. Asimismo, destacó que el compromiso del Gobierno es “inequívoco” y que se han ido cumpliendo las distintas etapas previstas, aunque reconoció que “faltan cosas” y apeló a seguir avanzando desde el diálogo.

Desde el Partido Popular, Moro adoptó una posición más crítica, al considerar que “no se ha evolucionado en el modelo ni en los retos que tenemos encima de la mesa a lo largo de estos 30 años”, lo que, a su juicio, ha generado disfunciones. En este sentido, lamentó que la nueva Ley de Derecho de Defensa no haya incorporado plenamente algunas reivindicaciones del sector, como el reconocimiento expreso de que los abogados de oficio son “instrumentos de garantía del ejercicio del derecho de defensa”, y advirtió de que si la futura norma se limita a ajustes puntuales, “será una modificación de la nueva ley” más que una reforma de fondo.

Por su parte, Aizcorbe, de VOX, puso el foco en la sostenibilidad y homogeneidad del sistema, especialmente en ámbitos como el turno de oficio en materia de inmigración, cuyo coste calificó de “muy elevado”. En su intervención, defendió la necesidad de establecer mecanismos que permitan clarificar las retribuciones de los letrados y apostó por configurar este servicio como “un servicio global del Estado”, garantizando en todo caso la independencia profesional, la responsabilidad individual y el ejercicio libre, además de corregir las diferencias existentes entre comunidades autónomas.

La bienvenida ha corrido a cargo de Salvador González y el acto ha sido moderado por el director de Confilegal, Carlos Berbell.