02 diciembre 2025

La Abogacía reclama respeto por los derechos de las personas españolas privadas de libertad en el extranjero

El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha pedido hoy que se respeten los derechos de las personas privadas de libertad en todos los países y en todo lugar.

De izq. a dcha.: Gonzalo Sáenz y Berta Álvarez de la Fundación Abogacía y Derechos Humanos; Alfredo Irujo, vicepresidente de la Fundación Abogacía y Derechos Humanos; Verónica Pascual, responsable de la evolución estratégica de programas sociales de la Fundación La Caixa; Salvador González, presidente de la Abogacía Española; Iago Losada, subdirector general de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares; Carlos García, abogado y letrado coordinador del SOJ Penitenciario del Colegio de Madrid y vocal de la Subcomisión de Derecho Penitenciario de la Abogacía Española; Daniela Escobar de la Fundación Abogacía y Derechos Humanos y Juan Molina, de la Clínica Penitenciaria UCM.

«Es primordial recordar que las personas privadas de libertad conservan sus derechos fundamentales. Así lo ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: la privación de libertad no puede generar restricciones superiores a las estrictamente derivadas de la condena o de la ley», afirmó González  en la inauguración del seminario sobre la “Defensa y promoción de los derechos de las personas españolas privadas de libertad en el extranjero”, organizado por la Fundación Abogacía y Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española y la Fundación La Caixa.

El presidente de la Abogacía señaló que actualmente “1.026 personas españolas están privadas de libertad fuera de nuestras fronteras”, la mayoría condenadas por delitos vinculados al tráfico de estupefacientes. De estos, el 88% son hombres y se concentran principalmente en Francia, Marruecos, Reino Unido, Italia y Portugal.

Una realidad que supone “enfrentar un escenario de desconocimiento del sistema legal y cultural, barreras idiomáticas, aislamiento y un profundo desarraigo familiar y social”, añadió González, tras mencionar el proyecto puesto en marcha por la Fundación Abogacía y Derechos Humanos para ofrecer apoyo a las personas españolas privadas de libertad en el extranjero. El objetivo dee este programa es brindar asistencia integral, poniendo a disposición sistemas de colaboración y estructuras que favorezcan una adecuada asistencia legal y protección jurídica, con el fin de asegurar el respeto a su dignidad y garantizar sus derechos.

Durante la jornada se analizaron los desafíos actuales en el acceso a la justicia y las condiciones penitenciarias de las personas privadas de libertad en el exterior.

La primera mesa abordó la asistencia consular de la mano de Iago Losada, subdirector general de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y la Subdirección General de Protección y Asistencia Consular. Y se dio a conocer la situación específica de las personas españolas privadas de libertad en Francia con Alfredo Irujo, vicepresidente de la Fundación Abogacía y Derechos Humanos, y José María Pratt, patrono de la Fundación Abogacía y Derechos Humanos.

Para analizar la situación de las personas trasladadas desde el extranjero y cómo se cumplen las condenas en España, en la segunda mesa intervinieron el abogado Carlos García, coordinador del SOJ Penitenciario del Colegio de la Abogacía de Madrid y vocal de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo; Xabier Etxebarria, responsable de la Clínica Penitenciaria de la Universidad Complutense de Madrid; y Juan Molina, de la misma organización. Su trabajo junto a la Fundación ha permitido actualizar el folleto “Cómo se cumplen las condenas de privación de libertad en el Estado español”, originalmente publicado en 2019. Una herramienta esencial para que las personas privadas de libertad en el extranjero puedan evaluar si desean solicitar el traslado a España.

La última mesa contó con la abogada y mediadora Esther Pascual, profesora en la Universidad Francisco de Vitoria y facilitadora del programa Restauravidas, quien presentó los avances del proyecto en su décima edición de la mano del testimonio de uno de los participantes, Alejandro Chávez, que estuvo privado de libertad en Francia.

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