La Abogacía pide que se apruebe por consenso una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita en beneficio de la ciudadanía

El presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González ha reclamado hoy que se apruebe por consenso una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para mejorar los derechos de la ciudadanía, la justicia social y el Estado de derecho.

“Lo único que tiene sentido es que se aprueben leyes de consenso. Me refiero a leyes que nacen de la concertación con los sectores directamente afectados y que tienen un claro objetivo de mejora social para las personas que atraviesan situaciones más complicadas”, afirmó Gonzalez en un debate organizado junto con Confilegal para conmemorar el 30 aniversario de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, publicada en el BOE el 10 de enero de 1996.

Salvador González destacó que “contar hace 30 años, por primera vez, con un marco legal regulador para la prestación de este servicio supuso un hito de enorme trascendencia”.  Pero también subrayó que “el alcance de la ley ha crecido en estas tres décadas, y lo que tuvo sentido en 1996 necesita una relectura urgente”.

Este coloquio se enmarca en un ciclo de debates y encuentros que continuará hasta abril y en el que se abordarán también los retos que enfrenta la nueva ley que se está elaborando para sustituirla . El presidente de la Abogacía señaló que entre las prioridades de dicha ley debe estar “el incremento de las retribuciones y la garantía de su actualización periódica; más agilidad en los pagos; más especialización y extensión de servicios; el cierre de brechas territoriales o la garantía de abono por todas las actuaciones prestadas”.

No obstante, González pidió que no se espere a la aprobación de la ley para solucionar otros problemas aún más urgentes “que deberían resolverse cuanto antes”, como el aumento de las retribuciones en el llamado “territorio común”, con independencia de que haya o no presupuestos, y el abono, allí donde aún no se paga, de los Métodos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) en el Turno de Oficio.

“Estamos viendo que, cuando se quiere se puede”, subrayó González, quien terminó asegurando que “esto no es un capricho, ni algo solo de la Abogacía. Esto nos trasciende y va más allá, porque de lo que hablamos es de ciudadanía, de sus derechos y de justicia social. Va de mejorar la calidad de nuestro Estado derecho. Va de situar a las personas en el centro, de asegurarles el mejor servicio que merecen”.

En el debate, moderado por Carlos Berbell, director de Confilegal, participaron Ángel Méndez, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y decano de Cartagena, Filomena Peláez, presidenta de la Comisión para la futura Ley de Asistencia Jurídica Gratuita,  Gerardo López, decano de Guipúzcoa y presidente del Consejo Vasco de la Abogacía, y Maite Morillo, decana del Colegio de Bizcaia.

Angel Méndez, tras defender el “trabajo ejemplar que realizan los letrados y letradas”, denunció la “desigualdad en las retribuciones en las diferentes comunidades” . “Si en el País Vasco o en Navarra se cobra el triple que en el territorio común hay algo que funciona mal y eso hay que corregirlo, hay que tender hacia la equiparación de los baremos”, afirmó.

Por su parte, Filomena Peláez, aseguró que “la situación es insostenible, porque recae sobre la abogacía”. “Estamos pidiendo que se abonen todas las actuaciones que realizan los letrados y letradas, porque eso no ocurre nunca”, lamentó.

A pesar de que reconoció que la situación es mejor en el País Vasco, Maite Morillo, decana de Bizkaia, contó que “se cobra poco, tarde y mal y eso precariza el oficio y hace que muchos compañeros dejen el servicio”. “Se debe garantizar que el abogado va a cobrar todas las actuaciones para que las que ha sido designado”.

Por ello Gerardo López aseguró que “la nueva ley tiene que corregir la insuficiencia presupuestaria crónica y el retraso en los pagos. Hay que convencer a la administración, porque con la ley anterior no se consiguió, de que se trata de un servicio público esencial”.