La Abogacía Española subraya la importancia de que el Pacto Europeo de Migración y Asilo garantice la asistencia jurídica temprana a los menores

La correcta implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) requerirá reforzar las garantías jurídicas de los menores extranjeros no acompañados, en particular mediante el acceso a una asistencia letrada temprana, continua y especializada.

Así lo ha señalado este martes Noemí Alarcón, vicepresidenta tercera del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), en una jornada sobre los derechos de la infancia migrante refugiada en el marco de la implementación del PEMA.

Noemí Alarcón ha destacado que, con la normativa vigente, “no hay impedimento legal para garantizar la asistencia jurídica desde las fases iniciales del procedimiento, incluido el triaje”. También ha señalado que “la abogacía puede y debe intervenir en todas las fases del procedimiento de protección internacional”, para garantizar el interés superior de la infancia.

Una vez definidos los planes operativos y concretada la implementación a nivel nacional, señala la vicepresidenta de la CCBE, “es cuando podremos establecer una organización y un sistema operativo ajustados a la nueva normativa”. Y considera oportuno que dicho desarrollo incluya la asistencia jurídica a menores extranjeros en el marco de los procedimientos previstos en el PEMA, dentro del Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

“Sin un acceso temprano, continuo y especializado, los menores no acompañados no pueden ejercer plenamente sus derechos; por ello, el PEMA es una oportunidad para avanzar hacia un sistema más justo, eficaz y respetuoso con los derechos de la infancia”, ha remarcado Alarcón.

Por la tarde, en la sede del Consejo, en colaboración con ACNUR, ha tenido lugar una jornada sobre la implementación del PEMA y su impacto en la asistencia jurídica. Contó con la presentación de Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Proyección Internacional de la Abogacía Española; e intervinieron Noemí Alarcón, para analizar la perspectiva europea y lectura práctica para la abogacía; y Gema Mª Campillos, de la Dirección General de Protección Internacional (DGPI) del Ministerio del Interior; y representantes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, para abordar la implementación y novedades en el procedimiento, así como su marco normativo y gobernanza.