17 septiembre 2025

La Abogacía Española reivindica la aplicación nacional de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE para la protección efectiva y real de los derechos

La Abogacía Española ha reivindicado hoy la importancia de reforzar el conocimiento y fomentar el uso de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que cumple este año 25 años como un instrumento jurídico vinculante esencial para la protección real y efectiva de los derechos en todos los Estados miembros.

“Nadie discute que la carta tiene un valor jurídicamente vinculante, que se puede invocar en los tribunales y aplicar. Existe una necesidad de conciliar el sistema del derecho nacional con el de la Unión porque hay un máximo nivel de protección en la garantía de derechos”, destacó Sonsoles Centeno, abogada del Estado y experta en Derecho de la Unión Europea, en esta sesión formativa.

En el año del 25º aniversario de la Carta “queremos que esta jornada contribuya a consolidar nuestra labor en la defensa, promoción y protección de los derechos fundamentales” ante el “déficit de conocimiento y aplicación práctica por parte de la abogacía y otros operadores jurídicos”, señaló Berta Álvarez, coordinadora de la Fundación Abogacía y Derechos Humanos.

Adam Dubin del IP del Proyecto FAIR (Universidad Pontificia Comillas); Sonsoles Centeno, abogada del Estado y experta en Derecho de la Unión Europea; y Berta Álvarez, coordinadora de la Fundación Abogacía y Derechos Humanos

El objetivo de la sesión fue el de compartir experiencias y casos prácticos, así como herramientas para saber cómo y cuándo invocar e interpretar la Carta en defensa de los derechos.

La jornada, organizada por la Fundación Abogacía y Derechos Humanos y la Universidad Pontificia Comillas, fue presentada por María Amor Martín de Fundamental Rights Agency (FRA), Adam Dubin del IP del Proyecto FAIR (Universidad Pontificia Comillas).

En 2025 se cumplen 25 años desde la proclamación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, un instrumento jurídicamente vinculante para los Estados miembros desde el 2009 que busca promover y proteger los derechos y libertades fundamentales al tenor de la evolución de la sociedad, del progreso social y de los avances científicos y tecnológicos.

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