La Abogacía Española prepara en Viena la hoja de ruta de la profesión para 2026 con la Abogacía Europea

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha asistido hoy a la 54ª Conferencia Europea de Presidentes de Consejos de la Abogacía (EPK) que se está celebrando en Viena, tras la reunión del Comité Permanente del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), donde encabezó la delegación española.

Salvador González ha participado en la elaboración del plan de trabajo durante las reuniones de las instituciones de la abogacía europea: “Estamos abordando temas fundamentales que nos permitirán seguir avanzando en la mejora del ejercicio y de los derechos de los abogados en Europa, claves para la Abogacía Española”.

En estas dos citas se ha marcado la hoja de ruta de la abogacía europea para 2026. La sesión del Comité Permanente del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) se celebró ayer jueves, y fue la primera en la que participa como vicepresidenta segunda de CCBE la abogada española Noemí Alarcón, desde que inició su mandato el 1 de enero de este año. Alarcón es miembro de la subcomisión de Extranjería y Protección Internacional de Abogacía Española.

En la reunión se aprobó la propuesta hecha por Alarcón, apoyada por Abogacía Española, para que CCBE intervenga como amicus curiae ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso Urša REGVAR contra Eslovenia. En concreto, se refiere a una nueva disposición que obliga a los abogados de refugiados a comunicar a las autoridades estatales información relevante sobre las personas a las que representan. Alarcón subrayó que para CCBE esto supone “una violación del secreto profesional del abogado y de la confidencialidad de la comunicación entre el cliente y el abogado, y expresó la preocupación de que esta legislación se replique en otros países”.

La violación del secreto profesional se abordó también en relación con la Directiva relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, y en la aplicación de la DAC6. En su respuesta a la consulta pública, CCBE pidió que incluya la obligación de los Estados miembros de prever una exención de la obligación de facilitar información sujeta al secreto profesional.

También se abordó la movilidad de abogados dentro de la UE, así como el reconocimiento de las cualificaciones de los abogados de terceros países. Y, en la respuesta a la consulta pública sobre la Iniciativa para la Transferibilidad de las Competencias, que recibió el apoyo de la delegación española, se puso de manifiesto que el marco vigente actualmente en la UE ya garantiza la seguridad jurídica en ambas cuestiones, por lo que CCBE no considera necesario realizar cambios.

La delegación española también apoyó la respuesta de CCBE a la consulta de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado sobre el borrador del texto de un posible convenio sobre procedimientos paralelos y acciones conexas con jurisdicciones extracomunitarias.

El presidente de Abogacía Española mantendrá además una reunión bilateral con la Law Society, y otra con las presidencias de las abogacías de Portugal, Italia y Francia, en la que también participará Noemí Alarcón.

Ciberdelincuencia, seguridad y libertad de la sociedad

En un contexto marcado por el crecimiento exponencial de la ciberdelincuencia, el fraude digital y las amenazas híbridas, el debate sobre el equilibrio entre libertad y seguridad adquiere una renovada urgencia. Por ese motivo, los presidentes europeos han abordado uno de los temas que preocupan a la sociedad: Libertad frente a seguridad, el Estado de derecho bajo la presión de la delincuencia moderna.

En este escenario, la abogacía desempeña un papel insustituible como garante del Estado de derecho y de los derechos fundamentales. “Corresponde a los profesionales del Derecho velar por que las políticas de seguridad se articulen dentro de límites jurídicos claros, con control judicial efectivo y respeto estricto a la privacidad, la presunción de inocencia y el debido proceso”, ha destacado el presidente de la Abogacía Española.

La respuesta de los Estados ha implicado un progresivo refuerzo de los instrumentos de control, supervisión y recopilación de datos, incluyendo el uso de tecnologías biométricas y sistemas avanzados de identificación, incluso respecto de menores. Estos temas se están abordando también en el marco del dialogo entre las instituciones de la abogacía europea y de la Unión Europea.