La Abogacía Española, a la vanguardia de la IA: “Solo será una aliada si la usamos con ética y juicio crítico”

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha defendido esta tarde el papel protagonista de la profesión jurídica ante la irrupción de la inteligencia artificial (IA) durante la inauguración de la jornada La inteligencia artificial en la Justicia, organizada junto al Consejo General del Poder Judicial. En su intervención, ha subrayado que el valor real de esta tecnología depende de su aplicación: “lo verdaderamente importante es quien la usa- la IA-, como toda la tecnología, no es un fin en sí mismo, sino un medio para que podamos servir mejor”.

González ha calificado la IA como “la herramienta tecnológica más disruptiva y revolucionaria que existe”, destacando su impacto transversal en todos los ámbitos, incluido el jurídico. En este sentido, ha reivindicado la importancia de la formación para “anticiparnos a lo que está por llegar”.

El presidente ha explicado que la Abogacía Española bues ya un actor activo en la transformación digital de la Justicia. Entre las iniciativas impulsadas por la institución, ha mencionado la creación del Consejo Asesor sobre Innovación y Abogacía, la publicación del Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial y la puesta en marcha de programas formativos como el de competencias digitales Upro, que ya ha alcanzado a miles de profesionales en todo el país.

No obstante, González ha insistido en que el avance tecnológico debe ir acompañado de responsabilidad: “la IA solo será una aliada si la usamos bien, de manera ética y con juicio crítico”. En este sentido, ha subrayado la importancia de la reciente circular deontológica de la Abogacía que regula el uso de sistemas de IA generativa en la profesión y ha recalcado que “es una herramienta de apoyo, nunca un sujeto decisor”.

Finalmente, ha hecho hincapié en la necesidad de preservar principios esenciales como la diligencia profesional, la veracidad, el secreto profesional y la protección de datos. Para el presidente, el reto de la IA es mantener el equilibrio entre innovación y valores: “la innovación al servicio de la humanidad y de las sociedades, y no al revés”, ha recordado, apelando a una responsabilidad compartida entre abogacía y judicatura.

María Esther Erice, vocal del Poder Judicial, ha subrayado la necesidad de evitar visiones simplistas de su impacto: “cuando hablamos de IA no podemos pensar que va a ser la panacea”, ya que se trata de una realidad con “una casuística muy compleja”, que no resolverá los problemas de forma inmediata. Erice ha destacado que la incorporación de estas tecnologías requiere la implicación de todos los profesionales del sector. Entre los desafíos, ha puesto el foco en la protección de datos, la necesidad de transparencia en los sistemas y el peligro de introducción de sesgos. En este sentido, ha sido tajante al advertir de que “bajo ningún concepto se pueden soslayar estos derechos fundamentales”.

En la sesión han participado expertos del ámbito jurídico y tecnológico que han analizado los retos, oportunidades y riesgos de la inteligencia artificial en la Justicia. La primera mesa se ha centrado en cómo la IA está impulsando cambios estructurales en el sistema judicial, en la que han intervenido Joaquín Silguero, director del Centro de Documentación Judicial; Joaquín Delgado, magistrado de la Audiencia Nacional y Ofelia Tejerina, abogada especializada en derecho digital. La segunda mesa ha abordado los riesgos éticos del ejercicio de la abogacía y la actividad judicial, con las intervenciones de Alfredo Sánchez-Rubio, coordinador del programa Upro; Maitane Valdecantos, abogada especializada en propiedad intelectual; Paloma Santiago, directora de Supervisión y Control de Protección de Datos del Poder Judicial, y Carlota Cuatrecasas, magistrada del Tribunal de Instancia de Barcelona.

La sesión se ha iniciado con una ponencia dedicada a las aplicaciones prácticas de Google NotebookLM dentro del programa Upro, impartida por Miguel Hermosa, presidente de la Subcomisión de Justicia Digital de la Abogacía.