27 enero 2026
El presidente de la Abogacía se reúne con la consellera de Justicia de la Comunidad Valenciana

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española se ha reunido hoy con la consellera de Justicia de la Comunidad Valenciana, Nuria Martínez, para analizar cuestiones de interés para ambas instituciones.
En el encuentro, celebrado en la sede de la Abogacía en Madrid y en el que también participó la presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía, María del Mar García Calvo, han analizado el estado de la implantación de los tribunales de instancia en la Comunidad Valenciana.
La presidenta del Consejo Valenciano reiteró sus preocupaciones sobre la implantación de estos tribunales de instancia. Y señaló que, aunque valora la escucha activa que se está teniendo desde la Conselleria, insiste en que se solucionen los problemas asociados a la implantación de este nuevo modelo, en particular el acceso de la abogacía al nuevo expediente digital.
También abordaron la situación de la asistencia jurídica gratuita, especialmente los retos que debe abordar la nueva Ley que se está elaborando para sustituir a la actual, que cumple este año tres décadas desde su aprobación en 1996. El presidente de la Abogacía subrayó la importancia de que todas las comunidades autónomas participen en la elaboración de la nueva norma para que sea “aprobada por consenso en beneficio de la ciudadanía, la justicia social y el Estado de derecho”.
Y la presidenta del Consejo Valenciano, por su parte, trasladó a la consellera el reconocimiento en materia de justicia gratuita, por la puntualidad en los pagos y el abono de los MASCs; sin perjuicio de la necesidad de mejorar los baremos establecidos.
Además, en el encuentro se repasaron las situaciones originadas por los últimos desastres climáticos en la comunidad. Y el presidente de la Abogacía subrayó la necesidad de regular las suspensiones de plazos procesales en situaciones de emergencia y de contar con protocolos que den seguridad jurídica en este tipo de situaciones. “Es algo que llevamos tiempo reclamando para salvaguardar los derechos de la ciudadanía cuando los abogados y abogadas encuentran dificultades de fuerza mayor para ejercer la defensa”, afirmó Salvador González.




