El presidente de la Abogacía hace balance del año y detalla las prioridades para 2026

El presidente de la Abogacía, Salvador González, hizo hoy balance del año en un encuentro con la prensa y señaló los retos principales para 2026, entre los que destacó la aprobación de unos criterios orientativos de fijación de costas y una solución definitiva para las pensiones de los mutualistas.

“La Ley Orgánica del Derecho de Defensa ha cambiado el marco legal; la ciudadanía tiene ahora derecho a ser informada del importe de una eventual condena en costas y los Colegios están obligados a proporcionarle las herramientas para conocerlo”, afirmó el presidente Salvador González en un encuentro en el que también estuvo presente la decana del Colegio de Barcelona Cristina Vallejo.

El presidente contó que se han mantenido varias reuniones con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) pero no se ha logrado alcanzar una solución porque la CNMC insiste “en tratar esta cuestión como un tema de competencia y libre mercado, cuando lo que ha hecho la ley del Derecho de Defensa es otorgar a los ciudadanos el derecho a saber cuál es el riesgo económico de emprender acciones legales”. Y expresó su confianza en que se encuentre una solución para materializar ese derecho de la ciudadanía que afecta a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24 de la Constitución.

“Esta situación causa una gran inseguridad jurídica porque no podemos informar al ciudadano, al consumidor bancario o al afectado por la cláusula IRPH de algo tan esencial como las consecuencias económicas de una eventual condena en costas. Esa información es vital para poder tomar la decisión que corresponde y sin ella mucha gente puede desistir en su idea de iniciar un procedimiento para defender sus derechos”, afirmó Cristina Vallejo.

González también se refirió a la aprobación en el pleno del pasado viernes de los presupuestos del Consejo General de la Abogacía para 2026 con un 96% de los votos. “Esto demuestra la unidad de la abogacía y el apoyo a nuestro proyecto de modernización y de mejora de los servicios y las condiciones de la profesión”, afirmó el presidente.

Estos presupuestos marcan dos líneas de actuación claras, explicó, la formación y la digitalización de la profesión, con la mejora del acceso a los servicios tecnológicos por parte de los colegios y los colegiados. Y en este sentido se refirió al Programa Upro de Formación en Competencias Digitales, financiado con 200 millones de fondos europeos para formar a decenas de miles de profesionales.

“Ya son más de 17.000 los abogados inscritos, y la cifra sigue subiendo, con lo que se impulsará la digitalización y la competitividad de la profesión. Una oportunidad histórica para la modernización del sector”, aseguró.

La digitalización también pasa, explicó, por un nuevo sistema de gestión que sustituirá a SIGA, el programa de gestión desarrollado por el Consejo General y que usan ya 59 de los 83 colegios de la Abogacía. Y por culminar el nuevo ACA plus en la nube, la firma digital de la abogacía cuya implantación terminará en el primer trimestre de 2026.

Entre las prioridades para 2026, González se refirió además a la esperada solución para el tema de los mutualistas. “Lamentablemente, todo parece indicar que, salvo sorpresa de última hora, el año va a terminar sin un acuerdo sobre este tema, a pesar de los enormes esfuerzos hechos desde la Abogacía y sus asociaciones de afectados”, señaló.

“Habrá que esperar al inicio del próximo periodo de sesiones en febrero, o salvo sorpresa a una sesión extraordinaria en el mes de enero, para que se apruebe la esperada pasarela al RETA. Es un tema de la máxima urgencia que requiere altura de miras por parte de todos los partidos para alcanzar un acuerdo consensuado”, afirmó.

También expresó su confianza en que “lo antes posible” se tengan noticias también sobre la esperada Ley de Asistencia Jurídica Gratuita o sobre las necesarias mejoras en las condiciones de la asistencia jurídica gratuita. E hizo especial hincapié en la actualización de la cuantía de los baremos  y la creación de un nuevo baremo para remunerar los MASCs. “Los responsables de Justicia han tomado conciencia de la trascendencia de este servicio y han adquirido una serie de compromisos que nos van a permitir seguir avanzando”, aseguró.

Y finalmente mencionó el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de la Abogacía, el primer instrumento internacional para proteger el ejercicio de nuestra profesión frente a amenazas, ataques e intimidaciones de todo tipo. “Es un hito importantísimo en cuya aprobación hemos tenido mucho que ver. Estamos a la espera de que sea ratificado por España y estamos convencidos, tras hablar con el ministro, de que se hará en una fecha cercana”, señaló.